Consolidar una planta de personal más robusta y operativa, haciendo un uso racional del gasto, es el fin último que persigue la Personería de Cúcuta con el proyecto de acuerdo 011, que fue aprobado en segundo debate por el Concejo Municipal el pasado 30 de abril, con un total de 11 votos a favor, seis en contra y dos ausencias, y actualmente espera por la sanción del alcalde Jorge Acevedo.

Sin embargo, tras esta decisión ha venido una andanada de cuestionamientos, toda vez que la implementación de este proceso de modernización y fortalecimiento de la Personería, supone la eliminación de 12 cargos -y asumir los trámites contractuales que eso conlleva- para crear 23, y elevar de este modo el número de funcionarios de 18 a 29.

La Opinión conversó con Fabio Torres, asesor de la Personería y líder del estudio del rediseño, quien explicó todos los factores que se tomaron en cuenta al momento de concebir este ejercicio de modernización institucional.

Las causas

Una de las principales causas que llevaron considerar la reforma en la estructura de personal, fue básicamente la ausencia del mismo para responder a las demandas del contexto actual de ciudad.

En este sentido, Torres explicó que la intervención a la estructura orgánica de la institución obedeció a cuatro razones: la necesidad de respuesta a los cambios normativos institucionales relacionados con la protección de los derechos humanos, a los cuales la Personería ya no estaba respondiendo, por lo menos desde el 2004.

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Otro aspecto fue la realidad organizacional interna de la entidad, para establecer una estructura que se base en procesos, tal como lo contempla el decreto 1499 del 2017. La tercera razón tiene que ver con los cambios orientados por el entorno.

En este sentido, Torres explicó que Cúcuta como municipio cabeza del área metropolitana, fronterizo, con problemas derivados del orden público, la gestión ambiental, con problemas en la prestación de servicios públicos, entre otros, requiere una Personería con la capacidad y la habilidad para poder responder.

La cuarta razón -dijo-  tiene que ver con el establecimiento de nuevos sectores de intervención como la implementación de los Acuerdos de Paz, que implican responsabilidades alrededor de víctimas; pero además el crecimiento demográfico, “esta es una Personería muy pequeña para un millón de habitantes y el entorno denso que eso implica”, señaló.

Indicó que es en atención a estos aspectos que se recurre a la eliminación de ciertas dependencias y a crear otras, como las de orden administrativo y de orden misional, sobre todo estas últimas que son las que, dice Torres, “mejoran e impactan la prestación de los servicios alrededor de los derechos que tienen que ver con la protección de la vida”.

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La polémica contractual

Torres señaló que de acuerdo con la reestructuración planteada, se requieren 41 cargos, de los cuales actualmente solo hay 18. En aras de ajustarse con este resultado es que se entra a analizar la posibilidad de incorporar más gente, pero con una limitante presupuestal importante, sobre todo por el tipo de contratación que tienen varios de esos funcionarios de planta.

Es en este punto que encuentran que 12 de estos funcionarios comprometen un alto porcentaje del presupuesto total de la Personería, que al año es de alrededor de 4.100 millones de pesos. Y es que solo los ingresos anuales de tres de empleados representan cerca del 10 por ciento del mismo, toda vez que fueron contratados bajo el régimen de retroactividad de las cesantías, vigente en 1996.

“Una cesantía retroactiva es acumulativa. Entonces, en el primer año se pagaban 30 días, en el segundo 60, en el tercero 90 y hoy la entidad gasta en cesantías casi la mitad del gasto del funcionamiento. Eso es un gasto exagerado”, dijo Torres, con el agravante de que estas personas en cuestión devengan un salario muy alto, digno sí, aunque con un nivel de productividad menor al que requiere la entidad.

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En consecuencia, señaló el asesor de la Personería, “lo que se plantea es un ejercicio de racionalización del gasto y mejoramiento del desempeño, es decir, hacer con la misma plata”, indicó.

Es así que reducido el gasto “nos da una bolsa que nos permitiría, sin pasarnos y poner en riesgo la adquisición de servicios ni la prestación del servicio de la entidad, la posibilidad de cubrir los 29 cargos que son: personero, secretario general, dos asesores, cinco áreas de trabajo, los tres grupos, tres jefes de oficina y los ocho líderes de programa que son profesionales, más el nivel asistencial”, explicó Torres.

¿Qué pasa con los que salen?

Respecto a la inquietud sobre los cargos que deben ser eliminados en la implementación de la nueva estructura de la Personería, Torres explicó que se implementaron varios procesos.  

Explicó que de los 12 cargos que se reducen hay tres grupos, los que se indemnizan, porque son profesionales de carrera, cuyos cargos se suprimen; los profesionales de carrera que estaban encargados en oficinas que se eliminan y por lo tanto vuelven a un puesto inferior dentro de la Personería, y otro grupo reducido -cuatro personas- nombrados en provisionalidad, que se suprimen salvo un caso al que aplica la estabilidad laboral reforzada, por motivos de fuerza mayor.

Ahora, para cumplir con las indemnizaciones requeridas, que ascienden a 1.700 millones de pesos, es el municipio el que asume a modo solidario el pago de las mismas, en vista de las limitaciones financieras de la Personería, y reconociendo las razones expuestas por la entidad para su reestructuración.

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