La Fundación Hogar de la Esperanza, un ancianato ubicado en el barrio El Contento de Cúcuta, enfrenta nuevamente una situación legal que pone en riesgo el hogar de cerca de 29 adultos mayores que viven allí desde hace varios años.
El lugar, que funciona desde el año 2000 en la calle 15 de este sector, fue adquirido por un grupo de misioneros griegos de la Iglesia Ortodoxa con el propósito de acoger a personas de la tercera edad en condición de abandono. Con el paso del tiempo, los misioneros se marcharon y Miguel Ángel Beltrán, quien comenzó como voluntario, quedó al frente del lugar, gestionando ayudas de empresas y particulares para mantener el funcionamiento del hogar.
Durante más de dos décadas, el ancianato ha servido como refugio para decenas de adultos mayores que llegan remitidos por hospitales, entidades de trabajo social, la Policía o incluso por miembros de la comunidad. Allí reciben alimentación, cuidado y un espacio digno para vivir su vejez.
Lea aquí: En Cúcuta 30 ancianos corren el riesgo de quedar en la calle
Sin embargo, desde 2016 el predio ha sido objeto de reclamaciones por parte de terceros. Según Beltrán, en ese momento apareció una persona identificada como Yimmy Burbano, quien aseguró ser propietario del inmueble tras un negocio realizado en Bogotá, a más de 500 kilómetros de Cúcuta, y comenzó a exigir el pago de arriendo o la compra de la vivienda.
Aunque en ese momento se logró frenar una orden de desalojo y alcanzar una conciliación, la situación volvió a complicarse a finales de 2024. De acuerdo con el director de la fundación, recientemente se conoció que el predio habría sido vendido nuevamente desde Bogotá a otras personas en el sur del país, lo que derivó en procesos judiciales que hoy amenazan con obligar a la entrega del inmueble.
Conozca: Ancianato en El Contento lucha por no desaparecer tras 25 años de servicio
“Nosotros llevamos aquí 26 años ayudando a adultos mayores en estado de abandono. Nunca se ha pagado arriendo porque nunca se había presentado un dueño, solo hemos asumido los servicios y el mantenimiento del lugar”, explicó Beltrán.
Ante la nueva disputa legal, la fundación anunció que iniciará un proceso judicial de pertenencia para intentar demostrar la posesión del inmueble durante más de dos décadas. Para ello, ya cuentan con el acompañamiento de abogados y han comenzado a recaudar recursos que les permitan asumir los costos del proceso.
“Estamos pidiendo apoyo a la comunidad, a la Alcaldía, a la Gobernación y al Gobierno nacional para poder defender este hogar. Aquí viven abuelos que no tienen a dónde más ir”, afirmó Beltrán.
