El presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió este martes al expresar en el consejo de ministros televisado sus críticas por el desempeño de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, al señalar que la Fiscalía parece estar “paralizada” en la investigación de grandes casos nacionales.

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Las palabras del primer mandatario desataron especulaciones sobre un posible deterioro en la relación entre el Ejecutivo y el ente acusador, tras un año de gestión de la jurista que él mismo incluyó en la terna para el cargo en septiembre de 2023.

El jefe de Estado, quien influyó en la designación de Camargo, al postularla como candidata ante la Corte Suprema de Justicia, señaló que esperaba resultados más contundentes en investigaciones sensibles, como la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el caso de su hijo Nicolás Petro por lavado de activos y las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.

Petro indicó que estos procesos, que han generado expectativa en la opinión pública, avanzan con lentitud bajo la dirección de la fiscal.

Un vínculo que comenzó con respaldo

La relación entre Petro y Camargo arrancó con un tono positivo cuando el mandatario la incluyó en la terna para reemplazar a Francisco Barbosa, quien salió del cargo el 12 de febrero de 2024 tras un periodo marcado por choques con el Gobierno.

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El 22 de marzo de 2024, Camargo asumió oficialmente como fiscal general, posesionada por el propio Petro en la Casa de Nariño, en un acto donde el mandatario destacó su trayectoria y expresó su deseo de que la Fiscalía se convirtiera en una institución transparente y confiable, alejada de agendas políticas.

Sin embargo, las declaraciones recientes sugieren que esas expectativas podrían no estar cumpliéndose a los ojos del jefe de Estado.

Camargo, abogada de la Universidad de La Sabana con experiencia en casos de parapolítica y corrupción en Guatemala junto al exministro de Defensa, Iván Velásquez, llegó al cargo con el respaldo de 18 de los 23 magistrados de la Corte Suprema.

Su nombramiento cerró un capítulo de tensiones entre el Gobierno y el alto tribunal, que había dilatado la elección en medio de protestas de sectores afines a Petro.

Ahora, a un año de su gestión, las críticas del Presidente abren la puerta a interrogantes sobre si el vínculo institucional entre ambos se encuentra en un punto de inflexión.

Ante las palabras de Petro, Camargo no ha reaccionado. En una reciente entrevista con la revista Cambio, la fiscal defendió su gestión al destacar avances como los seis preacuerdos alcanzados en el caso Ungrd y explicó que las investigaciones sobre la campaña de Petro avanzan con rigor técnico, pero requieren tiempo para consolidar pruebas.

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Además, subrayó su compromiso con la independencia y la transparencia, enfatizando que su labor responde a un diseño constitucional de colaboración armónica con el Ejecutivo, no de subordinación.

Antecedentes de roces y un futuro incierto

Las críticas de Petro no constituyen el primer indicio de fricción con Camargo, en octubre de 2024, sectores cercanos al Gobierno cuestionaron la supuesta pasividad de la fiscal en el caso de Nicolás Petro, lo que generó rumores sobre una relación deteriorada.

Sin embargo, la fiscal mantuvo su curso y el proceso avanzó hasta quedar en manos de un juez, como ella misma confirmó en una entrevista con El Tiempo, donde señaló que “el caso del hijo del presidente ya va a concluir con el fallo de un juez”, una respuesta que podría leerse como un intento de marcar distancia de las presiones políticas.

Petro, por su parte, propuso este martes “conversar con la fiscal” para abordar las diferencias, una invitación que podría ser un esfuerzo por recomponer el diálogo o, en un escenario más hipotético, un preludio a mayores tensiones si las investigaciones no avanzan al ritmo que él espera.

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Analistas aseguran que el Presidente podría estar buscando una Fiscalía más alineada con su agenda de “paz total” y lucha contra la corrupción, mientras que Camargo parece priorizar la autonomía institucional, lo que podría derivar en un distanciamiento progresivo.

El posible deterioro de esta relación no pasa desapercibido en un país donde la Fiscalía juega un papel clave en el equilibrio de poderes. Si las tensiones escalan, podrían afectar la percepción de independencia judicial, un tema sensible tras los choques entre Petro y Barbosa.

Por ahora, el llamado al diálogo de Petro abre una ventana para evitar un conflicto mayor, aunque el desenlace dependerá de cómo Camargo gestione las expectativas del Gobierno sin comprometer su mandato constitucional.

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