Luego de la indignación que causaron los señalamientos del presidente Gustavo Petro por la muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, la candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Marcela García, presentó una acción de tutela en representación de la madre del menor, Yudy Katherine Pico, porque se habría incurrido en la vulneración de varios de sus derechos, como la intimidad, la honra, el buen nombre y la dignidad de la ciudadana.

El mandatario sugirió en el Consejo de Ministros del 16 de febrero que el menor murió por caerse de una bicicleta, haciendo que estas declaraciones revictimizaran a la familia y responsabilizaran directamente a Pico, quien en su defensa argumentó que su hijo no murió por un accidente en bicicleta, sino porque esperaba desde diciembre de 2025 un medicamento para tratar la hemofilia A severa.

“Hay mucha gente con hemofilia que participa en el Tour de Francia (...) Kevin podía montar en bicicleta. El hecho de que el niño tuviera una caída en bicicleta no significa que por ese lado se vayan a excusar o que digan todos que yo soy la culpable. El niño murió por falta de un medicamento que no se le puso a tiempo, cuando debía ser, no por una caída”, expresó con dolor la madre en entrevista con Blu Radio.

Publicar la historia clínica de un paciente es un delito

Sin embargo, la Nueva EPS publicó la historia clínica del menor para justificar la tesis de Petro y del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sobre la muerte del niño, señalando que se trató de “un trauma craneoencefálico severo accidental que generó hemorragia intracraneal”, lo que causó aún más rechazo, porque se estaría hablando de un posible delito.

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“Revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito. La Nueva EPS nunca debió entregar esa información. El Código Penal colombiano, en su artículo 269F, consagra la violación de datos personales”, explicó Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación.

En Colombia, la historia clínica es un dato sensible y reservado que está protegido por la Constitución (derecho a la intimidad), por la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y por normas del sector salud que establecen su carácter confidencial y reservado.

Es por esta y otras razones que la candidata Marcela García actuó como agente oficiosa de Yudy Katherine Pico para presentar la acción de tutela a fin de proteger los derechos de ella.

“Una madre que acaba de perder a su hijo merece respeto, no señalamientos desde el poder. No es justo que desde la Presidencia se lancen insinuaciones sin que exista una investigación judicial. No es aceptable que se exponga información médica privada. No se puede convertir el dolor de una mujer en espectáculo público”, afirmó la candidata del Centro Democrático.

“¡Basta de usar el cargo para atacar, basta de humillar y revictimizar!”, agregó García, haciendo énfasis en la defensa de quienes se ven afectados por las irregularidades del sistema de salud en Colombia.

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