Dos meses han pasado desde que estalló la guerra en el Catatumbo entre el Eln y la disidencia del frente 33 de las Farc, por el control del territorio, y la radiografía que ha elaborado Human Rights Watch (HRW) sobre la situación de derechos humanos deja en evidencia la crueldad con la que han actuado estos grupos armados y la debilidad del Gobierno para frenar a tiempo estas acciones.
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La investigación que adelantó la organización no gubernamental entre enero y febrero, y durante la cual entrevistaron a por lo menos 65 personas, incluyendo desplazados ubicados en Cúcuta, trabajadores humanitarios y autoridades judiciales y gubernamentales, recoge testimonios desgarradores que muestran el horror al que se enfrentaron los campesinos y confirman las denuncias hechas sobre el proceder de las agrupaciones ilegales.
“El 16 de enero a las 8:30 a.m., un excombatiente de las Farc desmovilizado salió de su casa en la zona rural de Convención, nos dijo su esposa. Unas horas más tarde, un familiar llamó y dijo que el Eln lo había amarrado y se lo habían llevado en una camioneta. El padre del excombatiente nos contó que aproximadamente a las 3:00 p.m. recibió un mensaje de WhatsApp en el que le informaban que su hijo había sido asesinado. Sus familiares recogieron y enterraron su cuerpo”, es uno de los relatos que hace parte de la investigación elaborada por HRW y que fue presentada ayer.
El informe de la organización ratifica lo que se denunció desde que empezaron las confrontaciones en el Catatumbo, en el sentido de que el Ejército de Liberación Nacional cometió graves abusos contra la población civil, irrumpiendo en sus viviendas, en sus lugares de trabajo o mientras se movilizaban por carretera, como lo recoge el siguiente testimonio que se reconstruye en la investigación:
“El 16 de enero, unos 20 miembros del Eln, uniformados y con brazaletes, llegaron a una finca en una vereda del municipio de Tibú, disparando fusiles, según nos dijeron tres hombres que estuvieron allí. Los combatientes del Eln les dijeron que quienes trabajaban en la finca eran “narcoguerrilleros” y dispararon contra un campesino, que murió días después en el hospital, y contra otro, que murió en el acto. También obligaron a la gente a tirarse al suelo, arrodillaron a otro campesino delante de los demás y le dispararon en la cabeza, según nos contaron familiares que presenciaron los hechos”.
A partir de las entrevistas, HRW también concluyó que el Eln puso en marcha una campaña para recuperar el control de amplias zonas de la región del Catatumbo, para lo cual ha asesinado, secuestrado y desaparecido a civiles a los que acusa de tener vínculos con el frente 33, de la disidencia.
Entre el 16 de enero y el 23 de marzo, 94 personas fueron asesinadas en el Catatumbo, entre ellas seis firmantes de paz, tres líderes sociales, 81 civiles y cuatro menores de edad. “Esta cifra es más de cuatro veces superior al promedio mensual de asesinatos en 2024”, dice HRW.
La forma de proceder de los integrantes de esta guerrilla, tratando de imponer el miedo con su accionar violento, ha desencadenado, igualmente, el desplazamiento de 59.586 personas, según los datos más recientes del Puesto de Mando Unificado.
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Estas cifras han llevado a considerar que el del Catatumbo es el “mayor incidente de desplazamiento forzado” desde que las autoridades comenzaron a registrar los desplazamientos, en 1997.
De hecho, para la Human Rights Watch, la cifra de desplazados por cuenta de la guerra en esta zona del país es mayor a la de personas desplazadas forzosamente debido a la violencia en toda Colombia durante el 2024.
El siguiente testimonio que recoge la investigación de la oenegé de derechos humanos explica el porqué de esta cifra tan alta:
“Otra mujer contó a Human Rights Watch que, el 16 de enero a las 7:30 a.m., un grupo de miembros del Eln llegó a la casa de su sobrino, un conductor, en una vereda en Teorama. “Tocaron muy fuerte a la puerta. Él estaba dormido, alcanzó a ponerse unos jeans y una camiseta antes de que entraran y dispararan a su esposa en la pierna. Mientras les suplicaba que no la dejaran morir, lo arrastraron afuera y lo mataron delante de la casa. Su cuerpo estuvo allí tendido para que todo el mundo lo viera hasta las 6:00 p.m., cuando alguien (de la comunidad) lo cubrió con una sábana”.
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El secuestro también se convirtió en otra forma de ejercer presión sobre la comunidad, según el relato de otro de los entrevistados por HRW:
“Un campesino de 36 años contó a Human Rights Watch que, el 16 de enero, miembros del Eln lo secuestraron en la zona rural de Tibú. Según nos dijo, 20 hombres con brazaletes del Eln se lo llevaron de la finca en la que trabajaba. Al día siguiente, le cubrieron la cara y lo transportaron durante varias horas en lancha y motocicleta: “Cuando llegamos a un lugar, me encadenaron del cuello al pie y me metieron en una habitación”. El Eln lo mantuvo allí durante cinco días. Luego, lo liberaron con la condición de que grabara un video asegurando que “colaboraba” con el Frente 33. (…) Diez días después escapó con su esposa y sus hijos”.
También la disidencia
Si bien los relatos que recoge Human Rights Watch sobre lo que ha tenido que enfrentar la población catatumbera apuntan a que el “Eln está cometiendo abusos generalizados contra la población civil en su intento por recuperar el control del Catatumbo”, como lo indica la directora de la División de las Américas de esta organización, Juanita Goebertus, la disidencia del frente 33 de las Farc no se queda atrás.
Las personas con las que conversaron contaron durante la investigación que las arbitrariedades por parte de esta agrupación, que está en un proceso de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro, empezaron desde antes de que se recrudeciera la guerra con el Ejército de Liberación Nacional.
“Nos dijeron que el frente 33 de la disidencia utilizó el cese al fuego y el anuncio de los planes conjuntos de desarrollo local para ampliar su control sobre las comunidades. Muchos nos contaron que el frente 33 tiene lo que describen como “campamentos de resocialización”, donde las personas que consideran que han infringido sus normas (por ejemplo, consumiendo drogas o apoyando al Ejército) son obligadas a realizar trabajos forzados”, dice el informe.
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La violencia sexual contra las mujeres y las niñas ejercida por los comandantes de este grupo armado también fue denunciada a los integrantes de HRW.
Miedo al reclutamiento
A la zozobra que persigue hoy a los habitantes del Catatumbo por cuenta del enfrentamiento entre el Eln y la disidencia de las Farc, y el temor a convertirse en un objetivo de cualquier bando, se suma también el miedo del reclutamiento forzado.
En las entrevistas que hizo la organización no gubernamental se documentó que otra de las razones por las cuales muchos decidieron desplazarse hacia Cúcuta, Ocaña u otras regiones del país, tuvo que ver precisamente con el riesgo de reclutamiento de sus hijos.
“Nos fuimos porque tenía mucho miedo de que se los llevaran. Soy la única mujer en una familia de hombres jóvenes y fuertes. En cualquier momento se los llevarían”, le dijo a HRW una habitante de El Tarra.
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En noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo reportó que el reclutamiento de menores en el Catatumbo “iba en aumento”, en lo que describió como parte de una “estrategia de fortalecimiento y expansión territorial”, de los grupos armados.
Entre el 1 de enero y el 19 de febrero de este año, las autoridades militares recuperaron a 44 menores, la mayoría en poder del frente 33.
Una ‘Paz total que los fortaleció’
Durante la presentación del informe sobre la situación de derechos humanos en el Catatumbo, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, advirtió que la política de ‘Paz total’ ha permitido que grupos como el Eln y la disidencia de las Farc se fortalezcan, frente a lo cual el Gobierno Nacional no ha cumplido a cabalidad su misión de proteger a las comunidades.
“El Gobierno, al anunciar proyectos de desarrollo con grupos todavía armados, no protegió adecuadamente a las comunidades. Esto las dejó en mayor vulnerabilidad frente a represalias de otras organizaciones, especialmente del Eln”, dijo en diálogo con W Radio.
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En ese mismo sentido, el informe también señala que algunos civiles que ayudaron a crear estos proyectos se vieron obligados a salir del territorio, debido a la violencia que estalló en enero pasado.
Es por esa razón que una de las principales recomendaciones que hace la HRW es, “diseñar e implementar una política de seguridad y justicia eficaz y respetuosa con los derechos para proteger a la población del Catatumbo de los grupos armados”.
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