Con el firme propósito de proteger la salud pública, el bienestar ciudadano y entornos libres de la contaminación auditiva, entidades ambientales adoptan estrategias correctivas en las fuentes generadoras de ruido en el municipio de Ocaña.
La Unidad Técnica Ambiental, UTA, coordina con la Policía nacional, la Corporación Autónoma Regional de la frontera nororiental, Corponor y el Laboratorio de la calidad del aire de la seccional de la universidad Francisco de Paula Santander operativos encaminados a socializar la Ley 2450 del 2025, para evitar el exceso de los decibeles en la ciudad.
Desde el Comité de Control y Vigilancia Ambiental, en un trabajo conjunto con el Instituto Departamental de Salud, a través de la campaña pedagógica ‘Control y monitoreo de ruido’, se instruye a los propietarios y empleados de los establecimientos comerciales de la zona céntrica de Ocaña, el sector del Dulce Nombre, la plaza de mercado y Ciudadela norte la normativa vigente, manifiesta el ingeniero Trino Quintana Suárez.
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Los funcionarios visitan los locales abiertos al público para entregar instrucciones en atención a la celebración del Día Mundial de la conciencia sobre el ruido, establecido para el 30 de abril de 2025.
Oído a las recomendaciones
La Ley 2450 de 2025, representa un avance significativo en la gestión de la calidad acústica en Colombia, afirma la coordinadora del Laboratorio de calidad del aire de la universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, ingeniera Vicky Juliana Delgado Armesto.
“Esta normativa integral busca garantizar el derecho fundamental a un ambiente sano, a la salud, a la convivencia pacífica y al bienestar acústico de la población, mediante la regulación, prevención y control efectivo de la contaminación generada por ruido y vibraciones”, advierte la funcionaria.
Un aspecto crucial, según su artículo 7, otorga al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, un plazo de 18 meses para actualizar la normativa vigente sobre contaminación acústica. Esta actualización deberá incorporar los siguientes elementos esenciales:
* Indicadores y descriptores acústicos para una evaluación precisa del ruido.
* Protocolos estandarizados para la medición y modelación del ruido.
* Zonificación acústica, mapas estratégicos de ruido y criterios claros para la declaración de zonas de protección o saturación acústica.
* La incorporación obligatoria de la gestión del ruido en los Planes de Ordenamiento Territorial.
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En concordancia con lo anterior, la ley establece plazos concretos para la acción a nivel territorial. Dentro de los 12 meses siguientes a la reglamentación de la Política de Calidad Acústica, los alcaldes municipales deberán presentar proyectos para ajustar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y otros instrumentos de planificación, integrando la gestión del ruido. Paralelamente, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) tendrán la responsabilidad de delimitar y declarar las zonas de protección acústica en sus respectivas jurisdicciones.
Una tarea conjunta
Para municipios como Ocaña, que supera los 100.000 habitantes, la ley exige la consolidación de un Plan de Acción de Calidad Acústica que deberá incluir un conjunto de medidas de gestión, prevención, mitigación, evaluación, seguimiento y control de la contaminación específica para su territorio.
El artículo 13 establece la creación del Subsistema Nacional de Vigilancia de la Calidad Acústica, que será administrado por el IDEAM que se basará en un protocolo obligatorio para el monitoreo continuo de ruido y vibraciones. Las autoridades competentes estarán obligadas a adoptar este protocolo, realizar mediciones periódicas y divulgar los resultados de forma trimestral, garantizando la transparencia y el acceso a la información sobre la calidad acústica, asegura la profesional de la ingeniería ambiental.
¡Bájele el volumen!
La ley tipifica y sanciona comportamientos que generen perturbación por altos niveles de ruido, incluso aquellos que, originándose en espacios privados, trasciendan al ámbito público en zonas residenciales.
Esto incluye fiestas ruidosas, el uso de maquinaria sin control, exostos modificados y el perifoneo excesivo.
Las sanciones contemplan multas generales que oscilan entre 2 y 16 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV). Para infracciones más graves, como la contaminación acústica generada por comercios o eventos masivos, se aplicarán multas especiales que van desde 1.5 hasta 40 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).
“Es importante destacar que la Policía Nacional está facultada para actuar basándose en mediciones acústicas realizadas con sonómetros, testimonios y grabaciones de la comunidad, así como actas firmadas bajo gravedad de juramento por quienes reportan la situación”, señala expertos del Laboratorio de la calidad del aire.
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Un aspecto relevante para la aplicación de la ley es que la simple medición técnica in situ será suficiente para que la Policía ordene la suspensión inmediata de la actividad o reunión que genere el ruido excesivo, aseguran las autoridades ambientales.
Fuentes móviles
Dada la situación particular de Ocaña, caracterizada por un alto flujo vehicular, especialmente de motocicletas, la Ley Antirruido faculta a la Policía Nacional y a los agentes de tránsito para realizar operativos de control acústico en las vías públicas. Durante estos operativos, se podrán emplear sonómetros portátiles para medir los niveles de decibeles emitidos por las motocicletas, y en caso de superar los límites permitidos, las autoridades podrán inmovilizar el vehículo, imponer multas o exigir la reparación o sustitución del sistema de escape.
Un aspecto crítico que también demanda la atención de las autoridades en Ocaña es la perturbación generada por vehículos estacionados con altos niveles sonoros durante la noche en vías como La Ciudadela Norte, avenida Francisco Fernández de Contreras, La Primavera, Primero de Mayo y San Francisco. A esta problemática se suman las reiteradas quejas de los residentes por el ruido excesivo proveniente de eventos privados en viviendas vecinas, que alteran significativamente su descanso.
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Ante estas situaciones que afectan la tranquilidad ciudadana, los uniformados están igualmente facultados para intervenir, utilizando mediciones técnicas, testimonios o grabaciones como base para la imposición de las sanciones correspondientes, aseguran las autoridades ambientales.
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