En medio de la oscuridad que viven las más de 20 familias de colombianos presos en Venezuela, ha surgido una luz en los últimos días, con el anuncio hecho por la presidenta interina Delcy Rodríguez, sobre la creación de una ley de amnistía general, que beneficiaría a todas aquellas personas detenidas por razones políticas desde 1999.
Justamente con el fin de pedir que este grupo de connacionales sean favorecidos con esta norma, un grupo de familiares realizó una nueva velatón en el puente internacional Simón Bolívar, que comunica a Villa del Rosario con la ciudad de San Antonio del Táchira, a la espera de que su clamor fuese escuchado por las autoridades venezolanas.
“Solicitamos respetuosamente al gobierno venezolano que incluya a los ciudadanos colombianos en la ley de amnistía, en nombre de la justicia, la humanidad y unidad de las familias que hoy viven separadas por el dolor y la incertidumbre”, manifestó Nubia Misse, activista de la frontera, quien viene apoyando las actividades de protesta de las familias colombianas con sus seres queridos encarcelados arbitrariamente.
Del mismo modo, las familias han señalado que saben que los cargos imputados a sus seres queridos están relacionados con supuesto terrorismo, “exigimos que no se los cambien y que sean incluidos en la amnistía general. Los queremos a todos en casa”, manifestaron.
Frente a esta demanda, La Opinión conoció que tiene que ver con una preocupación entre familiares de presos políticos, que temen que los cargos de algunos detenidos puedan ser modificados por otro tipo de delitos, para que no puedan ser objetivo del beneficio que contempla la ley.
Y es que aunque todavía no se conoce ni siquiera un borrador del documento, según el artículo 29 de la Constitución de Venezuela, quedan fuera de cualquier beneficio legal quienes sean responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos o degradantes, u otras violaciones graves de derechos humanos.
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La amnistía tiene sus reglas
De acuerdo con Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, una de las organizaciones de derechos humanos más visibles por su lucha en pro de la liberación de los presos políticos de Venezuela, advirtió recientemente en un conversatorio sobre este tema, que “la amnistía tiene sus reglas y por eso es fundamental manejar las expectativas con cautela”.
De igual manera, Himiob fue enfático al aclarar que la creación de esta norma no implica necesariamente la liberación inmediata de los presos políticos, sino que es un proceso que lleva su tiempo y pasa por el estudio de cada caso, previa solicitud.
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El vicepresidente de Foro Penal destacó que el impulso de esta ley marca un punto de partida para comenzar a desmontar el aparato represivo del Estado y para que comience a haber justicia, aclarando que amnistía no es lo mismo que indulto, es decir, “es un olvido, una renuncia a perseguir por determinados motivos; mientras que el indulto es un perdón”.
Himiob destacó que la ley de amnistía es un mecanismo por el cual Foro Penal -en particular- ha venido clamando desde el 2007 y, en ese sentido, ha elaborado hasta siete proyectos de ley, los cuales ha consignado ante las instancias correspondientes del gobierno venezolano, sin que hasta el momento hayan sido tomado en cuenta.
Sobre el caso específico de los colombianos presos en Venezuela, Alfredo Romero, presidente de dicha organización, indicó que por ser ciudadanos extranjeros, los detenidos se encuentran bajo la figura de rehenes, y en ese caso es fundamental la intervención del gobierno del país de origen de los afectados.
Según la información que maneja Foro Penal, al menos 90 personas de nacionalidad extranjera siguen detenidos en el país, específicamente en la cárcel de El Rodeo I, varios de ellos colombianos.
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