Hace tres semanas volvió a quedar en evidencia que la frontera entre Norte de Santander y Venezuela, sin importar si está abierta o cerrada, ha sido usada por años para ganar dinero de forma ilegal.
Y entre tantos negocios que se han desarrollado bajo este mecanismo, se encuentran las exportaciones ficticias de mercancías desde Colombia hacia Venezuela, que en muchas oportunidades se prestan para tener exorbitantes ganancias con transacciones ilegales, que finalmente terminan siendo un ‘blanqueamiento’ de divisas.
Precisamente, esas falsas o ficticias exportaciones resultan ser aquellas en las que una persona o empresa simula o aparenta haber realizado una venta de bienes o servicios a alguien o a una compañíaen el exterior, obteniendo un provecho ilícito de un tercero, sin que las autoridades logren detectarlo rápidamente.
Aunque las autoridades colombinas le han puesto el ojo a esto, es muy poco lo que alcanzan a hacer, bien sea por falta de pruebas o por lo lento y complicado que resultan ser las investigaciones y una clara muestra de eso es una reciente operación que llevó a cabo la Policía y la Fiscalía en Cúcuta, que dejó a varias personas capturadas, pero que por haberse configurado ese delito hace 15 años, quienes fueron detenidos, quedaron en libertad mientras que se lleva a cabo el juicio y el juez decide qué tipo de condena les otorgará.
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Cinco años delinquiendo
Quince años después de que se puso a andar un ‘jugoso’ negocio de supuestas exportaciones de pieles hacia Venezuela, aprovechando el enorme flujo comercial que se estaba dando en ese momento en la zona fronteriza de Norte de Santander y las transacciones en dólares aumentaban, las autoridades judiciales y aduaneras decidieron actuar en contra de una presunta organización que durante un periodo de cuatro años, en ese entonces, se dedicó a lavar dinero.
Más de $63 mil millones –según las autoridades- fue lo que la estructura logró apropiarse mediante dichas operaciones mercantiles, que para los investigadores resultaron ser ficticias, pues quienes presuntamente están implicados, no tenían la capacidad económica para hacer ese tipo de transacciones.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) fue la primera autoridad que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo entre Cúcuta y Mérida (Venezuela), especialmente entre 2007 y 2009, con las supuestas exportaciones y los respectivos reintegros de divisas.
La UIAF vio que el negocio estaba entre dos empresas, una ubicada en la capital nortesantandereana, con el nombre de Cristomonserrat S.A.S, y la otra en territorio venezolano era Distribuidora Alciper CA, supuestamente los dueños de ellas eran los mismos. Entre los socios figuran unos contadores públicos, quienes eran los encargados de burlarse de las autoridades tributarias y fiscalizadoras.
Los investigadores también se dieron cuenta de que esas mismas personas figuraban como proveedores nacionales de mercancías y aparecían con ventas de hasta más de $12 mil millones hacia la empresa Cristomonserrat S.A.S, y lo peor de todo fue que ninguna de ellas ejercía actividades de la industria del cuero.
Pero con lo que no contaba esa organización era que las entidades bancarias por donde hicieron las millonarias transacciones, prenderían las alarmas y de inmediato alertaron a las autoridades de lo que estaba pasando.
Según se conoció durante las audiencias concentradas, que se dieron contra cinco presuntos integrantes de esta estructura, que fueron capturados hace tres semanas, es que Cristomonserrat exportó entre 2007 y 2010 más de $63 mil millones a la Sociedad Distribuidora Alciper CA, en Venezuela, recibiendo como retorno en divisas más de $41 mil millones, operaciones realizadas por la comercializadora mediante una cuenta corriente de una entidad financiera en Cúcuta, “siendo 2008 el año en el que más hizo operaciones. Los ítems que alimentaron la cuenta fue ‘pago de compra de divisas’”, sostuvo la Fiscalía.
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La mercancía exportada (pieles) -según el reporte judicial- fue adquirida por la comercializadora a cinco proveedores principalmente, que serían los mismos socios de las empresas, y otros terceros, que, por lo visto por los investigadores, no tenían la capacidad económica, ni financiera, ni la infraestructura para hacer esas ventas.
Con todo esto, la UIAF de inmediato le notificó a la Fiscalía para que asumiera la investigación, dándole paso a un proceso penal contra quienes harían parte de las empresas y aparecían como los responsables de las millonarias transacciones.
Fue así como los investigadores judiciales vieron que la empresa Cristomonserrat S.A.S fue constituida en septiembre de 2006, con un capital de $400 millones y que su objeto principal era efectuar operaciones de comercio exterior y orientar sus acciones a la promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados externos. Además, conocieron que en tres oportunidades la oficina cambió de dirección.
Otra cosa que notaron los investigadores es que quienes aparecían como dueños mayoritarios de la compañía, tanto en Colombia como en Venezuela eran Luis Bladimir Tarazona Pérez y Alcira María Pérez Zambrano, “cada uno de ellos con el 50% de participación. Haciendo esas exportaciones de pieles del año 2007 al 2009”.
En las pesquisas, las autoridades vieron que las exportaciones realizadas estaban soportadas principalmente por las compras (de pieles) que les realizó a los proveedores Fredy Omar Espinel, María Eugenia Navarro Pérez, Liliana Villamizar Ramírez, Sandra Liliana Castro Espinel y Argelia Ríos Álvarez.
La Fiscalía encontró que ellos habrían adquirido las pieles a proveedores ubicados en el barrio San Benito, en Bogotá, zona que es reconocida por el procesamiento y venta de curtiembres, pero en las indagaciones, los investigadores vieron que no tenían la capacidad económica, financiera ni de infraestructura para el procesamiento de las pieles a gran escala y tampoco contaban con los soportes contables que avalaran dichas compras.
Además, señaló el ente acusador que, “los cinco proveedores solicitaron la devolución del IVA por el sexto bimestre de 2008, todos por ventas a Cristomonserrat”.
Lo que vieron los investigadores es que, por ser contadores, entre ellos mismos se ayudaban para hacer la declaración del impuesto IVA y luego solicitar dicha devolución.
“Para 2008 la sociedad C.I. Cristomonserrat, reportó con compras de activos movibles a los señores Fredy Omar Espinel, María Eugenia Navarro Pérez, Liliana Villamizar Ramírez, Sandra Liliana Castro Espinel y Argelia Ríos Álvarez, por $12.305.987.699”, explicó la Fiscalía.
Análisis financiero
Dentro de la investigación, la Fiscalía también analizó las declaraciones de renta de 2006 a 2010 de la sociedad C.I. Cristomonserrat, logrando ver que en su primer año, la comercializadora declaró un patrimonio por $50.000.000, “valor que es inferior al capital suscrito y pagado con el que se constituyó”.
Para 2007 la empresa incrementó su patrimonio bruto a $14.225.369.000, conformado principalmente por cuentas por cobrar, y, según el ente investigador, solo en su primer año generó ingresos $13.232.058.000, pero para 2008, 2009 y 2010 el patrimonio bruto tuvo un incremento justificado en las cuentas por cobrar.
“Los pasivos aumentaron a partir de 2007, y se mantuvieron iguales en 2009 y 2010, es decir que los altos ingresos obtenidos por la comercializadora, no le ayudaron a disminuir (pagar) sus pasivos. Los ingresos y costos presentaron un aumento hasta 2009 y en 2010 decrecieron”, explicó la Fiscalía durante las audiencias concentradas.
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Dentro de las pesquisas, los investigadores también vieron que en 2008, la comercializadora reportó ingresos brutos operacionales por venta a la sociedad Distribuidora Alciper C.A. en Venezuela por $25.441.183.528 e ingresos brutos no operacionales por $1.941.685.537. “Estos dos montos representan casi el 100% de los ingresos declarados en renta para ese año por la comercializadora. Así mismo, reportó en exógena, cuentas por cobrar a Alciper C.A. por $18.693.240.894, lo que quiere decir que no se hizo el pago en su totalidad sobre esta operación”.
Y este análisis de año tras año, llevó a las autoridades hasta unas operaciones que fueron realizadas por la comercializadora en 2008 y 2009 a través de una cuenta corriente de un banco en Colombia. El 2008 fue el año en el que más operaciones hicieron, bajo la modalidad de pago por compra de divisas, siendo ordenadas por la sociedad Distribuidora Alciper C.A., de Venezuela.
Tal fue la investigación que adelantó la Fiscalía, que tiene un listado completo de todos los cheques que recibió esta organización por medio de las exportaciones ficticias, revelando quiénes se beneficiaron de las exportaciones ficticias.
La operación de captura
Con todo el material probatorio hallado, la Fiscalía logró que un juez avalara las órdenes de captura de quienes presuntamente ‘lavaron’ más de $63 mil millones, llevando a cabo la operación hace tres semanas.
Pero la Fiscalía, por medio del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército, solo logró detener a cinco de los presuntos responsables, se trataría de Freddy Omar Espinel, Liliana Villamizar Ramírez, María Eugenia Navarro Pérez, Argelia Ríos Álvarez y María Eugenia Moreno Santafé. El operativo se dio en Cúcuta, Chinácota y Chiquinquirá (Boyacá).
Pero luego de las audiencias concentradas, el juez decidió no enviarlos a prisión, porque consideró que no representaban un peligro para la sociedad y, además, el hecho se dio hace 15 años, siendo enviados a la casa, pero con la obligación de comparecer cada vez que sean citados para el juicio.
Los dos presuntos ‘cerebros’ de la organización y quienes se habrían quedado con gran parte del dinero, no fueron capturados.
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