Colombia sufrió en 2024 un evidente deterioro de su situación humanitaria por cuenta del accionar violento y las estrategias de control territorial que ejercen los grupos armados en varias regiones del país, incluida Norte de Santander, al punto de alcanzar su nivel más crítico en los últimos ocho años.
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La advertencia la hizo ayer el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al presentar el balance humanitario del año anterior, en el que una de las principales conclusiones fue el considerable aumento de los riesgos para la vida, la integridad y la dignidad de miles de personas, por cuenta de la permanente violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Sin que se hubiera documentado todavía lo ocurrido en el Catatumbo desde que comenzó este 2025, el CICR dice en su informe que la intensificación de las disputas entre los actores armados ilegales, su reconfiguración y fragmentación, pero también los mecanismos de control social que impusieron entre las poblaciones se convirtieron en una amenaza para las comunidades.
En total, el organismo internacional documentó 382 presuntas violaciones al DIH, de las cuales el 44% corresponde a actos dirigidos contra la vida e integridad física y mental de civiles, un 33% por incumplir la obligación de proteger a la población y los bienes de las personas, y el otro 23% por hechos que afectaron la satisfacción de necesidades básicas de las poblaciones afectadas.
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“El uso de artefactos explosivos, los desplazamientos y confinamientos, así como la gravedad de los ataques a la asistencia de salud, se elevaron en números que no se veían en el país hace más de ocho años. A pesar de ser un año particularmente complejo, desde 2018 la delegación viene advirtiendo sobre cómo las consecuencias humanitarias se han agravado año tras año”, manifestó Patrick Hamilton, jefe de la Delegación del CICR en Colombia.
Aumentan las víctimas de artefactos explosivos
De acuerdo con el informe, una de las afectaciones más críticas tuvo que ver con la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos, que elevó la cifra de afectados en 2024 a 719 personas, entre heridas y fallecidas.
En 2023 el número de víctimas por estos hechos se ubicó en 380, lo cual indica un aumento del 89% entre un año y otro.
De los afectados 482 eran civiles (62% hombres y 38% mujeres), 163 integrantes de la Fuerza Pública y 74 miembros de los grupos armados.
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“En 2024, registramos accidentes causados por diferentes tipos de artefactos explosivos en 78 municipios del país. En 39 de ellos no se habían reportado accidentes el año anterior. Además, por primera vez en ocho años, se registraron víctimas en el departamento de Amazonas, una región que hasta entonces había permanecido libre de esta amenaza”, dice el Comité Internacional.
Confinamiento, en su punto más crítico
El balance humanitario del CICR también advierte que el año pasado fue uno de los más críticos en materia de confinamiento, en ocho años, alcanzando un aumento en los eventos de este tipo del 102%.
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“Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 88.874 personas estuvieron confinadas en 2024, lo que representó un incremento del 89% frente al año anterior. La restricción del movimiento limitó el acceso de las comunidades a alimentos, servicios de salud, educación y otros servicios básicos”, dice el informe.
Ante el temor de quedar en medio del fuego cruzado y las amenazas directas por parte de los grupos armados, muchas personas decidieron limitar su movilidad y adoptar ciertas medidas de protección que pusieron en riesgo su integridad.
“Esta circunstancia tuvo múltiples efectos sobre la población civil, ya que impidió su acceso a necesidades básicas de supervivencia, como alimentos y servicios de salud. En algunos casos, supuso un deterioro en las condiciones de salud físicas y mentales. También afectó de manera drástica el acceso seguro al agua y el saneamiento básico, lo cual aumentó su vulnerabilidad”, señala el CICR.
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En el balance se agrega que el desplazamiento continuó siendo otra de las principales consecuencias de los conflictos armados en el país. “41.228 personas se vieron obligadas a desplazarse masivamente, mientras que 117.697 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por desplazamientos individuales”.
Norte, entre las regiones con más desapariciones
Si bien 2024 fue un año en el que los indicadores mejoraron en Norte de Santander en materia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el CICR alertó que esta región del país se ubicó en el quinto lugar con más casos documentados de desaparición por cuenta del conflicto armado.
Thais Rana, jefa de la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja en Cúcuta, dijo que en el balance humanitario del año pasado se vio un incremento del 13% en hechos de desaparición y que tres de los siete departamentos más afectados están en el Nororiente colombiano.
“Esto nos preocupa, además de lo que se presentó en 2024, que fue una estigmatización de la población, en medio de la disputa por el control social del territorio. Con esto hay consecuencias humanitarias”, dijo.
El CICR no entregó las cifras discriminadas por región, al considerar que estos son apenas los hechos que documenta el organismo y que podrían ser un subregistro frente a la dimensión que representa este flagelo en el departamento y el país.
La delegada en Norte de Santander recalcó que aunque en 2024 hubo una mejora en las cifras de acciones en contra de la población civil, el 2025 ha representado todo lo contrario para las comunidades del Catatumbo, pues lo que hay es una agudización del conflicto.
De ahí que el Comité Internacional de la Cruz Roja actualizará el informe a mediados de este año, teniendo en cuenta las graves violaciones a los derechos humanos que se han presentado en estos primeros meses en la región.
Al respecto, Patrick Hamilton, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, reconoció que lo que preocupa es que el panorama para este año en materia humanitaria no es nada alentador.
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