Más allá de las preocupaciones por la seguridad y el orden público de cara a  las elecciones del próximo 8 de marzo, una de las situaciones que inquieta seriamente a las autoridades nacionales tiene que ver con la compra de votos, calificado como delito electoral, por lo que desde el Gobierno nacional contemplan la posibilidad de pagar recompensa a quienes denuncien hechos de este tipo.

Así lo indicó el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales que sesionó este miércoles por primera vez desde Cúcuta. 

“Nunca veo que se mencione la compra de votos entre las alarmas electorales y creo que eso es un problema que genera muchas dificultades”, dijo el jefe de la cartera política. 

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió también a este delito y lo calificó como uno de los riesgos más grandes en elecciones, con mayor probabilidad de materializarse y generar un tipo de violencia. El general retirado hizo énfasis, además, en la suplantación y la desinformación como otras infracciones graves que deben ser denunciadas por los colombianos.

Lea más: Consulta donde están Roy Barreras y Daniel Quintero sigue perdiendo apoyo

“Por ello, ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos, por información que nos permita identificar, capturar y llevar a la justicia a quienes estén cometiendo estos delitos”, señaló Sánchez, mencionando el número 157 de la Línea de Transparencia, donde se estará recibiendo este tipo de información. 

Aseguró que otra de las medidas que se han tomado es la de reforzar las capacidades de los integrantes de la Fuerza Pública, que tendrán relación directa con la seguridad en los comicios, para que puedan detectar y contrarrestar los delitos electorales. 

Preocupación por diseño del tarjetón de las consultas

Otra de las preocupaciones que puso de manifiesto el ministro del interior, Armando Benedetti, estuvo relacionada con las fallas que, en su criterio, tiene el diseño del tarjetón de las consultas presidenciales, que también tendrán lugar en los comicios del 8 de marzo.  

“El tarjetón para las consultas no tiene el espacio -para marcar voto-en blanco. Entonces, si el elector no marca el tarjetón, queda abierta la posibilidad de que lo marque otro. Esa fue para mí una falla; una falla que puede dar pie a un fraude. Porque, ¿quién garantiza que el tarjetón no marcado no lo puedan marcar después? Nadie”, aseguró Benedetti.

En respuesta a su inquietud, Jaime Hernando Suárez Bayona, delegado electoral de la Registraduría Nacional, aseguró no hay riesgo de fraude en este sentido, pues explicó que el material no usado se destruye una vez cierren el proceso de votación, mientras que los tarjetones no marcados, introducidos en las urna, se referencian en el formulario E-14 en la casilla de ‘votos no marcados’. 

Lea también: Autoridades electorales niegan problemas con jurados fuera del país

“A las 4:00 de la tarde, y antes de abrir las urnas, lo primero que tienen que hacer los jurados es destruir todas las tarjetas electorales (que no fueron usadas)”, dijo el delegado, y estimó que si de las 41’287.000 tarjetas que se imprimieron para Cámara, Senado y Consulta, solo se usan el 48%, “pues más o menos 20 millones se tendrán que destruir”.

Adicionalmente, el delegado señaló que esos tarjetones no marcados “entran a un sobre negro, identificado como ‘materiales inservibles’ y se sellan, para que tengan una cadena de custodia y nadie más pueda manipular esa información”. 

La alerta de la Defensoría 

La Defensoría del Pueblo, por su parte, hizo públicos durante la Comisión los cuatro riesgos específicos que identificó en Norte de Santander y la subregión del Catatumbo, para estas elecciones.

La titular de la entidad, Iris Marín, se refirió en primer lugar a la interferencia en actividades proselitistas, a través de seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e incluso renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de grupos armados. 

Sobre esto último, dijo que, en el caso de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, se ha reducido el número de candidatos por estas situaciones. 

Marín también se refirió a las barreras para ejercer el derecho al sufragio, representadas por la presencia de minas antipersonal, que impedirá que personas en zonas rurales se movilicen a los puestos de votación. Al respecto, pidió un plan de emergencia.

Lea además: ¿Sabe si su candidato al Congreso tiene líos? Los 195 cuestionados por la Fundación Pares

La defensora mencionó también la afectación del censo electoral en las zonas donde se presentaron los mayores desplazamientos el año pasado, por cuenta del conflicto. “Muchas personas no están viviendo donde tienen inscrita su cédula. También está el caso de los firmantes de paz de Caño Indio, trasladados a la zona rural de Cúcuta”. Para esos casos, pidió a la Registraduría un mecanismo extraordinario que les asegure su derecho a votar. 

Otro de los riesgos identificados tiene que ver con la violencia digital, que incluye hostigamientos, bullying y señalamientos de que candidatos forman parte de grupos armados o son afines a ellos.

Sobre la presencia de los grupos ilegales, la defensora reiteró que sigue siendo muy significativa, así como sus acciones, contrarias a respetar el proceso electoral. 

En este sentido, llamó a las autoridades nacionales a tomar medidas correctivas, pues “hay unas zonas donde no hay control territorial de la Fuerza Pública. Me gustaría decir lo contrario, pero es la verdad”, y advirtió que esta situación puede incidir en una alta abstención, pero también en votos coaccionados. 

El gobernador del departamento, William Villamizar, se unió a esa petición, pues dijo que el objetivo es que la gente pueda ejercer su derecho al voto de forma libre y sin presión. 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.