Complejo y poco alentador luce el panorama de la seguridad no solo en Cúcuta y su área metropolitana, sino en las diferentes ciudades del país donde el crimen ejerce una acción determinante, así lo evidenciaron expertos, académicos y analistas sociales en el II Foro de Violencia Urbana, organizado por la Fundación Progresar. 

Durante el encuentro, los expertos coincidieron en que la reconfiguración del poder criminal, la corrupción institucional y la presencia de economías ilegales, profundizan cada vez más el problema de la seguridad, dejando sin muchas posibilidades de maniobra al Estado.

Décadas de desatención

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar y anfitrión del evento, aseguró que Cúcuta enfrenta una crisis estructural en materia de seguridad debido a décadas de desatención institucional. “En la ciudad tenemos unos problemas estructurales producto de décadas de desatención. Los temas de seguridad no han sido prioridad para las autoridades locales”, señaló.

El defensor de derechos humanos advirtió que, históricamente, los gobiernos municipales y departamentales han limitado su papel a apoyar logísticamente a la Policía Metropolitana, sin desarrollar estrategias integrales de prevención y control del delito. “Los alcaldes han creído que la seguridad está únicamente en manos de la Policía, y eso es un error. Entregar gasolina o motos no soluciona los problemas de fondo”, sostuvo.

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Cañizares también mencionó la existencia de una crisis de legitimidad institucional, derivada de casos de corrupción y presuntos vínculos de algunos funcionarios con estructuras criminales. “Hay sectores importantes de la Policía Metropolitana de Cúcuta que conviven con el crimen organizado. Mientras existan servidores públicos en nómina de las estructuras criminales, no hay nada que hacer”, afirmó.

Otro de los temas destacados fue la expansión de las economías ilegales que, según Cañizares, mantienen una relación directa entre Cúcuta y el Catatumbo. 

Explicó que mientras los cultivos ilícitos y laboratorios se concentran en la zona rural, los capitales del narcotráfico se mueven en la capital nortesantandereana. “Parte del dinero del narcotráfico se maneja en la ciudad. En Cúcuta están quienes lavan el dinero, quienes financian campañas políticas y quienes buscan controlar el poder local”, indicó.

El activista advirtió sobre la aparición de una nueva generación de narcotraficantes locales, surgidos del mismo territorio campesino del Catatumbo, que hoy controlan recursos y buscan incidir en la vida política de la región. “Estamos frente a una reconfiguración del poder narco más violento y sofisticado. Estos nuevos actores no solo ejercen control económico, sino también político y social”, puntualizó.

Crimen globalizado

Durante su intervención, Alejandro Blanco, docente e investigador de la Universidad Libre de Barranquilla, amplió la mirada hacia el contexto regional y latinoamericano de la violencia urbana. 

Explicó que las bandas criminales en América Latina han evolucionado hacia modelos empresariales transnacionales, adaptándose a las dinámicas del capital global y a las respuestas de los gobiernos. 

“El crimen organizado se ha globalizado, aprende de las experiencias de otros países y construye redes internacionales, al igual que las grandes corporaciones”, comentó.

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Blanco se refirió también a la llamada “tríada del crimen latinoamericano”, integrada por Colombia, Venezuela y Brasil, a la que podría sumarse Ecuador. Según el académico, estos países comparten altos niveles de pobreza, debilidad institucional y fronteras permeables, condiciones que facilitan la expansión de redes criminales.

“La exclusión y la falta de oportunidades son el caldo de cultivo del crimen. Las bandas aprenden unas de otras, y eso fortalece su capacidad de acción transnacional”, explicó.

Respecto al panorama de Norte de Santander, Blanco destacó que el departamento es un punto estratégico donde confluyen diversos actores armados y economías ilegales. Su ubicación fronteriza y su compleja geografía lo convierten en un territorio clave para el tránsito de drogas, armas y mercancías. “Aquí convergen distintas estructuras criminales debido a factores sociales, económicos y geográficos. La frontera, el narcotráfico y la debilidad institucional hacen de este un escenario permanente de violencia”, subrayó.

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El académico concluyó que los retos para construir paz en Norte de Santander son de largo plazo y requieren políticas sostenidas que aborden las causas estructurales del conflicto. “La violencia se ha atomizado en los territorios y hoy es mucho más compleja. La paz no puede pensarse solo como un acuerdo político, sino como una transformación social e institucional profunda”, afirmó.

Mirada institucional

George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento y quien es además coronel retirado de la Policía Nacional, reconoció que ciertamente hay en la institucionalidad una falta de comprensión sobre el crimen trasnacional, al reducir el problema solo a organizaciones entre Colombia y Venezuela cuando, de acuerdo con los expertos, las hay de diferentes nacionalidades, desde mexicanas, rusas, turcas, marroquíes, entre otras. 

“Aquí no han querido entender, cómo hay una trascendencia de muchas mafias del mundo, que están metidas en Colombia, no solo en temas de narcotráfico, sino también en delitos de trata, informáticos, en una serie de situaciones más complejas”, dijo Quintero. 

Señaló que es bueno que la gente sepa que la situación de inseguridad va más allá del hurto o el atraco, incluso del conflicto armado entre el Eln y las disidencias de las Farc, sino que es un fenómeno más amplio, que involucra una dinámicas que terminan impactando en el departamento.  

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