A un mes de la retención del joven universitario de 19 años, Kevin Alexis Patarroyo Acevedo, diversos organismos defensores de derechos humanos y líderes sociales han organizado un plantón en Ocaña para exigir su pronta liberación. Los habitantes de la región se han sumado a la manifestación como una muestra de rechazo al aumento del secuestro en la zona, una problemática que se ha intensificado en los últimos años y que sigue afectando a numerosas familias.
La situación se torna más alarmante al recordar otros casos sin resolver. Hace cinco años, el avicultor Evangelista Bohórquez Contreras, de 77 años, fue secuestrado, y hasta la fecha sus familiares siguen clamando por pruebas de supervivencia. Un caso similar afecta a la familia del abogado Sanín Antonio Mena Pérez, de 89 años, plagiado en el sur del departamento del Cesar el 26 de mayo de 2023. Debido a su delicado estado de salud, sus hijos han propuesto un intercambio humanitario, pero los captores han guardado absoluto silencio.
Una pesadilla sin fin
El secuestro ha convertido el Catatumbo en una región de angustia y desesperación para muchas familias. El caso de Kevin Alexis Patarroyo Acevedo es solo uno de los más recientes. El joven fue privado de su libertad el pasado primero de marzo mientras compartía con sus familiares en una finca entre Ábrego y La Playa de Belén. Desde entonces, su madre, Ana Belén Patarroyo, no ha recibido ninguna comunicación de los responsables, ni tampoco han sido hechas exigencias económicas o políticas.
“Me hace mucha falta, estoy aferrada a Dios para que respeten su vida y me den la fortaleza para soportar este calvario. Desde la distancia le enviamos todo nuestro amor y esperamos reunirnos pronto”, expresó la angustiada madre.
El secretario de Gobierno de Ábrego, Robinson Vergel Ropero, se solidarizó con la familia y exigió la liberación inmediata del joven. “El llamado es contundente a los captores: terminen con el dolor de una madre, permitan que el joven retome su formación académica y que vuelva a casa sano y salvo”, declaró la autoridad local. Además, instó a los grupos armados a cesar esta práctica inhumana, que ha generado terror y sufrimiento en la región.
En repetidas ocasiones, familiares, amigos y organizaciones sociales han llevado a cabo marchas, velatones y plantones en Ocaña para rechazar el flagelo del secuestro. El clamor popular se hace cada vez más fuerte en una región que se ha visto sometida a este delito, tanto con fines políticos como económicos.
El gremio de comerciantes ha sido especialmente golpeado por esta práctica criminal, lo que ha obligado a muchos a desplazarse a otras regiones del país, afectando gravemente la economía local. Asís Gómez, representante del gremio comercial, denuncia que “estos hechos han frenado el crecimiento de la región y han sumido a la población en un estado de miedo constante”.
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Por su parte, el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, calificó el secuestro como un crimen de lesa humanidad. “Este delito no solo afecta a la víctima directa, sino a todo su entorno, generando angustia y zozobra en el núcleo familiar y en la comunidad”, afirmó.
El Catatumbo secuestrado
El escritor Alirio Peñaranda Sánchez ha documentado en su libro El Catatumbo secuestrado la grave crisis humanitaria que ha vivido esta región durante décadas. En su obra, hace una radiografía de los secuestros que han marcado la historia de Ocaña y el sur del Cesar desde los años 80, cuando el comerciante Diofante Omeara fue plagiado en 1985, liberado y posteriormente asesinado en la puerta de su casa.
El libro también narra el destino fatal de figuras como el exministro de Obras Públicas, Argelino Durán Quintero, cuya muerte truncó los diálogos de paz entre el gobierno y el EPL en Tlaxcala, México. Igualmente, menciona casos emblemáticos como los del exalcalde de Ocaña, José Aquiles Rodríguez Martínez, el ganadero Rafael Quintero Manzano, el comerciante Eduardo Omeara, y los hermanos Pedro y Alfonso Cabrales Aicardy.
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“El secuestro ha sido utilizado no solo como un medio de financiamiento para grupos armados, sino también como una herramienta de terror y control social. Es una tragedia que avergüenza a la región y al país entero”, señala Peñaranda Sánchez.
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