Las autoridades indígenas del pueblo Barí han solicitado al presidente de la República, Gustavo Petro, atender la deuda histórica en materia de ampliación y saneamiento territorial de los resguardos ubicados en la región del Catatumbo. En un encuentro celebrado en el municipio de Tibú, el representante legal de la comunidad Ñatubaiyibari, Juan Titira Aserndora Agbugdarara, expuso las exigencias del pueblo Barí para proteger sus reservas ancestrales, amenazadas por la presencia de actores externos en los últimos años.
Amparados en la sentencia T-052 de 2017 de la Corte Constitucional, los líderes indígenas reafirman su derecho sobre el territorio y demandan del gobierno claridad sobre las disposiciones técnicas y jurídicas contempladas en la Conmoción Interior. En particular, buscan precisiones sobre la adjudicación de predios a personas vinculadas con la erradicación de cultivos ilícitos, ante el temor de que estas medidas afecten a la comunidad Barí.
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El pueblo indígena también exige un espacio de diálogo en el Palacio de Nariño con la participación de ministros y representantes de la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de analizar el impacto de las decisiones gubernamentales sobre sus territorios. “No estamos en contra de los planes del gobierno, pero es fundamental que se apliquen respetando los lineamientos legales y sin vulnerar nuestros derechos”, advirtió Acucuara Bashuna Aguishara, representante de la comunidad Yera del resguardo Motilón Barí en Teorama.
Preocupaciones sobre la política de tierras
El defensor de derechos humanos Edward Álvarez manifestó su preocupación por las medidas adoptadas en relación con la entrega de tierras como mecanismo para la erradicación de cultivos ilícitos. En su análisis, subraya que existen restricciones ambientales y legales, incluyendo zonas de reserva forestal y demandas de restitución de tierras, que podrían obstaculizar la implementación de estas políticas.
“Me duele decirlo, pero no se va a poder lograr si no se tienen en cuenta a los verdaderos dueños del territorio, que son los Barí. No se puede afectar a una comunidad ancestral para solucionar un problema social”, enfatizó Álvarez.
Inversión social y necesidades urgentes
Los voceros de los resguardos también exigen inversiones en infraestructura y servicios básicos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Entre las solicitudes destacan proyectos de salud, educación, saneamiento ambiental, vías de acceso, conectividad y seguridad alimentaria. Además, requieren medios de transporte adaptados a la geografía del territorio, como mulas, canoas y camionetas.
Según Juan Titira Aserndora Agbugdarara, el Ministerio de Salud se ha comprometido con la adecuación del Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) en coordinación con el hospital regional Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Asimismo, se adelanta una inspección institucional para determinar los alcances del proyecto en beneficio de las 23 comunidades del resguardo Motilón Barí, que suman más de 6.000 personas.
Ante la crisis humanitaria y de orden público que afecta a la región, la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí Ñatubaiyibari ha solicitado una respuesta urgente del Estado colombiano. En el marco de la Conmoción Interior establecida por el Decreto 62 de 2025, que reconoce la situación crítica en la zona, los líderes indígenas exigen la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Mesa de Diálogo e Interlocución.
“Somos los más afectados y nuestra participación en las decisiones es fundamental para lograr soluciones reales y duraderas”, afirmaron los voceros en un comunicado. Asimismo, solicitaron un plan de choque de emergencia para implementar la Sentencia T-052 de 2017 y dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en 2024.
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Entre las exigencias específicas se incluye la socialización del Decreto 108 de 2025 y sus implicaciones en el territorio indígena, así como la garantía de que la Agencia Nacional de Tierras no disponga de predios en el resguardo para fines distintos a su ampliación y saneamiento. También piden la formulación de un plan de trabajo para 2025, con asignación presupuestal para la restitución de tierras y la implementación de proyectos de desarrollo agropecuario que refuercen la seguridad alimentaria de la comunidad.
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