El presidente Gustavo Petro insiste en la inversión forzosa y por eso introducirá ante el Congreso una iniciativa destinada a “sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción, como se está haciendo hace décadas con la agricultura”.
Para el economista y exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, la de Petro es una propuesta “peligrosa y anticuada”, porque este tipo de inversiones se usaron hace más de 40 años y fueron abandonadas en todos los países.
Restrepo dijo a La Opinión que, en Colombia, las únicas inversiones forzosas que quedan son las del sector agropecuario, porque los bancos deben suscribir bonos de Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario) para apoyar el campo.
“Aparentemente, lo que buscan es captar una porción grande del ahorro nacional, para que sea el Gobierno el que asigne esos recursos y no el sector financiero. Parte también de una equivocación conceptual muy grande, porque el Gobierno llama al ahorro que está en los bancos y corporaciones financieras ‘ahorro público’, cuando es algo privado”, añadió.
El director de ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón Camacho, explicó que, junto a su equipo, analizó lo que significan las inversiones forzosas, encontrando que, aunque es necesario aumentar el crédito productivo, esta medida podría distorsionar el mercado financiero y aumentar su riesgo, incrementando el costo del financiamiento.
Al igual que Restrepo, César Pabón recordó que la única inversión forzosa para los establecimientos de crédito que hay son los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), creados por la Ley 16 de 1990 y emitidos por Finagro. Precisó que los bancos deben destinar el 1% de sus inversiones a estos TDA.
César Pabón aclaró que incrementar las inversiones forzosas reduce el margen de intermediación, lo que a su vez disminuye las utilidades y el potencial de crecimiento de los establecimientos de crédito, deteriorando su liquidez y afectando decisiones sobre colocación, inversión y financiamiento.
“Esto es preocupante. Un aumento en las inversiones forzosas podría reducir la participación relativa de la cartera de créditos, afectando, especialmente, segmentos sensibles como el crédito a la microempresa. Estas inversiones representan deudas para las sociedades públicas financieras, aumentando la deuda pública, aunque no la del Gobierno”, añadió el economista.
El director de ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana expresó que su uso excesivo podría deteriorar la calidad crediticia y encarecer la deuda soberana y el costo del capital propio.
Juan Camilo Restrepo destacó que el riesgo es que el Gobierno, al tomar esos recursos, los asigne incorrectamente, con criterios populistas o arbitrarios, resultando en malos préstamos otorgados, “como es la historia frecuente, por ejemplo, lo ocurrido con la Caja Agraria, y esas platas se pierdan, lo cual afectará a los ahorradores y los cuentacorrientes”.
El exministro de Hacienda enfatizó que se trata de una medida estatista, “quizás de las más peligrosas del presidente Petro”, y anticipó que la misma no se la va a aprobar el Congreso.
El dato
Según Corfocolombiana, al cierre del año pasado, el requerimiento de inversión en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) alcanzó $17,5 billones, mientras que la colocación total de crédito en el sector agrícola fue de $24,8 billones y el saldo de la cartera, de $40,3 billones.
De acuerdo con los investigadores, los datos desglosados por sectores de la cartera de créditos comerciales de los entidades, excluyendo a las instituciones oficiales especiales, estiman que el segmento de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca representó alrededor de $8 billones (20% del total) menos de la mitad de sus inversiones forzosas, por lo que la participación de los establecimientos de crédito en el sector agrícola se da mayoritariamente a través de TDA.