Un informe de Human Rights Watch (HRW) reveló este miércoles que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) intensificó sus acciones violentas en el Catatumbo, donde ha asesinado, secuestrado y desaparecido a civiles en su disputa territorial con el Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc.
Los enfrentamientos entre ambos grupos obligaron a más de 56.000 personas a desplazarse, en uno de los mayores éxodos masivos en Colombia en décadas.
La organización alertó sobre la falta de protección del Estado en la zona y urgió al Gobierno a implementar una estrategia de seguridad y justicia que garantice la protección de la población civil.
Desde el 16 de enero de 2025, el Eln emprendió una ofensiva para recuperar el control de amplias zonas del Catatumbo, Norte de Santander, región clave para el narcotráfico y la economía ilegal.
Según Human Rights Watch, el grupo ha atacado a civiles acusándolos de colaborar con el Frente 33, una disidencia de las Farc que emergió tras la firma del acuerdo de paz de 2016.
“Nuestra investigación apunta a que el Eln está cometiendo abusos generalizados contra la población civil en su intento por recuperar el control del Catatumbo”, señaló la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, quien advirtió sobre violaciones cometidas por el Frente 33, como el reclutamiento de menores, trabajos forzados y asesinatos selectivos.
La oenegé estadounidense entrevistó a más de 65 personas, incluidos desplazados en Cúcuta, funcionarios y trabajadores humanitarios, y analizó documentos de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
Asesinatos, desapariciones y secuestros
El 16 de enero, el Eln realizó ataques coordinados en Teorama, Convención, Hacarí, Tibú y El Tarra, asesinando a líderes sociales, excombatientes de las Farc y miembros de organizaciones campesinas, en el marco de un plan de exterminio contra las disidencias.
Testigos relataron que los guerrilleros ingresaron a viviendas buscando a personas con supuestos vínculos con el Frente 33 y ejecutaron a algunas en el acto, mientras que otras fueron secuestradas y posteriormente asesinadas.
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El Frente 33, por su parte, extendió su control en la región, imponiendo normas de convivencia mediante amenazas y violencia. Varios testigos denunciaron el reclutamiento forzado de menores y la imposición de trabajos forzados a campesinos.
Según HRW, entre el 16 de enero y el 8 de marzo se reportaron 78 asesinatos en el Catatumbo, una cifra cuatro veces superior al promedio mensual de homicidios en 2024.
Las autoridades informaron que el 3 de marzo el Eln liberó a 22 personas, entre ellas tres menores de edad, secuestradas desde enero. Sin embargo, familiares de desaparecidos afirmaron no haber denunciado por temor a represalias.
Reclutamiento de menores y cierre de escuelas
Durante el periodo analizado por la oenegé, fue evidente que los grupos armados intensificaron el reclutamiento de menores en la región. Entre enero y febrero, las autoridades recuperaron a 44 niños y adolescentes, la mayoría en poder del Frente 33.
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre ellos hay menores nacidos en diferentes departamentos de Colombia y al menos cuatro provenientes de Venezuela.
Una mujer desplazada en El Tarra explicó que huyó con su familia por temor a que sus hijos fueran reclutados. “Nos fuimos porque tenía mucho miedo de que se los llevaran”, dijo.
El impacto del conflicto también afectó el acceso a la educación. Más de 46.900 niños no han podido asistir a clases debido a los enfrentamientos y las amenazas contra los docentes. Cientos de profesores han abandonado la región. Un maestro desplazado señaló que “en un momento de enfrentamiento, siguen disparándose unos a otros y no respetan los colegios ni nada”.
Desplazamientos masivos y control social
La Defensoría del Pueblo advirtió que la crisis de desplazamiento en el Catatumbo es la mayor registrada en la región desde 1997. La mayoría de los desplazados han llegado a Cúcuta (20.300 personas) y Ocaña (12.097 personas), según las autoridades de Norte de Santander.
Algunas familias denunciaron que, tras huir, sus viviendas fueron saqueadas o destruidas por los grupos armados. Un líder comunal de Tibú afirmó que el Eln lanzó una granada contra su casa y se apropió de sus pertenencias. Otro campesino desplazado aseguró que “saquearon nuestra finca, se llevaron motos, maquinaria y todo el equipo que teníamos para los cultivos”.
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Los grupos armados también impusieron normas de control social en las comunidades, mientras que habitantes de la región denunciaron la existencia de “campamentos de resocialización”, donde las personas acusadas de infringir las reglas de los grupos deben realizar trabajos forzados.
Un hombre de 35 años contó que fue retenido en uno de estos campamentos por haber publicado en redes sociales un video de un helicóptero del Ejército.
Los líderes comunitarios han sido blanco de amenazas y asesinatos. El 17 de enero, hombres armados asesinaron a Pedro María Ropero, líder del corregimiento de Campo Seis, en Tibú. Un testigo señaló que Ropero se había opuesto a la creación de una Junta de Acción Comunal impulsada por el Frente 33.
Respuesta del gobierno
Las acciones del Eln llevaron al Gobierno a suspender las conversaciones de paz en enero pasado, una decisión que se produjo tras un aumento notable en la violencia.
El 24 de enero, el Ejecutivo declaró el “estado de conmoción interior” en la región del Catatumbo, respondiendo con medidas de evacuación que llevaron a las autoridades a utilizar helicópteros para trasladar a más de 750 personas en riesgo.
El presidente Petro desde su llegada al poder en agosto de 2022, ha buscado entablar negociaciones con diversos grupos armados como parte de su plan de “paz total”, pero la violencia en el Catatumbo lo obligó a ajustar las prioridades de su administración.
Los esfuerzos por volver a la mesa de negociaciones se reiniciaron en octubre de 2023 con el Frente 33, pero la situación actual puso en tela de juicio la viabilidad de estos diálogos.
A pesar de estas iniciativas, Human Rights Watch precisó que el Eln ha continuado apoderándose de territorios e intensificando su control.
El informe mencionó que este grupo armado ha sido beneficiado por la "complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas", lo que complica aún más los esfuerzos de seguridad y control por parte del Gobierno.
Las recomendaciones
HRW enfatizó en su informe que para mitigar el ciclo de violencia es urgente que el Gobierno implemente una política de seguridad y justicia que respete los derechos humanos de los ciudadanos.
La organización internacional hizo un llamado a los gobiernos donantes para que proporcionen asistencia humanitaria inmediata a los desplazados, señalando que muchos de ellos carecen de recursos básicos para subsistir.
El informe concluyó con una serie de recomendaciones a diversas autoridades, incluyendo la Fiscalía General, a quien le pidió priorizar la investigación de los abusos cometidos por los grupos armados en el Catatumbo.
HRW también urgió a que se fortalezcan los mecanismos de protección a líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, muchos de los cuales enfrentan amenazas constantes por parte de los grupos armados.
La situación en el Catatumbo fue caracterizada en el informe como una región con condiciones de vida extremadamente difíciles, con más del 14% de la población local desplazada forzosamente.
El Catatumbo, a pesar de representar solo el 0,7% de la población total colombiana, ha registrado el 93% de todos los desplazamientos forzados en el país durante este año, destacó el informe.
La combinación de violencia, escasa protección estatal y la respuesta humanitaria insuficiente ha generado un escenario complejo que requiere atención inmediata para garantizar la seguridad y los derechos de la población civil afectada.
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