El alto tribunal admitió una demanda que alega incumplimiento de la Ley de Cuotas en el gabinete de Gustavo Petro y ordenó suspender los efectos del decreto de designación.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó a la Nueva EPS aclarar lo antes posible los pagos reportados como “falsos anticipos”. Por su parte, la Contraloría advirtió que la entidad presenta un “deterioro progresivo”.
El panorama empeora porque las universidades públicas tampoco están blindadas frente a la politiquería: sus consejos directivos se volvieron otro pote de mermelada.