El proyecto de decreto del Gobierno, con el cual el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) sería el mismo en todas las ciudades del país, es decir, sin diferenciar entre capitales grandes e intermedias, tiene en alerta al sector construcción de Norte de Santander y de Colombia.

Además, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio propone que el valor máximo sea de 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), es decir, $236 millones, y que ese precio se pacte en pesos desde el inicio de la compra, sin posibilidad de indexarse luego al salario mínimo.

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De acuerdo con el gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en Cúcuta y Nororiente, Mateo Montebello, por ley, existen regímenes excepcionales, que son aquellas ciudades en cuya área conurbada supera el millón de habitantes, permitiendo que la VIS se comercialice en 150 smmlv.

“Estamos revisando la interpretación -del proyecto del decreto-. Creería que esos regímenes excepcionales se mantienen. Pero la parte que más nos preocupa es que la venta, en el momento en el que se le da el precio al comprador, se pacte en pesos colombianos y no pueda ser modificado”, agregó Montebello.

Para el director de Proyectos de Constructora Yadel, Juan Francisco Yáñez, el borrador va en contravía del Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, en el cual los topes de la VIS y la VIP (Vivienda de Interés Prioritario) están definidos en smmlv. 

“Por esta razón, el decreto carecería de sustento jurídico y es probable que se caiga ante una demanda. Habrá que revisar la legalidad”, agregó Yáñez. 

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El presidente de la Junta Directiva de Camacol, Andrés Ramírez, expresó que el Ejecutivo quiere imponer sus condiciones en el mercado, por el aumento desproporcionado del salario mínimo, sin pensar en las consecuencias.

“No sabemos qué tan viable sea cambiar el Plan de Desarrollo así, a pupitrazo. La ley establece condiciones y vemos un desequilibrio económico tácito en esta situación”, señaló el gerente de Vértices Urbanos.

Frenaría la construcción

Mateo Montebello manifestó que pactar un precio no indexado al salario mínimo genera dificultades financieras, porque ningún proyecto se entrega en el mismo año en el que se comercializa, sino a un plazo de uno, dos o más años.

“No puedo proyectar el valor futuro de esos 135 salarios mínimos. Si no que me toca vender hoy al salario actual, así sea que lo entregue en dos años, cuando me va a costar mucho más hacer esa vivienda. Eso llevaría a una rentabilidad mucho menor, porque no se sabe cuál sería la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) o del salario de esos dos años, y no puedo ajustar el precio al valor futuro”, añadió el gerente de Camacol.

Montebello aseguró que esta situación generará desistimientos de parte del comprador, al ver que la unidad habitacional negociada no le dejará utilidad, por lo que le devolverá el dinero al cliente, para volver a vender esa vivienda ajustada al precio actual, en busca de estabilidad comercial.

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Juan Francisco Yáñez recalcó que la propuesta genera un problema de estabilidad jurídica para constructores y compradores. Además, “da un mal mensaje, porque ataca la confianza de las partes”. 

“Los proyectos se venden, se ejecutan y se entregan en periodos de tres o más años. Es necesaria la estabilidad jurídica y que las condiciones pactadas se respeten. Esto, como todo lo de este Gobierno, es una medida populista, desesperada e improvisada por corregir el desajuste generado por el incremento excesivo del salario mínimo”, subrayó el director de Proyectos de Yadel.

Yáñez afirmó que lo que ocurrirá, de imponer control de precios, es que los empresas decidirán no construir ese tipo de vivienda, pues, está probado suficientemente, con los ejemplos de Venezuela, Argentina y otros países, que tal medida no funciona.

El gerente de Vértices Urbanos, Andrés Ramírez, también subrayó que el control de precios es una estrategia fracasada, porque lo que genera es más inflación y fomenta la economía informal.

“Los constructores llevamos tres años buscándoles soluciones a nuestros clientes y llegando a consensos con ellos, por las políticas irresponsables del Gobierno. En esta ocasión no será la excepción, para que no se afectan las partes”, concluyó Ramírez.

Al final, de implementarse el decreto, habría una caída en la construcción y venta de vivienda, porque el inventario disponible se demoraría más en salir del stock.

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