El asesinato de un esmeraldero por obra de un francotirador en Bogotá, retumba con estruendo en las esferas de la minería cundiboyacense y la política nacional, en los que era bien conocido el apodo de “Pedro Pechuga”.

Así le decían al empresario de piedras preciosas Juan Sebastián Aguilar, nacido hace 58 años en Chiquinquirá (Boyacá), y quien perdió la vida en la noche del pasado miércoles.

En las últimas horas, trascendió que al parecer sostuvo un romance con la cuestionada exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz Nova, investigada por la Fiscalía por su presunta participación en el entramado de sobornos que salieron de contratos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para los presidentes de Senado y Cámara.

Ortiz también es boyacense, oriunda del municipio de Paz de Río, y al parecer contó con el respaldo de Aguilar para el despegue de su carrera política, dado que él era un hombre muy acaudalado e influyente en la región.

En su juventud, “Pedro Pechuga” fue hombre de confianza del llamado “Zar de las Esmeraldas”, Víctor Carranza (1934-2013), uno de los más importantes esmeralderos del país e investigado en su momento por conspiraciones para financiar a los paramilitares y al cartel de Medellín.

Aguilar formó parte de su anillo de seguridad, coordinando sus desplazamientos y la vigilancia de sus minas, y con el dinero que recibió por su trabajo invirtió en vetas de “oro verde” en el municipio boyacense de Muzo, con lo que empezó a construir su fortuna y pasó a ser socio del propio Carranza. Luego, ya como empresario, hizo parte de agremiaciones tan reconocidas como la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia (Fedesmeraldas).

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Cuando estalló el escándalo de la Ungrd y Sandra Ortiz quedó bajo la lupa de la opinión pública, por supuestamente recibir $3.000 millones de soborno para el senador Iván Name, “Pedro Pechuga” tomó distancia y la relación se enfrió; sin embargo, quien no se alejó fue el asesino que le venía siguiendo la pista desde hacía varios meses.

El 19 de octubre de 2023, “Pedro Pechuga” estaba en el piso 15 de su oficina de la empresa Esmeraldas Santa Rosa, en un edificio del Norte de Bogotá, cuando dos proyectiles rompieron el ventanal y le rozaron la cabeza. Un francotirador acababa de disparar desde una terraza del frente, pero falló por escasos centímetros.

Aguilar incrementó su esquema de seguridad con 15 escoltas de su otra compañía, Seguridad Oriental Ltda., que montaron un fuerte anillo de vigilancia en Bosques del Marqués, la urbanización en la que residía, en la localidad bogotana de Usaquén.

Pese a esto, de nuevo un francotirador puso en la mira a su patrón, esta vez desde un cerro cercano, desde el cual le acertó un disparo mortal en el pecho el pasado 7 de agosto.

Investigadores judiciales manifestaron que, aunque no es usual un ataque de francotirador en las ciudades capitales, es relativamente común en áreas rurales del Catatumbo, Urabá y Arauca, donde policías y militares han sido asesinados bajo esa modalidad en los últimos años, y donde se han incautado fusiles con miras especializadas y calibres para tiro de larga distancia, como el Barrett .50.

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Esto implica que el asesino podría tener experiencia con las organizaciones que operan en esos sitios, aunque no se descarta que también se trate de un exmilitar que actúa como sicario a sueldo.

¿Por qué lo mataron?

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores sobre este caso, se relaciona con una disputa interna en una estructura conocida como la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (Njdn).

Tal cual ha venido reportando desde 2021, este grupo delinquió entre 1990 y 2010, traficando a la sombra de los grandes carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle. La cofradía coordinaba el negocio de exportación de cocaína desde los Llanos Orientales, con centro de mando en Bogotá, y usaba el comercio de esmeraldas de Boyacá y Cundinamarca para lavar multimillonarios activos en Colombia y el exterior.

Sus cabecillas fueron extraditados, con lo que la red se disolvió. Los más sonados fueron en ese entonces los hermanos Luis Agustín y Juan Francisco Caicedo Velandia (“don Lucho” y “el Ingeniero”), Julio Lozano (“Patricia”), Daniel “el Loco” Barrera, Claudio Silva Otálora (“el Patrón”), Óscar Pachón Rozo (“Puntilla”) y los hermanos Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff.

La estructura estuvo inactiva por una década, hasta que salieron de prisión y regresaron al país a reclamar sus fortunas camufladas en el negocio de las piedras preciosas, según fuentes judiciales.

Las reclamaciones no fueron pacíficas, los testaferros se negaron a devolver la plata y hubo amenazas. La mafia fue refundada a la brava, pero con una guerra interna a cuestas, que está cobrando víctimas de lado y lado en Bogotá.

El primer muerto fue el capo Luis Caicedo (“don Lucho”), abaleado junto a su abogado Julio Enrique Gonzáles en Teusaquillo (julio 16/21).

Siguió David Fernández Barrero (“el Gordo”) en un taller del barrio Las Villas (octubre 12/22); y luego Claudio Javier Silva Otálora (“el Patrón” o “el Rey de la Papa”), cuando sicarios enfusilados le dispararon en su carro en la localidad de Suba (noviembre 11/22).

Con la misma modalidad acribillaron a Juan Francisco Caicedo Velandia (“el Ingeniero”) cuando iba en un taxi por una vía de Barrios Unidos (febrero 10/23); y posteriormente le hicieron un atentado al abogado de los hermanos Caicedo, Ricardo Villarraga, cuando iba de pasajero en otro taxi por el barrio La Calleja, sobreviviendo de milagro (marzo 7/24).

Todo indica que en la lista seguía “Pedro Pechuga” y, de acuerdo con las fuentes, lo más seguro es que haya más crímenes, muchos de ellos orquestados desde Dubai, donde residen algunos de los jefes de la refundada organización.

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