Con la entrega de las 12 preguntas de la Consulta Popular al Senado, ayer, por parte del presidente Gustavo Petro, sus ministros y en el marco de la marcha del Día del Trabajador, solo resta que el Legislativo comience sus actuaciones para darle el visto bueno a la convocatoria, la cual necesita al menos 55 votos a favor para que se haga efectiva.

Las interrogantes, de avalarse la realización de la votación y aprobarse cada una de ellas, buscarán implementar parte del articulado de la hundida reforma laboral.

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De la mano de la abogada laboral María Teresa Ortiz, experta en el área del trabajo y pensiones, La Opinión le trae una primera entrega con el análisis de cuatro de las preguntas.

Pregunta 1. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?

Según María Teresa Ortiz, la pregunta es incorrecta porque no incluye la jornada nocturna; es una interrogante “muy taxativa”. Además, es innecesaria, debido a que hay una norma en vigencia (Ley 2101 de 2021) que contempla la reducción paulatina de la jornada laboral, a partir de 2023, de 48 horas semanales a 42 horas semanales en 2026, siendo ese el máximo de horas que dure la jornada.

“La ley entraría en conflicto con esa pregunta, que es de orden populista y se presta para confusión”, recalcó.

Pregunta 2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?

De acuerdo con la experta, el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo contempla en esos casos un recargo del 75% sobre el salario ordinario y en proporción de las horas laboradas, debido a una modificación de la Ley 789 de 2002 que lo bajó del 100%, es decir, son 23 años con ese recargo.

“La propuesta incrementa lo reconocido al trabajador, pero también aumenta el gasto en nómina. Entonces, aunque concuerdo en que cada vez se deben mejorar las condiciones del empleado, no sería una buena medida en este momento, porque en las últimas dos décadas hemos tenido reformas tributarias, en promedio, cada 1,7 años”, añadió Ortiz.

Sostuvo que los que más pagan impuestos son quienes tienen empresa legal, recalcando que hay una asfixia a la clase empresarial y al trabajador independiente por tantos tributos. Así, la implementación de la medida promovería la informalidad laboral, “como lo ocurrido en Venezuela, que le dieron todos los beneficios al trabajador, pero no hay empresas”.

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Pregunta 6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

“Sería una buena medida, porque ellos están ejerciendo una labor. Sí quisiera que se formalizara el trabajo de los jóvenes del SENA, porque no les pagan lo que es, la seguridad social tampoco, lo cual por ley es así; se llama contrato de aprendiz”, indicó la abogada laboral.

María Teresa Ortiz dijo que, sin embargo, esta propuesta no da para llevarla a una consulta popular, porque es un gasto de dinero para el país. Se debe “caminar hacia allá”, pero de la misma manera en la que hubo la reducción de las horas de trabajo, con una ley extraordinaria, y no de esa manera, “con notas como de orden populista”.

Pregunta 7. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

Ortiz aseguró que sobre lo que no está legalizado no se puede construir una relación laboral, por lo que habría que, primero, propender porque esos servicios por plataformas que se consideran ilegales sean reglamentados por una norma. Entonces, “esta pregunta no es prudente en este momento, pues muchas plataformas se consideran ilegales; se caería en un contrasentido”.

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Para la experta en materia de trabajo, ante la compleja situación laboral de muchos en el país, estas aplicaciones son un mecanismo de obtener ingresos, pese a que, por ejemplo, los taxistas se opongan a las que brindan servicios de transporte público, por considerar que incentivan la informalidad.

“En ese caso, sería prudente, por lo menos, la garantía del pago de la seguridad social de alguna forma, porque eso pesa con el tiempo. La ausencia de pago de seguridad social lleva a que una población sea dependiente del Estado y no de al menos una pensión, que debería ser del mínimo digno”, agregó María Teresa Ortiz.

En conclusión, la abogada laboral resaltó que la Consulta Popular tiene preguntas que confunden y con enfoque populista, que, de aprobarse las medidas contempladas, haría que las empresas acudan a estrategias que terminen afectando el empleo formal.

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