En medio de una de las temporadas invernales más devastadoras de los últimos años, los aspirantes a la Presidencia dejaron a un lado, por momentos, sus diferencias ideológicas para coincidir en un punto clave: la urgencia de transformar la manera como el país enfrenta los desastres naturales y se relaciona con sus regiones.
Así quedó en evidencia durante el Gran Debate Presidencial de las Regiones, organizado por La Opinión, Acento y Canal 1 en Barranquilla, un escenario donde los discursos se cruzaron, pero también se encontraron.
La emergencia que hoy golpea a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó —con más de 100.000 damnificados y al menos 18 personas fallecidas tras las inundaciones provocadas por un inusitado frente frío— fue el eje central de la discusión. Más allá de los mensajes de solidaridad, la pregunta fue concreta: ¿qué hacer para que estas tragedias no se repitan?
Entre los candidatos independientes, Clara López, Mauricio Lizcano y Daniel Palacios coincidieron en que el país no puede seguir reaccionando solo con ayudas humanitarias cada vez que ocurre una catástrofe. Para Palacios, se requiere ejecutar soluciones estructurales que ya han sido diagnosticadas. Recordó que durante el gobierno de Iván Duque se dejó planteado un documento Conpes que incluía la construcción de diques y obras de contención. “Esas obras deben hacerse”, insistió, cuestionando la falta de continuidad en la ejecución.
Clara López amplió el enfoque al señalar que varios gobiernos han fallado en garantizar la seguridad de las comunidades frente a riesgos previsibles. A su juicio, además de infraestructura, se necesita una política seria de reubicación de familias asentadas en zonas de alto riesgo, acompañada de una reforma agraria que reorganice el uso del suelo. “Los ríos tienden a recuperar sus cauces”, advirtió.
Mauricio Lizcano, por su parte, puso el acento en el cambio climático y la falta de ordenamiento territorial. Señaló que mientras no se planifique adecuadamente el crecimiento urbano y rural, las poblaciones más vulnerables seguirán instalándose en las zonas más expuestas. “Ese debate se tiene que dar”, afirmó, al subrayar que el problema no es solo climático, sino también social.
Descentralizar, planificar y prevenir
Desde los aspirantes que participarán en la Gran Consulta del 8 de marzo, el diagnóstico fue similar, aunque con énfasis en la descentralización.
David Luna, del movimiento Sí hay un Camino, planteó que “hay que desbogotanizar a Colombia”. Según dijo, las regiones podrían reaccionar con mayor rapidez ante emergencias si contaran con recursos, maquinaria e infraestructura propias. Para él, la descentralización no debe quedarse en el discurso, sino traducirse en capacidad real de gestión local.
Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, coincidió en que el centralismo es parte del problema y propuso convertir el agua y el cambio climático en ejes centrales del ordenamiento territorial.
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Paloma Valencia, del Centro Democrático, sostuvo que el país debe dejar de invertir en estudios que no se materializan y concentrarse en obras concretas: protección costera, nuevos embalses con fines climáticos y sistemas de contención que mitiguen inundaciones y sequías.
Aníbal Gaviria, con experiencia como gobernador y alcalde, diferenció entre la dimensión coyuntural y la estructural del problema. En lo inmediato, planteó trabajo coordinado entre Presidencia, gobernaciones y alcaldías. En el largo plazo, insistió en planes sostenidos de reubicación y planificación territorial.
Enrique Peñalosa resumió su postura en una frase: “las ciudades deben construirse en lugares adecuados”. Para él, la prevención pasa por intervenir la tierra con proyectos de vivienda formal para las poblaciones más vulnerables, evitando que sigan ocupando zonas de riesgo.
Mauricio Cárdenas introdujo otro concepto que se repitió en el debate: el “centralismo extorsivo”. Según explicó, los gobiernos territoriales muchas veces dependen de su afinidad política con la Casa de Nariño para recibir recursos. Propuso fortalecer el acto legislativo que otorga mayores ingresos a las regiones, acompañado de una ley de competencias que garantice capacidad real de ejecución.
Vicky Dávila fue enfática en que la primera medida debe ser evitar la corrupción en los recursos destinados a la mitigación de riesgos. A su juicio, las tragedias sí pueden prevenirse si hay ordenamiento territorial, infraestructura adecuada y transparencia.
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Juan Daniel Oviedo recordó que desde 2012 existe un marco legal y una entidad —la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres— encargada de anticipar y monitorear estos eventos, pero cuestionó que su potencial se haya diluido entre ineficiencias y escándalos. “Eso se quedó en el papel”, afirmó, insistiendo en que la ley debe cumplirse.
La relación con los gobiernos regionales
La discusión sobre la emergencia llevó inevitablemente a otro tema sensible: la relación entre el Gobierno nacional y los mandatarios regionales. La experiencia reciente en Córdoba, donde el trato del Ejecutivo fue duramente cuestionado, sirvió como punto de partida.
Aquí, nuevamente, hubo coincidencias. Vicky Dávila aseguró que en la primera semana tras su posesión convocaría a alcaldes y gobernadores para construir una hoja de ruta conjunta, reconociendo que cada región tiene necesidades distintas. Mauricio Cárdenas prometió abrir las puertas de la Presidencia a todos los mandatarios y aprobar vigencias futuras para garantizar continuidad en las inversiones.
Enrique Peñalosa habló de trabajo en equipo sin importar afiliaciones políticas. Aníbal Gaviria fue más allá al afirmar que con él “se acaba el chantaje político”. David Luna reiteró que gobernará con todos, pero con una descentralización “contundente”.
Paloma Valencia dijo que será una “presidente de tenis”, presente en las regiones y sin intermediarios. Juan Manuel Galán planteó alinear el plan nacional de desarrollo con los planes territoriales para que los actuales gobernantes puedan culminar sus proyectos.
Juan Daniel Oviedo insistió en que el gobierno debe dejar de ser un obstáculo y convertirse en aliado del desarrollo regional, usando datos y cercanía para resolver problemas concretos como el empleo.
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