La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los exalcaldes de Neiva, Gorky Muñoz Calderón y de Ocaña, Samir Fernando Casadiego Sanjuán (2020 - 2023), por presuntas irregularidades en la firma de un convenio para la actualización catastral de este último municipio.
Se investiga a los exmandatarios locales porque suscribieron el documento el último día hábil de sus respectivos mandatos sin establecer en forma clara y detallada las responsabilidades del gestor y operador catastral, así como tampoco efectuaron una estimación aproximada del valor del convenio y no fijaron el plazo de ejecución, entre otras irregularidades.
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El Ministerio Público señaló que en el documento firmado no se evidenció un estudio completo frente a las actividades del convenio y el tiempo de ejecución requerido para su realización, “por el contrario, el plazo de ejecución se dejó indeterminado sin contar con un soporte del análisis efectuado”.
Un contrato a la ligera
Para el órgano de control, los investigados al parecer no diseñaron de manera adecuada la planeación del proceso contractual conforme a lo establecido en la normativa, más aún si se tiene en cuenta que fue suscrito el último día hábil de su mandato, “sin que fuera posible para las siguientes administraciones municipales su inicio y ejecución, en tanto, según lo informado por estas últimas partes, no tenían conocimiento de la existencia del negocio jurídico”.
Por estos hechos, la Procuraduría indicó que los investigados vulneraron los principios de economía y responsabilidad de la contratación estatal, y calificó su aparente conducta como una falta gravísima.
“No obré de mala fe”, exalcalde
El exmandatario del municipio de Ocaña, Samir Fernando Casadiego, actual secretario de Hábitat de Norte de Santander, prepara la defensa del sonado caso y es optimista de salir bien librado ante los estrados del Ministerio Público.
“Tengo la conciencia tranquila, no obré de mala fe, ni por intereses particulares como lo dice la gente, mi intención era lograr la actualización catastral que tanta falta le hace a Ocaña. Es algo normal en la vida pública, de los 23 procesos adelantados en mi contra se han archivado 11 en la Procuraduría, y en la Contraloría he salido airoso en 9 de los 17, entonces debemos afrontar la defensa con la cabeza en alto”, precisó.
Explica que este convenio se suscribió “el último día de mi administración, porque existía una Ley de garantías previo a las elecciones y posteriormente se acopiaron todas las razones”.
Casadiego fue enfático y sostuvo: “además, yo ejercí el cargo hasta las 11:59 de la noche del 31 de diciembre de 2023. En ningún momento fue una decisión extemporánea. Yebrail Hadad hizo lo mismo, entregando en comodato el matadero de Ocaña y nadie dijo nada”, respondió el funcionario.
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Destacó que no dejó nada amarrado a tal punto que los alcaldes entrantes disolvieron fácilmente el convenio sin tener consecuencias jurídicas y económicas para el ente territorial.
Casadiego aseguró que esta fue la única alternativa encontrada en su afán de lograr la actualización catastral del municipio.
Explica que el primer intento lo hizo con el Gobierno nacional, pero la opción fue descartada porque valía en su momento mediante una cotización entregada por Asomunicipios la suma 11 mil millones de pesos.
“Continuamos con la tarea para convertirnos en gestores catastrales y sobrevino el cambio de presidencia en República con Gustavo Petro y el tema de catastro multipropósito no le llamaba mucho la atención y estábamos al límite de una decisión. Todo el trámite se paralizó y buscamos una ficha para sacar adelante la iniciativa”, añadió el funcionario saliente.
El exalcalde sostuvo que “desde mayo me senté con los asesores de Neiva tres veces y una con el alcalde. En agosto vino la Ley de Garantías y luego de las elecciones debía tener bases sólidas para suscribir el convenio. Era la última oportunidad”, recalcó.
El demandante
Una vez asumió la administración municipal, Emiro Cañizares, denunció las presuntas irregularidades cometidas por su antecesor.
Cañizares precisó que él no encuentra lógica en el por qué se fue tan lejos para adelantar ese proceso catastral cuando la Asociación de municipios de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo ofrece ese servicio.
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Revisadas las cláusulas la Procuraduría General de la Nación solicitó al mandatario de Neiva suspender todos los efectos de ese convenio. En la exposición de motivos indica que la capital huilense tiene serios problemas en la actualización y no cuenta con las herramientas para oficiar como gestor catastral.
“Nunca hubo una socialización, ni mucho menos se sometió a la aprobación del Concejo de Ocaña a raíz de la afectación al patrimonio financiero de los habitantes de la región”, afirmó en ese entonces Cañizares.
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