Las quejas por la falta de entrega de medicamentos que debe suministrar Nueva EPS a sus afiliados en Cúcuta y Norte de Santander aumentaron de manera vertiginosa durante el año pasado, según reportes de la Superintendencia Nacional de Salud y la Personería de Cúcuta.

Los usuarios reportaron cifras récord de inconformidades, especialmente por la escasez de medicamentos, la negación de citas con especialistas, la remisión de pacientes a niveles de mayor complejidad en otras ciudades y la falta de convenios activos por parte de los operadores contratados.

Según la Supersalud, solo hasta el 14 de agosto de 2025 se había reabierto el 0,55 por ciento de los reclamos presentados, es decir 6.840 reclamaciones en salud, siendo las tres EPS con mayor tasa de reapertura: la Nueva Eps, Compensar y Emssanar. Esta cifra se habría triplicado entre los últimos cuatro meses del año pasado.

Según conoció La Opinión, casi ninguna Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), es decir, clínicas y centros médicos, está atendiendo actualmente a los usuarios de Nueva EPS. Entre las entidades que no prestan servicios se encuentran la Clínica San José, Medical Duarte y la Clínica Oftalmológica San Diego. En cuanto al suministro de medicamentos, la farmacia Cafam venía entregándolos de manera intermitente desde junio del año pasado y, desde noviembre, suspendió completamente la entrega, limitándose a entregar a los usuarios comprobantes de pendientes.

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Frente a esta situación, la personera de Cúcuta, Luddy Páez Ortega, aseguró a La Opinión que durante el segundo semestre de 2025 se evidenció un incremento significativo de quejas ciudadanas y solicitudes de acompañamiento por la no entrega o la entrega incompleta de medicamentos, una problemática que ha afectado directamente la continuidad de los tratamientos y, en consecuencia, el derecho fundamental a la salud.

De manera concreta, en el último semestre de 2025 la Personería tramitó 46 acciones de tutela relacionadas con la falta de suministro de medicamentos a usuarios afiliados a Nueva EPS. 

Además, adelantó cinco incidentes de desacato derivados del incumplimiento de fallos judiciales asociados a la entrega de fármacos, lo que evidencia una situación persistente y de especial gravedad para la población usuaria, explicó Páez.

En la mayoría de los casos, señaló la representante del Ministerio Público, se trata de población vulnerable, especialmente personas de escasos recursos o sin ingresos, que dependen completamente del sistema de salud para recibir de manera oportuna y continua los medicamentos que requieren.

Los reportes se concentran en pacientes con enfermedades crónicas como diabetes mellitus e hipertensión arterial, así como en personas con patologías cardiovasculares, donde la interrupción del tratamiento puede generar descompensaciones severas, urgencias médicas y complicaciones irreversibles, alertó la personera.

Entre los medicamentos que con mayor frecuencia figuran como pendientes se encuentran las insulinas (NPH, glargina y regular), la metformina y otros antidiabéticos formulados. También se reportan faltantes de antihipertensivos como losartán, enalapril, amlodipino e hidroclorotiazida, así como de medicamentos complementarios para el manejo del riesgo cardiovascular, entre ellos atorvastatina y ácido acetilsalicílico, cuando existe indicación médica.

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Adicionalmente, la Personería ha identificado un impacto significativo en pacientes con condiciones de salud mental y diagnósticos psiquiátricos, quienes requieren una estricta continuidad en sus tratamientos para evitar recaídas, crisis emocionales o descompensaciones que comprometan gravemente su estabilidad. 

En estos casos se han reportado faltantes de antipsicóticos como risperidona, quetiapina u olanzapina; antidepresivos como sertralina, fluoxetina o escitalopram; y ansiolíticos como clonazepam o lorazepam, según la fórmula médica.

Durante el segundo semestre de 2025, la Personería adelantó gestiones directas para lograr la entrega oportuna de los medicamentos, mediante acompañamientos, requerimientos, llamadas y visitas de verificación y exigencia del suministro. En particular, se realizaron actuaciones con los operadores farmacéuticos que prestaban el servicio para Nueva EPS en el municipio, principalmente Insercoop y Cafam, en busca de respuestas inmediatas ante la alta demanda ciudadana.

Asimismo, en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025 se llevaron a cabo visitas de seguimiento en las que se evidenció un panorama preocupante de desabastecimiento, represamiento de usuarios y afectaciones en la prestación del servicio. En varios casos, esta situación se relacionó con dificultades en el flujo de recursos, lo que impactó directamente la disponibilidad y entrega de medicamentos.

Desde el Ministerio Público se reiteró que esta situación no puede normalizarse, ya que la interrupción de tratamientos crónicos y psiquiátricos incrementa el riesgo de descompensaciones, urgencias médicas y un deterioro significativo de la calidad de vida de los pacientes.

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Frente a estos requerimientos, Nueva EPS anunció en octubre de 2025 supuestas mejoras en la atención; sin embargo, en Cúcuta y Norte de Santander estos cambios aún no se han reflejado, denunció la personera Páez.

La Opinión conoció que el miércoles pasado el Instituto Departamental de Salud, la Personería y delegados de la Procuraduría acompañaron una auditoría exprés al operador farmacéutico Cafam de Nueva EPS, con el fin de verificar las condiciones y el cumplimiento en la entrega de medicamentos a los usuarios.

No obstante, hasta el cierre de esta edición, el director del IDS no había dado a conocer los resultados de dicha auditoría. De igual forma, las directivas de Nueva EPS no habían emitido un pronunciamiento sobre las soluciones que se demandan para garantizar la entrega de medicamentos y la atención médica especializada a los cerca de 800.000 usuarios de esta entidad en Norte de Santander.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud emitió un pronunciamiento oficial sobre el reciente aumento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (PQRDS), señalando que este fenómeno obedece a una situación estructural y sistémica del modelo de salud, y no a las medidas administrativas impuestas a las Entidades Promotoras de Salud.

Según el ente de control, la tasa nacional de reclamaciones registró un incremento del 30,68 %, al pasar de 322,03 a 420,83 reclamos por cada 10.000 afiliados en el acumulado de los últimos 12 meses, con corte a noviembre de 2025.

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