El 20 de julio, el presidente de la República, Gustavo Petro, admitió públicamente ante el Congreso que su gobierno no ha logrado consolidar uno de sus proyectos bandera: la ‘Paz total’, una ambiciosa apuesta que más que aplausos le ha valido críticas, por el impacto negativo que ha desencadenado sobre la seguridad y el orden público en el país.

No obstante, minutos después, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó ante el Legislativo un proyecto que desde ya promete una álgida discusión, por cuanto establece el marco jurídico para los grupos armados y delincuenciales con los que el Gobierno, bajo el amparo de esa fallida política de paz, adelanta negociaciones, pero con quienes todavía no logra acuerdos significativos.

Es decir, se trata de la estructura de una  nueva justicia transicional con beneficios para quienes se apartaron del Acuerdo de Paz de La Habana, los expulsados por Justicia y Paz y la JEP, narcotraficantes y hasta los procesados por cuenta de la protesta social.

De acuerdo con la categorización que se contempla en el proyecto de ley, los grupos que se podrán acoger a dicho marco están divididos así:

Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley (GAOML): son a los que el Estado les reconoce un carácter político.  Entre ellos están el Eln y las disidencias de las Farc que están en proceso de diálogo con el Gobierno.

Grupos Armados Organizados (GAO): son organizaciones que ejercen control sobre una parte del territorio, pero a quienes no se les reconoce un estatus político. En este grupo entraría, por ejemplo, el Clan del Golfo.

Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI): aquí se ubican las bandas criminales que además de su accionar violento se dedican a las economías ilegales, como Los Pachelly, Los Shottas, Los Espartanos y muchos otros que delinquen en Medellín, el Valle y otras regiones del país.

Financiadores y colaboradores: aquí entran los civiles o servidores públicos que contribuyeron de una u otra forma con el accionar de los grupos delincuenciales y sus actividades ilícitas.

Tratamiento penal

Aunque el ministro de Justicia insiste en que el objetivo de esta ley no es premiar a los criminales “sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, las medidas contempladas en el proyecto, para muchos, terminan favoreciendo a los criminales.

De acuerdo con el contenido del marco jurídico, este sería el tratamiento penal en cada caso:

-GAOML y GAO: se aplicará a grupos y personas que sean o hayan sido actores del conflicto armado desde el 1 de enero de 1990 hasta la fecha de la desmovilización. Aquí entran también quienes fueron excluidos previamente de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Según la ley, a los máximos responsables de delitos se les aplicará una pena alternativa privativa de la libertad por un período mínimo de 5 años y no superior a 8 años. Quienes no tenían rol de mando recibirán penas de 2 a 5 años.

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Uno de los aspectos que más llama la atención es que la propuesta del Gobierno contempla que los expulsados de Justicia y Paz y la JEP recibirán una pena alternativa entre 8 y 10 años, pero lo cuestionable es que les tendrán en cuenta el tiempo que ya estuvieron privados de la libertad.

El proyecto también ha generado críticas, por cuanto contempla que la privación de la libertad de estas personas se llevará a cabo en espacios rurales o urbanos así como en “colonias agrícolas o centros de armonización”, pero nunca en la cárcel.

Y advierte que para acceder al tratamiento penal diferenciado el grupo debe dejar las armas, pero esta misma semana la disidencia del frente 33 de las Farc, que sería cobijada con este marco, reiteró que ese no es su propósito, por ahora.

-EAOCAI: El tratamiento punitivo para los integrantes de estas organizaciones criminales contempla una rebaja de la pena impuesta, entre el 40 y el 60%, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos, como la colaboración eficaz para el desmantelamiento de estas redes ilegales y el aporte a la verdad.

Además, quienes hayan cumplido 8 años o las 2/5 partes de la pena, tendrán derecho a la libertad condicional.

Conductas cometidas en el marco de la protesta social: podrá aplicarse el principio de oportunidad, con miras a renunciar a la acción penal, a integrantes de grupos como la Primera Línea.

Adicionalmente, se rebajará el monto de la pena en un 70%, dependiendo de la participación en actos de reparación, restauración a las víctimas y los bienes públicos afectados.

Otros lunares del proyecto

-La autoridad judicial les otorgará a los miembros de las diferentes organizaciones que se sometan a la justicia o que suscriban acuerdos de paz con el Gobierno, la posibilidad de conservar hasta el 12% de los bienes entregados a título individual, de acuerdo con el grado de colaboración.

-La persona condenada por cualquier conducta cometida en el contexto de disturbios públicos o en el ejercicio de la protesta social, podrá acceder al beneficio de libertad condicional, una vez cumpla dos años de pena privativa efectiva de la libertad.

-Los máximos responsables de delitos podrán acceder al beneficio administrativo de libertad preparatoria para trabajar o estudiar por el tiempo restante que le queda de la pena impuesta, una vez cumplan cinco años de pena.

-En el caso de los grupos al margen de la ley y los grupos armados organizados, el proyecto de ley del Gobierno establece que quienes al momento de la suscripción del acta de aceptación hayan estado privados de la libertad por un periodo inferior a 5 años, serán trasladados a pabellones especiales para la paz, o, a las zonas de ubicación temporal.

-Quienes al momento de la suscripción del acta de aceptación hayan estado privados de la libertad por un periodo superior a 5 años, accederán a la libertad condicional.

Reacciones

Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno: Peligroso e inoportuno el proyecto de favorecimiento a grupos armados ilegales. Peligroso, porque salen a la calle capos pura sangre. Inoportuno, porque este es un momento de debilidad del Estado. Una cosa es montar mesas cuando el Estado llega con éxitos militares. Y a 11 meses de elecciones, tiene efectos sobre el resultado.

Juan Fernando Cristo, exnegociador en La Habana: Mafiosos o criminales que hoy están en las cárceles que ya cumplieron hasta ocho años de pena, podrían salir con libertad condicional. Además, quienes reincidieron o traicionaron el Acuerdo de Paz también pueden volver a acceder a beneficios. Este proyecto tiene cero posibilidades de ser aprobado en este periodo.

Ernesto Samper, expresidente de Colombia: A la actual política de ‘Paz total’ le ha faltado una estrategia, una ley de justicia marco que la regule y un comisionado que las aplique. El proyecto presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, al Congreso constituye un primer paso para sintonizar los distintos procesos y mesas de paz.

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