Más de mil estudiantes de zonas rurales del municipio de Ábrego han quedado sin transporte escolar debido a una polémica entre el alcalde Huber Darío Sánchez Ortega y un grupo de concejales que cuestionan las condiciones técnicas de los vehículos contratados para prestar el servicio.
La disputa surgió luego de que varios miembros del concejo municipal, entre ellos Dairon Ascanio, Ronald Bayona y Edilson Arévalo, denunciaran ante la Procuraduría presuntas irregularidades en el contrato por $647 millones suscrito con la empresa Transporcol, del municipio de Río de Oro, Cesar. Alegan que los automotores no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad exigidos para transportar menores de edad.
En respuesta a las denuncias, el mandatario local tomó la determinación de liquidar el contrato en común acuerdo con la cooperativa transportadora, lo que dejó sin servicio a los niños de veredas alejadas como las del corregimiento Unión Campesina, donde los estudiantes ahora deben caminar hasta dos horas para llegar a sus escuelas.
Lea además: El arte se toma las calles de Ocaña con circo-teatro itinerante al aire libre
“Todos los municipios del país contratan con empresas legalmente constituidas, pero en zonas rurales se usan vehículos que no siempre cumplen con todas las especificaciones técnicas. Hoy tiran la piedra y esconden la mano. No voy a permitir que esto afecte mi vida personal y profesional”, expresó Sánchez Ortega, quien también cuestionó la actitud de los concejales al señalar que, en administraciones anteriores, aprobaron condiciones similares sin reparos.
Alcalde defiende el contrato
El alcalde defendió la legalidad del contrato, registrado en el Secop, y aseguró que su reelección fue fruto de una gestión exitosa en su primera administración. En cambio, acusó a los concejales de buscar protagonismo político de cara a las próximas elecciones, obstaculizando proyectos que beneficiarían al campesinado.
Por su parte, el concejal Dairon Ascanio, representante de la Unión Campesina —una de las zonas más afectadas—, manifestó que la decisión de suspender el servicio fue una represalia tras la solicitud formal de documentos como la revisión técnico-mecánica, SOAT y licencias de conducción. “Solo pedimos lo básico para garantizar la seguridad de los niños. La reacción del alcalde fue desproporcionada”, afirmó.
Ascanio agregó que la comunidad del corregimiento, conformado por 16 veredas, ha sido históricamente golpeada por el conflicto armado y que este tipo de decisiones agravan la exclusión social. “No actuamos de manera agresiva. Solo cumplimos con nuestra función de vigilancia”, recalcó.
El concejal Ronald Bayona fue aún más crítico y calificó la administración de Sánchez como una “pequeña dictadura”. “Nos acusa de boicotear su gestión, pero lo único que buscamos es transparencia. No acepta las críticas ni reconoce la oposición constructiva”, afirmó.
Mientras tanto, los estudiantes del casco urbano sí continúan recibiendo el servicio, lo que ha generado un fuerte sentimiento de desigualdad entre las comunidades rurales.
El alcalde, en defensa de su actuar, censuró también al concejal Edilson Arévalo, recordando que fue uno de los responsables de la pignoración de recursos para agua potable y saneamiento básico por 25 años. “No son coherentes entre lo que dicen y hacen. Han sido cómplices del deterioro fiscal del municipio”, concluyó Sánchez.
Lea además: Motociclistas ruidosos serán sancionados con Ley Antirruido en Ocaña
La crisis del transporte escolar en Ábrego pone en evidencia las tensiones políticas al interior del gobierno local y deja en el limbo a cientos de niños campesinos que ahora enfrentan mayores barreras para acceder a la educación.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
