En los próximos años, América Latina enfrentará una serie de procesos electorales decisivos y cruciales para su futuro económico y energético. En medio del proceso de transición energética global, los empresarios de la región deberán prepararse para incursionar entre la incertidumbre política y las oportunidades que ofrece la nueva economía.

Durante los próximos dos años, la región latinoamericana vivirá diferentes procesos electorales que podrían cambiar el mapa económico del continente. Desde Bolivia y Argentina en 2025 hasta Colombia y Perú en 2026, la región se prepara para un proceso de elecciones que coinciden con el proceso global de la transición energética. 

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Detrás de los discursos políticos y los planes de cada uno de los gobiernos, lo que está en juego es el modelo de desarrollo económico y energético de las próximas décadas. Y donde los empresarios, inversionistas y líderes del sector productivo no pueden quedarse al margen. La energía, en todas sus presentaciones, será el eje sobre el que girarán las nuevas oportunidades y también los mayores riesgos.

Aunque algunas matrices energéticas en Latinoamérica son consideradas de bajas emisiones, la región en total aún depende en más del 70% de combustibles fósiles para su matriz energética. Las exportaciones de hidrocarburos, carbón y derivados siguen siendo la base de las finanzas públicas y del empleo en varias economías regionales. 

La presión regulatoria, la transición tecnológica y las nuevas exigencias de los mercados financieros están transformando la lógica de la rentabilidad a largo plazo. Mientras Europa acelera su descarbonización y Estados Unidos impulsa la industrialización verde con su Inflation Reduction Act, América Latina corre el riesgo de quedar atrapada entre dos paradigmas,  el primero es el viejo que se agota y otro nuevo que aún no despega en la región.

Para el empresariado regional, la pregunta ya no es si la transición energética ocurrirá, sino quién la liderará y bajo qué condiciones de certidumbre jurídica y política.

El sector privado tiene ante sí tres frentes de transformación decisiva. El primero es el energético. Las energías renovables, como la solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica ofrecen ventajas competitivas para países con abundantes recursos naturales, pero su desarrollo depende de estabilidad regulatoria, infraestructura y acceso al capital. La fragmentación normativa y la falta de coordinación entre gobiernos dificultan que el potencial renovable se traduzca en inversiones sostenidas en el tiempo.

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El segundo frente es el minero. La transición global hacia la movilidad eléctrica y el almacenamiento masivo de energía ha disparado la demanda por minerales críticos como litio, cobre, níquel y cobalto. América Latina concentra algunas de las mayores reservas del planeta, especialmente en el triángulo del litio y en las minas de cobre de Perú y Ecuador.

La verdadera oportunidad no está en exportar recursos en bruto, sino en agregar valor localmente mediante la industrialización responsable y sostenible, impulsando la fabricación de componentes, baterías y tecnologías asociadas a la energía de bajas emisiones, lograr ser transformadores de productos, no simplemente exportadores de materias primas.  

El tercer frente es el manufacturero. Si la región logra alinear su matriz energética de bajas emisiones con una política industrial moderna, podrá atraer industrias globales que buscan descarbonizar sus cadenas de suministro. Energía asequible, sostenible y de calidad será el nuevo lenguaje de la competitividad regional.

Como se mencionaba en el inicio, en los próximos meses, el continente vivirá un calendario electoral intenso. Bolivia y Argentina votarán en octubre de 2025; Chile y Ecuador lo harán en noviembre; y en 2026 será el turno de Costa Rica, Colombia, Perú y Honduras. Cada elección definirá no solo gobiernos, sino la confianza de los inversionistas.

En Chile, el futuro del litio y del rol estatal marcará el rumbo de su modelo productivo. En Colombia, la política de hidrocarburos condicionará la estabilidad fiscal y la transición hacia energías de bajas emisiones. 

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En Perú, el debate sobre minería sostenible influirá directamente en la percepción de riesgo país. La incertidumbre electoral tiende a frenar inversiones y retrasar decisiones estratégicas, pero también abre una ventana esencial, y es el momento en que los empresarios pueden incidir en la agenda pública, no desde el lobby defensivo, sino desde la visión proactiva de quienes entienden que la energía no es un tema ambiental, sino económico y social.

Para el sector productivo, adaptarse a la transición energética no es una cuestión de reputación, sino de supervivencia competitiva. Las grandes cadenas globales ya exigen trazabilidad, eficiencia y baja huella de carbono. Las empresas que no transformen sus procesos quedarán fuera de los mercados más exigentes.

La competitividad futura de América Latina dependerá de su capacidad para ofrecer energía económica, estable y de calidad. Y esa condición solo se alcanzará si existe cooperación entre el sector público y privado, marcos regulatorios claros y visión de largo plazo. Las compañías que inviertan hoy en eficiencia energética, innovación y sostenibilidad estarán mejor posicionadas para competir globalmente cuando la economía verde se convierta en el nuevo estándar financiero.

El gran desafío regional es la coordinación y la integración. La interconexión eléctrica, la creación de corredores de hidrógeno verde y los fondos multilaterales de inversión podrían convertir a América Latina en un actor principal en el mercado energético global. Pero la fragmentación política y la falta de visión compartida siguen frenando ese potencial. 

La transición energética requiere liderazgo empresarial. No solo en la ejecución de proyectos, sino en la definición de políticas públicas y en la construcción de consensos. El sector privado tiene la capacidad y la responsabilidad de guiar el cambio, no de esperarlo.

Los próximos procesos electorales definirán si América Latina aprovecha su ventaja natural en recursos energéticos, logrando impulsar diferentes formas de generación de energía con los recursos obtenidos de las fuentes convencionales. 

La transición energética no será solo una política ambiental, será el nuevo lenguaje de la rentabilidad y la competitividad. Los empresarios que lo comprendan y actúen en consecuencia liderarán la próxima ola de crecimiento sostenible del continente.

Por: Ingeniero químico Juan Pablo Agudelo Silva, especialista en Derecho Minero Energético y magíster en Ciudades Inteligentes

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