La contaminación ambiental causada por las ladrilleras en los barrios periféricos del municipio de Ocaña ha generado una fuerte inconformidad entre los vecinos, quienes denuncian los efectos nocivos de las emisiones provenientes de los hornos utilizados en la producción de ladrillos y tejas.

Residentes de sectores como Buenos Aires, La Primavera, Ciudad Jardín, Las Palmeras, El Dorado y Cañaveral aseguran que los humos emanados por la combustión de estos hornos afectan la calidad del aire y generan problemas respiratorios, principalmente en niños y adultos mayores. “Incluso en los escenarios deportivos, los practicantes de cualquier disciplina no soportan los olores del material particulado arrastrado por los fuertes vientos”, afirmó William Jaime, un caminante preocupado por la situación, quien exigió acciones concretas para remediar el problema.
 

Acciones y sanciones contra las ladrilleras ilegales

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) ha tomado medidas para controlar esta problemática. Según el ingeniero Trino Quintana Suárez, de la Unidad Técnica Ambiental (UTA), recientemente se ordenó el cierre de dos estructuras en el barrio El Hatillo. Sin embargo, aún existen otras ladrilleras en los límites con el asentamiento humano Brisas del Polaco, las cuales deben cumplir con las exigencias legales para continuar operando.

El director de la oficina de Control y Vigilancia de Corponor, ingeniero Juan Carlos Rodríguez Osorio, confirmó el cierre definitivo de las ladrilleras de las familias Lemus y Sánchez el año pasado, en cumplimiento de las sanciones impuestas por la Ley 1333 de 2009. “Los afectados deben instaurar sus denuncias con los respectivos soportes y evidencias para que se inicie el debido proceso”, enfatizó Rodríguez.

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Por su parte, Adolfo León Ibáñez, representante legal de Ladrillera Ocaña, defendió el cumplimiento de su empresa con los estándares tecnológicos exigidos por el Ministerio de Minas y Energía. “El montaje de una fábrica de ladrillos y tejas es un proceso complejo que requiere la obtención de una concesión ante la Agencia Nacional de Minería y la certificación de estudios ambientales para regular la emisión atmosférica y proteger las fuentes hídricas”, explicó.
 

Reubicación y regulación de las ladrilleras

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Ocaña ha declarado las zonas urbanas como áreas restringidas para la operación de ladrilleras, por lo que su funcionamiento en estos sectores queda prohibido. Quintana Suárez reiteró que “el proceso de quema de tejas y ladrillos libera material particulado que se dispersa con los vientos, ocasionando enfermedades respiratorias en la población más vulnerable”.

El impacto ambiental de estas fábricas artesanales ha sido motivo de constante preocupación, debido a la emisión de sustancias y elementos perjudiciales para la salud y los ecosistemas. Según el experto, la contaminación se manifiesta principalmente en la afectación del aire, el suelo y el agua, lo que hace urgente una regulación efectiva. “Se han recibido múltiples quejas por la combustión de carbón e incluso de llantas, cuyo humo es altamente dañino para los pulmones”, alertó.

Los operativos de sellamiento realizados el año pasado contaron con el acompañamiento del Ministerio Público, la Personería Municipal y la Defensoría Regional del Pueblo, con el fin de garantizar que no se vulneraran los derechos de los trabajadores afectados.

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El cumplimiento de la Ley 1333 de 2009 obliga a los propietarios de estas industrias a reubicarlas en zonas rurales alejadas de los cascos urbanos. “Si intentan operar los fines de semana para evadir el accionar de las autoridades, se recomienda la demolición de las estructuras como medida definitiva”, advirtió Quintana Suárez.

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