Norte de Santander vive una presión extorsiva cada vez más fuerte y extendida, con focos críticos en municipios rurales, donde confluyen actores armados, economías ilegales y comunidades que han sufrido violencia por décadas.

Esta realidad fue revelada por el estudio 'Café, conflicto y extorsión: un análisis cuantitativo en municipios de Colombia', desarrollado por el Politécnico Grancolombiano, a cargo de los docentes Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa.

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El informe subrayó que, como ocurre en el resto del país, siete de cada diez caficultores reciben amenazas, pero menos del 15% denuncia, lo que genera un círculo silencioso que refuerza la capacidad de control de los grupos criminales. 

En el texto se destacó que ese flagelo no requiere violencia visible para imponerse, basta con llamadas intimidantes, cobros por hectárea, por carga o por permitir actividades comerciales. 

De acuerdo con los investigadores, el Catatumbo concentra varios municipios donde coinciden alta producción agrícola, cultivos de coca y patrones intensos de extorsión, entre los que se destacan El Carmen. Pero también El Zulia registra un escenario alarmante, aunque no hace parte de esa subregión.

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El profesor Jaime Wilches expresó que, en ambos territorios, la producción cafetera convive con estructuras armadas que imponen cobros sistemáticos a productores, transportadores y comerciantes; estas altas tasas de ‘vacunas’ los convierten en puntos rojos en el mapa colombiano.

Su colega Karolina Baquero explicó que la ausencia de autoridad efectiva genera un entorno en el que la extorsión funciona como un mecanismo cotidiano de renta criminal. En estas zonas, incluso, el traslado de productos básicos y la operación de pequeños negocios son susceptibles a cobros ilegales de dinero.

Por su parte, Rodrigo Atehortúa añadió que el análisis nacional demostró que la presencia de cultivos de coca aumenta la tasa de extorsión en aproximadamente 3.5 casos por cada 100.000 habitantes, una realidad mucho más evidente en Norte de Santander. 

“El Catatumbo, una de las regiones con mayor presencia de economías ilícitas, ofrece a los grupos armados infraestructura logística, rutas de movilidad y redes de vigilancia que facilitan el cobro extorsivo”, agregó Atehortúa.

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Caficultura y la vulnerabilidad territorial 

Norte de Santander no es un departamento cafetero tan grande como Huila, Antioquia o el Eje Cafetero. Sin embargo, el estudio lo incluye dentro de los territorios donde la extorsión coincide con actividades productivas legales, especialmente en municipios donde el grano tiene un papel importante dentro de la economía local.

La investigación del Politécnico Grancolombiano también resaltó que la extorsión ha reemplazado al secuestro como principal mecanismo de financiación criminal, especialmente en esta región, donde operan múltiples actores armados.

“Su ubicación fronteriza, los corredores estratégicos hacia Venezuela y la persistente disputa territorial han convertido al departamento en un punto clave para el sostenimiento financiero de estas organizaciones”, apuntó el profesor Jaime Wilches.

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La docente Karolina Baquero agregó que documentaron que el avance de la extorsión deteriora la capacidad de organización comunitaria y rompe el tejido social, porque las cooperativas pierden fuerza, los productores dejan de asociarse por miedo a ser identificados y las cadenas productivas se fragmentan. 

“En Norte de Santander, donde las economías campesinas dependen de la asociatividad para sobrevivir, este deterioro tiene efectos aún más profundos”, aseguró Baquero.

Rodrigo Atehortúa sostuvo que el temor generalizado, sumado a la falta de rutas de denuncia seguras, genera un entorno donde el delito se normaliza y se invisibiliza. Dijo que la investigación advierte que este patrón, si no se interviene, puede hacer que la extorsión se consolide como una práctica permanente en las zonas agrícolas.

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