En Colombia, los municipios de categorías 5 y 6, los más pequeños, generalmente con poblaciones cercanas o inferiores a 15.000 habitantes y menos de 10.000 predios, parten de condiciones mucho más restrictivas que las grandes ciudades o capitales departamentales para implementar su catastro multipropósito. 

Según el líder de Mercado de Administración de Tierras de Esri Colombia, Ecuador y Panamá, José Sánchez, su capacidad fiscal, tecnológica e institucional es limitada, lo que se convierte en barreras sobre los tiempos y con la calidad que exige la política pública. Entonces, el reto no es solo técnico, también estructural. 

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“Muchos municipios pequeños no cumplen aún con las condiciones de desempeño que les pide el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) para ser gestores catastrales. Si no se cierra esa brecha, se corre el riesgo de profundizar las desigualdades territoriales”, recalcó el experto. 

Sánchez recordó que, de acuerdo con datos de la Contaduría General de la Nación, de los 1.103 tres municipios de Colombia, 47 son categoría 5 y 956 son 6, es decir, el 26% del total nacional. En el caso de Norte de Santander, 36 de sus 40 municipios son categoría 6  y no hay de 5.

“Estos, especialmente los rurales dispersos, enfrentan un conjunto de retos que hacen cuesta arriba la implementación del catastro multipropósito”, apuntó el representante de Esri.

José Sánchez sostuvo que, cuando no hay claridad sobre los beneficios y no se garantiza la sostenibilidad, este sistema integral de información predial que va más allá de lo fiscal, se percibe como una carga y no como una oportunidad, lo cual “alimenta la desconfianza y frena procesos clave de ordenamiento territorial y formalización”.

Los desafíos

1. Restricciones financieras. Sus presupuestos son reducidos y registran bajos índices de desempeño fiscal y municipal. Esto limita la posibilidad de destinar recursos a la adquisición de tecnología, contratación de personal especializado y sostenimiento de la función catastral en el tiempo.
2. Déficit de capacidades técnicas e infraestructura tecnológica financiera. Muchas administraciones no cuentan con funcionarios formados en Sistemas de Información Geográfica (SIG), manejo de información geoespacial o normativa catastral. Esa carencia se traduce en dependencia de consultores externos y en mayores tiempos para implementar procesos.
3. Información predial desactualizada o incompleta. En muchos territorios persisten cartografías sin georreferenciación, ausencia de formación catastral previa en algunas zonas y registros físicos, jurídicos y económicos sin actualización reciente. 
4. Dificultades operativas y escasa presencia institucional. Las condiciones de seguridad, la presencia de grupos armados ilegales, los conflictos de tenencia de la tierra y las barreras topográficas hacen más costoso y riesgoso el levantamiento de información en campo.
5. Baja apropiación ciudadana. Persiste el desconocimiento de los beneficios del catastro multipropósito y la percepción de que cualquier actualización se traduce en aumentos excesivos del impuesto predial. Esto genera resistencias y puede frenar el acceso a la información en terreno.

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Rutas para superar la brecha

• Gestión de apoyo financiero y técnico. Acceder a recursos del Gobierno nacional, la cooperación internacional y los departamentos resulta crucial. También es clave solicitar acompañamiento del IGAC o de gestores catastrales con experiencia que puedan transferir capacidades.
• Fortalecimiento institucional interno. Capacitar al personal propio en SIG, normativa y herramientas catastrales, y conformar un equipo mínimo responsable del tema dentro de la alcaldía, permite reducir la dependencia externa y garantizar continuidad entre administraciones.
• Inversión progresiva en tecnología. Más que grandes inversiones, se trata de adoptar plataformas SIG, mejorar la conectividad y adquirir equipos esenciales de forma escalonada, priorizando soluciones interoperables y sostenibles en el tiempo.
• Organización y actualización de la información existente. Integrar en un repositorio único la información predial y geográfica disponible, depurarla e iniciar procesos por fases reduce costos y tiempos. Sobre esa base se pueden incorporar tecnologías de captura en campo y actualización continua.
• Mejor articulación institucional. Mantener una coordinación permanente con el IGAC, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), gobernaciones y municipios vecinos permite compartir buenas prácticas y acceder a soporte técnico y operativo.

“La clave está en asumir el catastro como un proceso continuo, no como un proyecto aislado de un solo año. Cuando se articula con la planeación, el recaudo y la gestión de tierras, se vuelve un activo estratégico del municipio”, subrayó el experto de Esri Colombia.

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Experiencias locales

Existen experiencias concretas de municipios de categorías 5 y 6 que han asumido la función catastral y que muestran resultados medibles, especialmente en el recaudo del impuesto predial.

Sesquilé (Cundinamarca, categoría 6), Sahagún (Córdoba, categoría 5) y Sabanalarga (Atlántico, categoría 5) han sido habilitados por el IGAC como Gestores Catastrales mediante resoluciones expedidas entre 2020 y 2021. 

Sesquilé es un caso de éxito evidente que muestra que es posible asumir la función catastral y obtener resultados fiscales y de gestión. Sin embargo, también evidencian que el proceso requiere tiempo, acompañamiento técnico y un enfoque de sostenibilidad.

La gran tarea pendiente es asegurar que los municipios de categorías 5 y 6, que hoy no cuentan con capacidades ni recursos suficientes, puedan acceder a esquemas de financiación, asistencia técnica y soluciones tecnológicas acordes con su realidad. 

Lo importante es entender que la implementación del catastro multipropósito en estos territorios es una condición para la equidad en el acceso a la información, la formalización de la propiedad, la planeación del desarrollo y la capacidad fiscal de los municipios más rezagados del país.

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