La Superintendencia de Notariado y Registro estableció el sistema de turnos que regirá durante 2026 para la prestación del servicio público notarial en los centros carcelarios y penitenciarios del país, con el fin de garantizar el acceso de la población privada de la libertad a estos trámites.

Con esta disposición, cerca de 167.437 internos en Colombia podrán adelantar actuaciones notariales desde prisión el primer día hábil de cada semana, bajo un esquema de asignación rotativa por círculos notariales.

Según explicó la superintendente delegada para el Notariado, Isabella Andrea Hernández, la programación se definió tras revisar las necesidades de los reclusos, las características de los establecimientos de reclusión y el número de notarios disponibles en cada círculo. El objetivo, indicó, es asegurar una distribución equitativa y efectiva del servicio.

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Cada semana será designado un notario para atender una cárcel específica. El despacho correspondiente deberá recibir y gestionar las solicitudes que presenten los internos, ya sea de forma remota o presencial, dependiendo de la naturaleza del trámite.

La mayoría de los procedimientos se realizarán a distancia, con el propósito de agilizar los procesos y reducir los tiempos y costos de desplazamiento. No obstante, cuando el caso lo requiera, el servicio podrá prestarse de manera presencial.

La entidad precisó que la Notaría 80 del Círculo de Bogotá queda excluida de la programación, debido a que opera de manera ininterrumpida de domingo a domingo.

En cuanto a las personas detenidas en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y Comandos de Atención Inmediata (CAI), el servicio se prestará bajo modalidad domiciliaria y no por turnos, lo que permite la presencia del notario en el lugar de reclusión cuando el interesado lo solicite.

La Supernotariado señaló que la medida busca facilitar el acceso de las personas privadas de la libertad a la administración pública y de justicia, en línea con los estándares fijados por la Corte Constitucional sobre las condiciones mínimas que el Estado debe garantizar a esta población.

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