En pleno 2026 asistimos a una maniobra más del gobierno de Gustavo Petro que debería preocupar a cualquiera que crea en la responsabilidad fiscal y en la racionalidad económica. Lo que se presenta como una victoria social no es otra cosa que una jugada política para ganar aplausos y titulares, ignorando deliberadamente las consecuencias profundas que esto tiene sobre la estabilidad del país.

Todos queremos que el colombiano gane más y gane mejor. Esa es una aspiración legítima. Pero el salario no se fija con aplausos sino con técnica. Se determina evaluando productividad, inflación, crecimiento y capacidad real de las empresas y del Estado para sostenerlo. Justamente eso fue lo que este gobierno decidió ignorar. Optó por un incremento del 23,7% sin un sustento técnico sólido, privilegiando el impacto político sobre el equilibrio económico. Y cuando las decisiones económicas se toman desde la tribuna y no desde la evidencia, las consecuencias llegan.

Un aumento desproporcionado no solo encarece la nómina privada; también impacta directamente las finanzas públicas. El Estado es uno de los mayores empleadores del país y un incremento de esta magnitud genera una presión inmediata sobre el presupuesto, ampliando el déficit fiscal para poder cumplir con el pago de los propios empleados públicos. Es decir, la medida que se presenta como “social” termina debilitando las cuentas del mismo Estado.

Pero el efecto más delicado está en el empleo formal. Si, como advierten distintos análisis, esta presión sobre los costos laborales deriva en la pérdida de hasta 700.000 puestos formales, el daño será estructural. Cada empleo formal que desaparece significa menos cotizantes a pensión y salud, menos recursos para financiar el sistema de seguridad social y más informalidad. En lugar de fortalecer la protección social, se estaría reduciendo su base financiera. No es una discusión ideológica; es una cadena de efectos económicos previsibles.

El problema no es discutir ingresos dignos. El problema es imponer decisiones macroeconómicas trascendentales bajo presión política, con cuadros y cifras presentados en tono de confrontación y no de diálogo social. Esa forma de gobernar no construye confianza, la erosiona.

No es la primera vez que vemos este patrón. Con el precio de los combustibles ocurrió algo similar: incrementos sostenidos que golpearon el bolsillo de millones, seguidos luego por reducciones marginales presentadas como alivios históricos. Primero el golpe, después la foto.

Ahora el libreto se repite. Un incremento muy por encima del crecimiento real de la productividad genera presión inflacionaria, encarece bienes y servicios y pone en riesgo el empleo formal. Si la inflación vuelve a niveles superiores al 6%, el supuesto beneficio se diluye rápidamente. El poder adquisitivo cae, el crédito se encarece y las pequeñas y medianas empresas que sostienen buena parte del empleo en Colombia terminan ajustando nóminas o cerrando operaciones.

Colombia no necesita anuncios espectaculares ni incrementos improvisados; necesita estabilidad, reglas claras y responsabilidad, porque cuando el tejido productivo se rompe no cae el gobernante, caen los emprendedores, cae la clase media y caen los jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral, y en ese momento ya no habrá relato que esconda las consecuencias. Por eso propongo menos impuestos y mejores salarios, porque la verdadera justicia social no se decreta sino que se construye con crecimiento, disciplina fiscal y transparencia; cuando el Estado administra bien y no se roban los recursos, la plata sí alcanza para generar bienestar sin poner en riesgo el futuro económico del país.

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