El pasado 18 de marzo, la Comisión Séptima del Senado archivó la reforma laboral que impulsaba el Gobierno nacional y desde entonces ardió Troya. El presidente Gustavo Petro anunció inmediatamente la convocatoria a una Consulta Popular, para que fuera el pueblo el que decidiera la suerte de la iniciativa, y en un primer intento por sacarla adelante, el Senado la frenó.
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Una de las ocho congresistas que votó por el hundimiento del proyecto fue la cucuteña Lorena Ríos, quien desde entonces quedó prácticamente graduada como “enemiga” del Gobierno.
La senadora del Partido Colombia Justa Libres insiste en que el país sí necesita una reforma laboral, pero no cualquiera, y que el Ejecutivo no estuvo nunca dispuesto a construir consensos. Por esa razón, asegura que avaló su archivo.
En medio de la tormenta política que desató esa decisión en el país, la dirigente política defendió su postura, explicó por qué, en su criterio, hundir la iniciativa no fue un error, habló de la arremetida del presidente en su contra y se refirió a la convocatoria que está haciendo el presidente a una Consulta Popular.
En diálogo con La Opinión, Ríos se refirió también a su reciente elección como primera vicepresidenta del Senado, la relevancia que ha venido adquiriendo en el debate nacional y sus planes políticos para el 2026.
Hay quienes dicen que haber hundido la reforma laboral en la Comisión Séptima fue un error, pues eso lo que terminó fue dándole argumentos al Gobierno para anticipar la campaña del 2026 y fortalecer su discurso en las calles, ¿fue o no la mejor decisión que pudieron haber tomado?
Desde la Comisión Séptima trabajamos con responsabilidad para construir consensos que beneficiaran al país. Propusimos alternativas que incentivaran la formalización laboral, especialmente, teniendo en cuenta que más del 98% de las empresas en Colombia son pequeñas, medianas y pymes. Advertimos que una reforma laboral que no tuviera en cuenta esa realidad podía terminar debilitando el tejido empresarial, en lugar de fortalecerlo. Sin embargo, nuestras propuestas no fueron acogidas en su momento por el Gobierno nacional. Incluso, insistí mucho en la necesaria concertación tripartita entre empleados, empleadores y Gobierno.
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Por tanto, uno de los principales argumentos que soportó nuestra decisión de no respaldar la reforma en los términos en que fue presentada, respondió a la falta de apertura al diálogo por parte del Gobierno nacional. Lejos de ser un error, el archivo permitió abrir un nuevo espacio en la Comisión Cuarta, donde se buscó construir un texto más responsable, sostenible y con mayores posibilidades de consenso, convocando a la comisión de concertación.
Si se repitiera ese episodio de marzo y usted tuviera que definir nuevamente el futuro de la reforma laboral, ¿su posición sería la misma?
Si las condiciones fueran las mismas y el Gobierno nacional continuara con una postura cerrada al diálogo, la respuesta sería sí. En la Comisión Séptima actuamos con responsabilidad y no cedemos ante presiones externas, porque somos conscientes de que cada decisión que tomamos impacta directamente a millones de colombianos. Nuestra posición siempre ha sido construir una reforma que contribuya a disminuir el desempleo y la informalidad, y lamentablemente nuestras propuestas en ese sentido no fueron tenidas en cuenta.
En definitiva, ¿la principal razón que la motivó a impulsar una ponencia de archivo del proyecto fue la falta de consensos, o hubo algo más?
Sí, la falta de voluntad del Gobierno para construir consensos. Desde el inicio impulsé la realización de mesas técnicas con el objetivo de encontrar puntos de acuerdo, pero no contamos con la presencia del Ministerio de Hacienda ni con respuestas claras sobre la viabilidad financiera del proyecto a futuro. Un proyecto de esta magnitud no puede avanzar sin rigor técnico ni respaldo fiscal. La ausencia de estos elementos hizo insostenible su aprobación en los términos presentados.
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Si el Senado aprobó hace unos días revivir la reforma laboral es porque la plenaria no la consideraba del todo mal y era rescatable, ¿no había sido mejor jugársela hasta el final por ese consenso, que atizar la polarización que vive el país?
El Senado votó una apelación, un mecanismo legítimo contemplado en el reglamento, y con esa facultad, la plenaria, como órgano soberano, aprobó abrir la puerta a un escenario donde el Gobierno mostró una mayor disposición al diálogo. Además, se evitó un gasto innecesario de $750.000 millones en una Consulta. Recursos que hoy podrían destinarse a necesidades urgentes, como la atención de pacientes en el sistema de salud.
Ahora, la polarización es, sin duda, un problema creciente y muchas veces ha sido promovida desde el propio Gobierno, que desacredita a quienes ejercemos nuestro rol con criterio e independencia. Las reformas se deben construir con respeto a las instituciones y sin deslegitimar el debate democrático. Defender la autonomía del Congreso no es polarizar: es cumplir con nuestro deber constitucional.
¿Se imaginó alguna vez que esa decisión que adoptaron terminaría en una Consulta Popular, en cabildos abiertos y en la movilización ciudadana que promueve hoy el presidente?
Claramente no. Esa no es la vía constitucional adecuada para tramitar una reforma de esta naturaleza. El Gobierno no puede usar una Consulta Popular para preguntar por temas que necesitan una ley para hacerse realidad. Eso está expresamente prohibido por la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015. Las consultas populares impulsadas por el Gobierno solo pueden versar sobre asuntos que estén dentro de su competencia constitucional y legal como Rama Ejecutiva, no sobre materias que requieren del ejercicio exclusivo de la función legislativa del Congreso. El mecanismo viable para lo que está promoviendo es un referendo, como lo establece el artículo 3 de la Ley 134 de 1994, no una Consulta.
¿Y qué piensa de que se use a los ciudadanos para meterle presión a la propuesta en la que insiste Petro?
Yo estoy, y siempre estaré, de acuerdo con que el pueblo se pronuncie. Es su derecho constitucional, y yo, como constituyente derivado, lo entiendo y lo respeto. Pero que se haga por las vías idóneas, que es el referendo, y no se dejen engañar por los mecanismos de presión y populismo que usa el Gobierno cuando sabe que está haciendo las cosas mal. Sí al referendo, no a la consulta. Las cosas se pueden aprobar, pero no a las patadas. Desde la Comisión Séptima actuamos con responsabilidad legislativa, no con cálculos electorales.
El presidente las señaló a usted y a la senadora Ana Paola Agudelo de buscar votos “con la cruz en la mano”, cuestionó sus creencias religiosas y lanzó duras críticas por el papel que jugaron contra la reforma, ¿se sintió amenazada o intimidada?
Mi fe y creencias son motivo de orgullo. Representar a los creyentes de Colombia es un honor, pero eso no da lugar a que mis convicciones sean utilizadas como objeto de burla o como instrumento de presión y mucho menos, de estigmatización. Ese tipo de señalamientos vulneran el derecho fundamental a la libertad religiosa, reconocido tanto por la Constitución, la ley estatutaria 133 de 1994 y los tratados internacionales. Por esa razón, presenté una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No lo hice solo por mí, sino por todos los ciudadanos creyentes, para que su fe no sea usada como mecanismo de coacción o deslegitimación en el debate público.
Entonces, sí sintió algo de presión…
No me intimidan esas declaraciones, porque no he cometido ningún acto indebido. Al contrario, me siento profundamente orgullosa de mi fe. Y como ya le respondí al presidente: lo bendigo.
Pero, ¿ha tomado algún tipo de represalia el Gobierno con la comunidad cristiana a la que usted pertenece por su postura frente a los proyectos del Gobierno?
Sí. Un hecho evidente fue la salida del director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, una persona que fue ternada por las propias comunidades de fe. Su retiro no solo afectó a la comunidad cristiana, sino a todo el sector religioso que, según lo que me han manifestado, valoraba profundamente su gestión y se sentía bien representado con su labor. Esa decisión generó preocupación porque envía un mensaje equivocado: que el disenso frente a los proyectos del Gobierno puede tener consecuencias institucionales, incluso, en espacios que deberían estar blindados de la confrontación política. Las comunidades religiosas merecen respeto y su participación no puede depender de su cercanía con el poder de turno.
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¿Usted cree que en el gobierno Petro, el que no respalde las ideas del presidente queda graduado inmediatamente de enemigo?
Lamentablemente, parece que sí. Lo demuestran los señalamientos constantes hacia quienes no compartimos las propuestas del Gobierno, incluso hacia el presidente del Senado y otros miembros del Congreso. En nuestro caso, como integrantes de la Comisión Séptima, hemos recibido acusaciones que no solo buscan desacreditarnos, sino que han puesto en riesgo nuestra seguridad personal y familiar.
Protagonismo en el Senado
Usted viene de un partido minoritario como Colombia Justa Libres, con una bancada muy reducida y que muchos considerarían con poco margen de maniobra, ¿cómo termina Lorena Ríos teniendo el protagonismo que tiene hoy en el Senado?
Si algo me ha caracterizado es la rigurosidad con la que asumo cada posición y la responsabilidad con la que ejerzo mi voz en el Senado. Desde una postura independiente, he buscado aportar de manera seria y técnica en temas sensibles para el país como la protección de la niñez, los derechos de las mujeres, la seguridad alimentaria, y en la presente agenda del gobierno, en las reformas que ha venido impulsando. A pesar de pertenecer a una bancada minoritaria, he construido puentes con distintas fuerzas políticas y he trabajado arduamente por generar consensos en temas donde la ideología no puede estar por encima del bienestar de los colombianos.
¿La reforma laboral terminó dándole un impulso a su nombre?
Sin duda ha generado mayor visibilidad, pero más allá de eso, creo que tanto mis colegas como muchos ciudadanos han podido ver en mí a una persona comprometida con el país, que actúa con responsabilidad, rigor y sentido de propósito. No se trata de figurar, sino de defender lo que consideramos justo y viable para Colombia. Ese ha sido siempre mi enfoque, y así continuaré trabajando a pesar del ambiente de polarización que estamos viviendo.
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¿Su llegada a la primera vicepresidencia del Senado podría interpretarse como una nueva derrota para el Gobierno?
Cómo partido independiente, yo no lo veo como una derrota para el Gobierno, más bien, es una victoria para los consensos y para la institucionalidad. Mi elección demuestra que el Senado de la República está comprometido con el equilibrio de poderes, con la inclusión de las minorías políticas y con la representación plural.
Queda un año para las nuevas elecciones, se ha dicho que partidos minoritarios como el suyo podrían armar una gran coalición para no desaparecer y seguir teniendo asiento en el Congreso, ¿está contemplado eso?
Colombia Justa Libres es la voz de representación de la Colombia creyente y ha demostrado su capacidad de aportar tanto en el Senado como en espacios locales, como el Concejo de Cúcuta. Estamos comprometidos con seguir trabajando por los principios y valores que representamos y, por supuesto, exploraremos todas las posibilidades que nos permitan seguir teniendo un espacio en el Congreso.
Eso quiere decir que sí…
Lo importante no es solo conservar una personería jurídica, sino mantener viva una agenda que defiende la vida, la familia, la libertad religiosa y el bienestar de los más vulnerables, entre ellos nuestros niños. Haremos todo lo necesario para seguir sirviendo a nuestra amada Colombia, desde el escenario de una importante coalición que hemos venido construyendo con varios partidos minoritarios afines, para nuestra participación en los próximos comicios.
¿Lorena Ríos buscará continuar en el Senado de la República después del 2026?
Tengo mucho más por aportar al país desde el Congreso. Mi compromiso con Colombia es firme, y si Dios lo permite y los ciudadanos me brindan nuevamente su confianza, seguiré trabajando desde el Senado por las causas que nos unen: la niñez, la mujer, la libertad religiosa, la familia y el desarrollo de un país más justo y digno para todos. Sueño con que sea Colombia una tierra feliz.
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