A más de 15 días de la captura de Nicolás Maduro por parte del Ejército de Estados Unidos, el paso de los días ha dado lugar a análisis, reflexión y controversia alrededor de una coyuntura tan inédita como delicada.
Más allá del impacto político inmediato, el hecho marca un punto de inflexión: por primera vez en muchos años, se pasa de la retórica a la acción concreta para sentar las bases de una transición que permita el restablecimiento de la democracia en Venezuela y, eventualmente, su reactivación económica.
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Ese giro histórico puede sintetizarse en una sola palabra: oportunidades.
Según lo ha señalado el presidente Donald Trump, empresas del sector de oil & gas estarían dispuestas a invertir en Venezuela bajo un nuevo esquema que permitiría la venta controlada de petróleo, con administración externa de los recursos y un uso estrictamente condicionado de las ganancias.
La lógica del modelo es clara: evitar que los ingresos queden en manos del poder político y destinarlos, bajo supervisión internacional, al beneficio directo de la población y a la compra de bienes y servicios producidos en Estados Unidos.
Este enfoque no solo busca aliviar la crisis humanitaria, sino también reinsertar gradualmente a Venezuela en los circuitos económicos formales, sin una normalización política automática ni un levantamiento irrestricto de sanciones. Para Colombia, este escenario abre una ventana estratégica que no puede ser ignorada.
Desde el punto de vista de la seguridad regional, la pérdida de control discrecional sobre los recursos petroleros reduciría la capacidad de financiamiento de economías ilegales y de actores armados que han operado históricamente en la frontera colombo-venezolana. Una Venezuela con menor margen para la captura ilícita de rentas es, necesariamente, una frontera más estable para Colombia.
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En el frente migratorio, una mejora gradual en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios básicos podría disminuir la presión que durante años ha recaído sobre Colombia, con impactos fiscales, sociales y urbanos significativos. Incluso una estabilización parcial tendría efectos positivos inmediatos.
En términos económicos, el impacto sería mixto pero manejable. Aunque una recuperación progresiva de la producción petrolera venezolana podría introducir mayor competencia regional, Colombia también tiene la oportunidad de posicionarse como plataforma logística, de servicios y de apoyo técnico para empresas internacionales involucradas en el proceso de reconstrucción. Sectores como transporte, ingeniería, energía, alimentos, servicios financieros, infraestructura y comercio fronterizo podrían beneficiarse si se actúa con planeación y visión estratégica.
Por ello, el sector privado colombiano debe hacer lo propio: prepararse. Identificar oportunidades, evaluar riesgos, estructurar alianzas y anticiparse a un escenario que, aunque todavía frágil, podría transformarse rápidamente. Este no es un llamado a la improvisación, sino a la estrategia, la prudencia y el respaldo institucional.
En ese sentido, propongo la creación de una Comisión de Asuntos Económicos para Venezuela, integrada por expertos conocedores de la problemática venezolana y referentes del sector privado colombiano. Su objetivo sería doble: contribuir técnicamente al proceso de reconstrucción económica de Venezuela y, al mismo tiempo, establecer una hoja de ruta clara que permita al empresariado colombiano tomar decisiones informadas, capitalizar las oportunidades derivadas de la transición y prepararse para el eventual —y ojalá cercano— restablecimiento pleno de la democracia en suelo venezolano.
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Colombia debe contribuir, por supuesto, a la recuperación del Estado de derecho, el imperio de la ley y las instituciones en Venezuela a través de los canales diplomáticos diseñados para situaciones de esta naturaleza. Pero ese propósito no puede limitarse al Gobierno de turno. Debe asumirse como una política de Estado, alejada de sesgos ideológicos y ejecutada con pragmatismo y efectividad.
En ese esfuerzo será fundamental el rol del sector privado, los gremios, la academia y la sociedad civil. Identificar el momento adecuado, los sectores con mayor potencial y las condiciones mínimas para invertir será clave.
Finalmente, no puede perderse de vista un factor determinante: votar bien en las elecciones presidenciales de este año en Colombia. Contar con un gobierno alineado con el sector privado, comprometido con la institucionalidad, la seguridad jurídica y la inserción internacional del país acelerará este proceso y será decisivo para el aprovechamiento efectivo de las enormes posibilidades que se abrirán en Venezuela.
Si el plan impulsado desde Estados Unidos se ejecuta con la precisión y el control que lo caracterizan, Venezuela podría convertirse, más pronto que tarde, en un destino atractivo para la iniciativa privada: un país en reconstrucción, ávido de inversión, con reglas más claras y con un sector privado llamado a ser nuevamente protagonista.
Colombia haría bien en estar preparada.
Las oportunidades no esperan.
Por Flavia Santoro Trujillo, CEO de Conexiones Efectivas y expresidenta de ProColombia (2018 – 2022).
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