El niño que fue asesinado a manos de presuntos miembros de la disidencia de las Farc, la mañana del viernes, en el sector conocido como Barrio Largo, de Tibú, junto con otro joven, luego de ser sorprendidos supuestamente robando, es de la etnia wayúu que está en Maracaibo (Venezuela).

Según el documento de identidad, el menor tenía 15 años. La Opinión también conoció que hace un par de meses él y un hermano se vinieron de Venezuela para Colombia, a buscar una mejor vida económicamente, radicándose en la vereda Versalles, de Tibú.

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Los dos hermanos, supuestamente, habrían estado trabajando como ‘raspachines’ en los cultivos de coca que hay en esa zona, en el corazón del Catatumbo.

Pero hace unos días, el pequeño, al que protegemos su nombre por ser víctima de un grupo armado ilegal, conoció al joven que mataron a su lado, y, según versiones, ellos dos decidieron trasladarse a Tibú, sin que alguien supiera qué iban hacer en esa población.

El hermano del menor de edad les habría contado a las autoridades que desde que el niño se la pasaba con el otro muchacho, decidió no volver a trabajar en los cultivos de uso ilícito y comenzó a andar con él de un lado para otro.

Precisamente, el menor y su hermano habrían hablado horas antes de su muerte y quedaron en encontrarse el domingo10 de octubre en el casco urbano de Tibú, para conversar y enviarle un dinero a su familia en Venezuela.

Pero el viernes, minutos más tarde del doble crimen, el hermano del menor de edad recibió las fotos de los cadáveres en su WhatsApp, enterándose de la trágica noticia, por lo que de inmediato avisó a sus familiares en Venezuela para que se trasladaran a Tibú y así adelantar las diligencias para reclamar el cuerpo y sepultarlo.

La otra víctima aún permanece sin ser identificada en la morgue de Medicina Legal, solo se sabe que en uno de sus brazos tenía un tatuaje con el nombre Jackson y que muy posiblemente tendría la mayoría de edad. Las autoridades creen que él también vivía en la población Caja Seca, ubicada al sur del Lago de Maracaibo (Venezuela).

¿Policías en problemas?

Precisamente, el doble asesinato hoy tiene en apuros a los policías de Tibú, pues varias personas que estuvieron presentes cuando los jóvenes fueron atrapados, presuntamente, robando en un local de ropa, denunciaron que llamaron más de un docena de veces a las autoridades para que se hicieran cargo de ellos, pero que jamás les contestaron.

Sin embargo, es reprochable el proceder de algunos comerciantes, habitantes y mototaxistas, que decidieron amarrarles las manos a los jóvenes y grabarlos en videos, violando los derechos que tenían ellos, pues como dicta la ley, los menores de edad tienen una protección especial porque en muchas ocasiones son instrumentalizados para cometer delitos.

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Además, si la Policía no respondió a sus llamadas, porque no buscaron otra autoridad como al Alcalde, Personero o la misma iglesia católica para que se encargara de llevarlos ante las autoridades.

El coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Norte de Santander, sostuvo que una vez conocieron esas denuncias, ordenó que los uniformados que están en esa población del Catatumbo sean investigados por una posible negligencia y omisión a sus funciones.

“Ante las denuncias de algunas personas, que han advertido sobre actuaciones de miembros de la Policía en Tibú, hemos abierto una investigación disciplinaria interna, con carácter de prioridad, de la misma manera le hemos pedido a la justicia penal militar que investigue desde su competencia e igualmente se está trabajando con la Fiscalía General de la Nación, desde que ocurrieron los hechos”, sostuvo el alto mando.

Además, uno de los hombres que aparece en los videos durante la detención de los dos muchachos, sostuvo que, “incluso ofrecí mi vida en el momento de que hubo el primer forcejeo, cuando ellos (disidencia) vinieron a llevárselos. En el segundo intento ya para llevárselos, no pudimos hacer nada, porque nos llegaron con armas en mano”.

Ese momento cuando los desconocidos les apuntan a la cabeza a las víctimas para que caminen hasta donde habían dejado unas motos y se las llevaron, también quedó grabado en unas cámaras de seguridad.

Además, hay personas que señalaron que los hombres armados pasaron por el frente de la estación de Policía con las dos víctimas, sin que hubiese una reacción por parte de los uniformados.

Minutos más tarde, al niño y al otro joven los dejaron muertos en la salida de Tibú que conduce a El Tarra. En ese sector conocido como Barrio Largo, los asesinaron de varios disparos en la cabeza.

El coronel Martínez también señaló que desde la Policía condenan lo ocurrido y reiteró que tienen una recompensa de hasta $100 millones para quien entregue información que lleve a la captura de los responsables del doble asesinato.

Pero por ahora, las autoridades no tienen muchas pistas de los homicidas, a pesar de que en Tibú se encuentra una comisión indagando y analizando los videos de seguridad que han circulado por las redes sociales.

Además, se anunció la llegada de un coronel para dirigir el distrito 4 de Policía que tiene su comando ahí mismo en el casco urbano de Tibú.

No paran las reacciones

Ayer, en un comunicado de prensa, el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, les pidió a las autoridades aclarar el doble homicidio y acelerar la investigación. “Desde la regional de Norte de Santander se viene haciendo seguimiento permanente al caso y brindando acompañamiento a la comunidad, que ha manifestado temor por la forma en la que ocurrió el crimen”.

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El funcionario también señaló que, “particularmente, repudiamos que un menor de edad haya resultado asesinado, dado que los niños, niñas y adolescentes gozan de especial protección del Estado”.

Camargo advirtió que la Defensoría del Pueblo seguirá acompañando a la comunidad de Tibú a través de sus equipos de trabajo en el territorio. “Reiteramos nuestro llamado a la comunidad a denunciar ante las autoridades competentes cualquier acción contraria a la Ley, y a estas últimas a tomar las acciones necesarias para brindar garantías de seguridad a la ciudadanía, ya que a través de nuestras alertas tempranas hemos advertido riesgos de homicidios, reclutamiento forzado, extorsiones, amenazas a líderes sociales, entre otros, por parte de grupos armados ilegales, particularmente de la disidencia de las extintas Farc, Eln, Clan del Golfo, entre otros”.

La Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, capítulo Provincia de Ocaña – el Catatumbo, también se solidarizó con las familias del menor de edad y el otro joven asesinados.

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“Estos homicidios son un acto cruel y vil, que no solamente debe ser rechazado por las organizaciones que actuamos en el territorio defendiendo los derechos humanos, sino también por la comunidad en general. Frente a los autores, exigimos una condena ejemplar, pues no se puede tolerar bajo ningún pretexto que en nuestro país, ante la ausencia del Estado, entren los grupos al margen de ley a querer imponer la justicia por propia mano, desconociendo los derechos fundamentales, tanto de los menores, como de las comunidades que habitan en la zona. Estos son crímenes de lesa humanidad, y deben conllevar a que se tomen acciones contundentes por parte de las autoridades para que en nuestro territorio se eliminen las ejecuciones extrajudiciales”, señaló el comunicado emitido por la corporación.

Asimismo, insistió en que “desafortunadamente, debido a la pasividad de las autoridades, este caso evidencia una práctica sistemática en el territorio, que inicia con el señalamiento y posterior asesinato de menores, jóvenes, mujeres y/o personas migrantes consideradas no gratas en la región del Catatumbo”.

La Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo también rechazó este cruel asesinato de los dos jóvenes y pidió el respeto por la vida e integridad de los niños en esta región.

Además, alertó sobre que esta no es la primera vez que ocurre un hecho como este y recordó que en el Catatumbo también se da el reclutamiento forzado, como los accidentes con explosivos improvisados y la violencia sexual.

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