El presidente, Gustavo Petro, presentó esta noche el que sería el nuevo pasaporte de los colombianos, del que dijo lo fabricó el Estado, tras una serie de problemas con el contrato con la empresa que hasta ahora los había elaborado, la local Thomas Greg & Son, a quienes les pidió devolver la base de datos que obtuvo durante los años que imprimió esas libretas.
"Se hará en Colombia completamente, las máquinas con las que se hace esto no son cualquiera, me enseñaron mucho de esto, están ya en Colombia", afirmó el mandatario, al final de su intervención en la Plaza de Bolívar, en la culminación de la marchas y protestas de respaldo al alza del salario mínimo decretado por su gobierno.
"Las máquinas ya están en Colombia y no son cualquier maquinaria. Para el mes de abril, ya se habrán entregado los primeros 50.000 ejemplares", afirmó el mandatario.
Petro, sosteniendo la libreta en su mano, aseguró que había personas que no apostaban porque el Estado pudiera hacer los pasaportes y al detallar que en su interior, en sus páginas, hay figuras de mariposa amarillas.
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"Este es el cuarto pasaporte del mundo, pasó ya por todas las entidades calificadoras internacionales, debe ser llevado con orgullo", afirmó el jefe de Estado, ante una Plaza de Bolívar colmada.
Frente al tema de la base de datos, el presidente pidió a Thomas Greg que "de inmediato que se entregue la base de datos de pasaportes a la Imprenta Nacional, para garantizar que las elecciones en este país sean libres y transparentes", al hacer una relación entre el documento de identidad y las votaciones para Congreso y Presidencia.
"Si un privado tiene el software y tiene los datos, el riesgo de fraude es total; por eso el Estado debe recuperar el control de su propia información", afirmó.
El pasado 6 de febrero, la Procuraduría alertó sobre la suscripción de un nuevo contrato interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional por más de $185 mil millones para la producción de pasaportes, lo que elevó los recursos comprometidos a más de un billón de pesos, en cuatro convenios con objetos contractuales similares y encendió las alarmas del ente de control por la reiteración de acuerdos con el mismo fin.
La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública precisó que el contrato CI-005-2026, cargado en la plataforma Secop el pasado 29 de enero, estipuló una ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026 por un valor exacto de $185.374.493.464, pero no especificó una fecha de inicio para las obligaciones de personalización, custodia y distribución de las libretas.
Esta nueva firma ocurrió tres meses después de que el Ministerio Público demandó la nulidad del convenio internacional entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal por presuntas irregularidades de fondo, proceso en el que actualmente se espera una decisión judicial, sobre medidas cautelares que podrían ordenar la suspensión inmediata de dicha alianza.
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