La Fiscalía General de la Nación solicitó al juez 35 de control de garantías de Bogotá la detención preventiva en una guarnición militar de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y el contratista Luis Eduardo López, conocido como ‘El Pastuso’.
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La fiscal María Cristina Patiño argumentó que, además de colaborar con la justicia, los acusados enfrentan amenazas graves que justifican una medida de seguridad robusta.
“La evaluación de riesgo realizada por la oficina de protección de la Fiscalía reveló un riesgo extraordinario, por lo que se ha decidido asignarles un esquema de seguridad adecuado”, afirmó Patiño.
La solicitud de la fiscal incluye la detención preventiva en un centro carcelario, debido a la probabilidad de que los imputados continúen con actividades delictivas.
Sin embargo, la audiencia se reanudará el próximo 31 de agosto, cuando el juez tome una decisión final sobre la solicitud de la Fiscalía.
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Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió al escándalo y en específico al sitio de reclusión donde podrían ser enviados Sneyder Pinilla y Olmedo López. Según el alto funcionario, será un juez quien determine si estos dos hombres irán o no a una guarnición militar, teniendo en cuenta que la solicitud está sobre la mesa.
“Esa es una decisión que toma un juez de control de garantías hacia dónde envía a los privados de libertad. Hubo una solicitud de la Fiscalía General sobre si existían cupos en instalaciones militares para algunas personas, pero la decisión es la que adopte el juez. Si existe la posibilidad, habría que atender la orden del juez”, indicó el ministro Velásquez, citado por Blu Radio.
La petición de Fiscalía
La fiscal María Cristina Patiño mencionó que aún quedan servidores públicos y particulares por judicializar. “Olmedo y Sneyder utilizaron su posición política para formar alianzas con funcionarios del Estado y particulares, conscientes de las graves consecuencias para la seguridad pública. Estos pactos fortalecieron las expectativas de corrupción y defraudación del erario público”, explicó la fiscal.
Además, advirtió que la organización criminal involucrada no ha sido desmantelada por completo y que, en libertad, los acusados podrían contactar a otros miembros de la organización.
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En relación con el esquema de corrupción, la fiscal Patiño destacó que “el direccionamiento de la contratación pública afectó el derecho a la igualdad de los proponentes, otorgando ventajas ilícitas y generando un sobrecosto por la corrupción”.
Agregó que están involucrados en estos hechos funcionarios del Estado de todos los niveles, desde congresistas hasta directores y subdirectores de entidades, quienes recibieron dinero público de manera indebida.
Los acusados estarían implicados en un desvío millonario de fondos destinados a la atención de desastres. Los procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad en documento público.
Se prevé que López y Pinilla enfrenten penas de entre 8 y 22 años de cárcel, mientras que la pena para López Rosero podría ser reducida a una cuarta parte, dado que actuó como interviniente y no como funcionario público.
*Información tomada de El Colombiano.
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