Desesperados se encuentran los damnificados de la vereda El Tarrita, zona rural del municipio de Ábrego, ante la demora en una solución definitiva al reasentamiento humano luego de la avalancha ocurrida el 31 de mayo de 2023.

Las familias damnificadas de este desastre natural adeudan 9 meses de arriendo en Ábrego y no encuentran qué camino tomar ante el olvido por parte de las entidades del Estado. Los escándalos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) han retrasado los procesos y nadie se acuerda de la adquisición de fincas para remediar las pérdidas.

El presidente de la Junta de Acción Comunal, Álvaro Jácome Rangel, denuncia la manera como las carpetas donde se condensaba toda la información de los damnificados desaparecieron a nivel nacional y ahora están a la deriva.

El personero de Ábrego, Antonio José Rodríguez Gómez, está al tanto de esa situación para aligerar los trámites a nivel nacional y solventar el problema. “Las víctimas quieren saber la verdad y están cansados de tantas mentiras. Se adelanta la verificación y el acompañamiento para conocer las gestiones sobre el reasentamiento y así mitigar el problema”, recalcó.

Además, se requiere un nuevo trazado de la arteria vial encaminado a conjurar el riesgo debido a la falla geológica que está latente en la parte alta de la cordillera.

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“Los moradores en la zona consideran que una inversión de recursos en el mismo sitio sería perder la plata, entonces los estudios y diseños deben apuntar a una vía alterna”, precisó el funcionario.
 

A la deriva

La situación es compleja y se requiere la intervención de los entes de control y el Ministerio Público para mejorar las condiciones de vida de los afectados, indica el presidente de la Junta de Acción Comunal, Álvaro Rangel.

Asegura que hasta la fecha no se vislumbra una alternativa para las 130 familias damnificadas por la catástrofe natural. “Muchas personas, en medio del desespero toman el riesgo de volver a las fincas para conseguir el sustento diario. No cuentan con plata para sostener a sus hijos. La gente está cansada de las visitas de funcionarios del Gobierno y siempre los cambian, generando la confusión”, reitera.

Consideran como un retroceso el retiro de los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ya que se debe empezar de cero.

“El 15 de noviembre de 2024 nos percatamos que las carpetas se extraviaron y no se cuenta con el soporte necesario para continuar el proceso del reasentamiento. Se perdió el tiempo empleado con la búsqueda de fincas cercanas”, recalcó.

Los voceros manifiestan que ese desorden no se convierte en excusa válida para olvidarse de las familias que aún están afectadas por el desastre natural. 

“Estamos completamente abandonados y solo contamos con la interlocución del personero para la adquisición de unos predios seguros a la orilla de la carretera con el fin de levantar una vivienda digna”, agrega Rangel.

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Recalca sobre las precarias condiciones en las que se encuentran los damnificados. “Al comienzo recibimos mercados y nos visitaron una gran cantidad de delegados de los distintos ministerios, ahora con la crisis humanitaria del Catatumbo y la Conmoción Interior, nadie se acuerda de las penurias”, puntualiza el líder, que espera una mirada del Gobierno nacional hacia las personas que se gana el día a día como jornaleros.
 

Acciones jurídicas

El abogado, Álvaro José Ibáñez Sierra, apoderado de los damnificados tramita una demanda en contra de las entidades gubernamentales, por negligencia frente a una tragedia que estaba anunciada.
 
El jurista busca resarcir los daños causados por la avalancha, que se pudo prever, pues los campesinos habían alertado a las autoridades y no se tomaron las precauciones del caso.

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La demanda busca acelerar el reasentamiento con la adquisición de predios e implementar proyectos agropecuarios alternativos para las familias que lo perdieron todo durante la tragedia.

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