Seis autobuses y cuatro camiones, ondeando banderas blancas, partieron de Cúcuta a Tibú este jueves, con cerca de 200 personas a bordo, que se encontraban en condición de desplazados en la ciudad, donde vivían alojados en hoteles y refugios.

Aunque la operación fue denominada “retorno”, para las  autoridades no puede hablarse de tal cosa, principalmente porque no están dadas las garantías mínimas para hacerlo.

“La decisión que tomamos es para ayudar a la instalación de un refugio humanitario y evitar que la gente se siga desplazando a las ciudades. Queremos ayudar desde los territorios y buscar mecanismos que aporten a la paz”, dijo Alirio Pallares, vocero de la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo, Asuncat.

Pallares señaló que esta decisión fue socializada con días de anticipación y aprobada por las personas, que retornarán por avanzadas, primero los líderes, y luego adultos mayores y familias completas.

Frente a las amenazas que constituyen los constantes enfrentamientos de los grupos armados en el territorio, el líder manifestó que uno de los propósitos de este regreso es justamente enviar un mensaje de paz “para que los actores entren en razón y no usen sus armas contra la población civil”.

Indicó que “los actores sociales tenemos mecanismos de autoprotección que la insurgencia debe respetar”, y al mismo tiempo reiteró la necesidad de regresar, ya que “dispersos no vamos a hacer nada”.

Pese a la salida de este contingente de desplazados, en la ciudad, según registros oficiales, sigue habiendo más de 30.000 desplazados, algunos ubicados en albergues temporales, hoteles, o casas de familia.

Preocupación

Frente a esta decisión, autoridades civiles y militares del departamento se reunieron de urgencia para evaluar la situación y, al término de la misma, advirtieron sobre los riesgos a los que se están exponiendo estas personas, entre las que se encuentran mujeres y niños.

“Las condiciones no están dadas para un retorno masivo. Una operación como esta debe estar acompañada de seguridad y planes productivos, y nada de eso está. Lo que están haciendo es muy arriesgado”, dijo de manera tajante Luis Fernando Niño, Alto Consejero para la Paz de Norte de Santander.

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Por su parte, George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, expresó que “la preocupación es grande, porque las cosas en el territorio no están bien”.

El mayor temor de esta operación es porque las personas ni siquiera van a llegar a sus casas sino que, como lo dijo Pallares, se van a ubicar en un refugio en la vereda Beltrania, Tibú, municipio donde el número de desplazados es de 8.900 y 9.651 confinados.

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En este contexto, el general Mario Contreras, comandante de la Brigada 30 del Ejército y designado comandante militar para la región del Catatumbo dentro del marco del Estado de Conmoción Interior, señaló que la acción es desacertada, porque en el lugar donde esperan establecerse se han registrado combates entre grupos armados y la propia fuerza pública.

Sin embargo, “aunque se trate de una acción improvisada, debemos responder a nuestra misionalidad y brindar la debida seguridad a estas personas que se desplazaron hasta allá”, señaló Contreras.

Reconoció que la tarea será compleja, toda vez que las fuerzas militares no están en capacidad de anticipar o repeler los ataques con drones, que se han convertido en la nueva modalidad de estos grupos armados.

En contraste con la preocupación de la institucionalidad local, el presidente Gustavo Petro reaccionó de manera favorable en su cuenta X a la noticia del retorno al Catatumbo, destacándola como un logro de la conmoción interior.  

“La conmoción interior está rindiendo frutos: congelada la ofensiva militar del ELN. Aunque se alista al ataque. Posibilidad de finiquitar el proceso de paz con el frente 33; más de 7.500 hectáreas de hoja de coca inscritas en el programa de pagos por erradicación voluntaria y empieza el retorno del campesinado a sus zonas”, dijo el presidente.

Presión de fuerzas externas

La Opinión conoció que la repentina decisión de comenzar el regreso al Catatumbo no obedece necesariamente a una determinación propia de los habitantes desplazados de esta región, sino que es una acción condicionada por las presiones a las que estarían siendo sometidos.

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Una de las principales motivaciones para el regreso, serían las constantes amenazas de no recibir las ayudas prometidas por la oferta institucional nacional de no encontrarse en territorio.

Estas acciones de constreñimiento ya habrían sido detectadas y están generando un profundo rechazo entre autoridades gubernamentales, que aseguran que a estas personas las están llevando de “gancho ciego” a una zona todavía muy conflictiva.

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