Mari del Carmen Caldera nació en el estado Yaracuy, Venezuela, y desde hace más de 7 años reside en Colombia con sus dos hijas. Docente, defensora de los derechos humanos y protectora de las mujeres, sin importar su nacionalidad. Esta venezolana residenciada en Cúcuta fue una de las primeras personas venezolanas que consiguió la condición de refugiada en Norte de Santander. El 28 de diciembre de 2016 hizo la solicitud de refugio y fue aceptada casi tres años después, en octubre de 2019.

Caldera tiene dos hijas, a quienes también cobija la medida de refugio, y quienes están en Colombia gozando de los beneficios de ser refugiadas, pero sin poder regresar a la tierra que las vio nacer, porque no es garantista de sus derechos fundamentales.

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Mari esperó tres años para lograr obtener la condición de refugiada en Colombia. Ella es una muestra de cómo lograr adquirir este estatus en el país, es complicado y tardío.

Sin embargo, recientemente la Autoridad Nacional en materia de Determinación de la Condición de Refugiado y el Ministerio de Relaciones Exteriores expuso las cifras más actualizadas de solicitantes de refugio en el país. En el encuentro, que se celebró en las instalaciones de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, se explicó cómo se viene transformando el Sistema de Refugio en Colombia, esto debido al alto número de solicitudes.

Entre los datos más relevantes, expuestos por la autoridad nacional y el ministerio, está que de enero a diciembre de 2024 el Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado admitió un total de 9.163 solicitudes de determinación de la condición de refugiado, siendo abril el mes que presentó un mayor número de admisiones con 1.018.

Detallaron que del total de solicitudes admitidas (9.163), 5.950 fueron hechas por mujeres y 3.213 por hombres. Al analizar estas solicitudes por grupo etario indicaron que: 1.615 corresponden a adultos mayores, 7.450 a adultos y 98 a niñas, niños y adolescentes.

“En lo que se refiere a las nacionalidades, de las solicitudes admitidas el 94,5% corresponden a nacionales venezolanos; el 3,4% a ciudadanos cubanos; el 1,1% a ecuatorianos; y el 0,2% a nacionales de Perú. El restante 0,8% corresponde a otras 22 nacionalidades e indocumentados”, precisa el balance presentado por la Cancillería.

Además, durante el 2024 fueron reconocidos como refugiados, de acuerdo con la definición contemplada en la legislación colombiana, 118 extranjeros. Aquí es importante subrayar que de los 2.9 millones de migrantes venezolanos que, de acuerdo con Migración Colombia, se encuentran en el país, solo el 2,2% corresponde a refugiados y solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado.

Políticas cambiantes

Durante este encuentro se sostuvo que Colombia como Estado se ha mantenido con una política de puertas abiertas a los extranjeros.

Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) en Venezuela y responsable del área de derechos de migrantes y refugiados, explicó que de acuerdo con la norma de Colombia las personas que han dejado su país de origen por fundados temores de persecución y amenaza por raza, opinión política, religión, nacionalidad o grupo social, pueden solicitar este tipo de protección en los países de acogida.

Y detalló que otra causa, para Colombia “es la definición ampliada de refugio en la Declaración de Cartagena”. Para esta definición se especifica que cuando una persona sale de su país por una situación generalizada de violación de derechos humanos y le afecta de forma directa su vida, integridad y libertad, entonces necesita de protección internacional.

A partir de 2017, Colombia experimentó un aumento sostenido de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado por año, lo que desbordó la capacidad del sistema y del procedimiento establecido para atender a los extranjeros que buscan la protección del Estado colombiano.

Sobre este aspecto, Bolívar precisó que quienes soliciten refugio en Colombia deben diligenciar un formulario y presentar pruebas de su situación ante la Cancillería, dónde las mismas serán estudiadas por la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (Conare). Sobre el tiempo para estudiar y dar respuesta a los casos, manifestó que debe ser de 180 días; sin embargo, este plazo no se cumple porque la respuesta a los casos llega a tardar de 3 a 4 años.

La necesidad de hacer un proceso de revisión minucioso al sistema de refugio en el país surgió y para ello se congregaron la Corte Constitucional, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia (Acnur), la academia, y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La embajadora Isaura Duarte, coordinadora del GIT de Determinación de la Condición de Refugiado explicó que como parte de este rediseño se expidió el Decreto 089 del 25 de enero de 2025, por medio del cual se promete agilizar la determinación de la condición de refugio en Colombia. Sin embargo, esta normativa contiene algo significativo y es que permite a los solicitantes de la condición el derecho a trabajar en el país.

Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), explicó que en cuanto a los derechos básicos que tienen los refugiados, recalcó que los solicitantes y los que cuentan con una condición ya aprobada, tienen derecho a acceder a los sistemas de salud y a no ser deportados. Comentó que las diferencias entre ambos consisten en qué los refugiados tienen derecho a trabajar de manera legal, así como de una protección por parte del Estado y de documentos que les permitan movilizarse y estar de forma regular en el país.

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La embajadora señaló que con “esta adecuación normativa se tendrá un procedimiento más ágil y expedito de las solicitudes, con el cual el Ministerio, como autoridad nacional en materia de Protección internacional, y en particular del reconocimiento de la condición de refugiado, espera atender las legítimas preocupaciones de todos los actores interesados. El nuevo procedimiento establecerá plazos razonables en cada una de sus etapas, asegurando siempre el debido proceso”.

El Ministerio confía en que la nueva norma permita agilizar los procedimientos y tomar decisiones en plazos más cortos, así como garantizar el acceso a derechos y servicios de los solicitantes desde el momento en que su solicitud es admitida.

Sistema moderno

El Sistema de Protección Internacional en Colombia está siendo fortalecido, según explicaban los representantes del ministerio, y para ello desarrollaron una plataforma de información diseñada a la medida de las necesidades del sistema de refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Esta herramienta, desarrollada durante 18 meses con la cooperación de Acnur Colombia, con un costo de tres millones de dólares entró a funcionar en julio pasado y, permite mantener la trazabilidad del procedimiento, desde que se genera la solicitud hasta que se da una respuesta definitiva, lo que contribuirá a dar respuestas oportunas y en menor tiempo a las nuevas solicitudes recibidas a partir de julio 2024”, explica la Cancillería.

Por la implementación de esta plataforma (sistema HIT PLUS (+), por primera vez el país cuenta con cifras confiables y detalladas en materia de refugio, con lo cual se tiene una herramienta fundamental para el diseño de la política pública en este sentido.

El sistema le permite al Ministerio medir los resultados, de manera “que sabemos que durante 2024 se procesaron 7.898 casos que, debido a la congestión y la acumulación histórica de procesos, en su mayoría corresponden a solicitudes ingresadas antes de 2023. En efecto, 5.594 son solicitudes admitidas entre 2017 y 2022; y las restantes 2.305 procesadas, fueron admitidas entre 2023 y 2024”, indicaron.

Redacción: Keila Vilchez B. / Juan Marco Rivas practicante de periodismo.

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