Luego de cuatro largos meses de espera, el convenio de tránsito en Cúcuta por fin comenzó en firme este miércoles, con el despliegue de 35 agentes especializados de la Policía Nacional en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

La principal expectativa de autoridades, representantes de los gremios de transporte y ciudadanos en general en torno a este acuerdo interadministrativo, es que se logre un ordenamiento del tráfico, pero también un riguroso control sobre el transporte ilegal.

Johan Botello, secretario de Tránsito, explicó que la prioridad es mantener una presencia constante en el perímetro del centro de la ciudad, en este sentido, este miércoles se les vio en varias calles del centro de la ciudad, así como en sectores de la diagonal Santander y zonas aledañas al intercambiador de Atalaya.

Explicó el secretario que el lineamiento inicial es el de desarrollar acciones más persuasivas y de sensibilización en temas como el uso correcto de los andenes, estacionar en parqueaderos y no en las calles, etc; sin embargo, dejó claro que en los casos en los que se configuren infracciones a la norma, se levantará el respectivo comparendo y se colocará la multa a la que haya lugar.

“Se ingresa a operar en el  contexto de organizar y articular el tráfico, pero si una persona llega sin casco, sin indumentaria de protección, sin el certificado de tecnomecánica, se procede a aplicar la norma, el irrespeto a la ley será sancionada”, dijo Botello.

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La implementación del convenio de tránsito representa 1.600 millones de pesos para el municipio, una inversión necesaria pues “como administración debemos tener un cuerpo  operativo para el control de tránsito”, dijo, no obstante, se espera en un mediano plazo consolidar el cuerpo de alféreces, para que puedan llevar adelante esta función.

En este sentido, reiteró que este año se espera tener a disposición 60 alférez, de los cuales un primer grupo de 20 estaría saliendo a las calles a finales de mayo o principios de junio.

Estrategia contra el transporte ilegal e informal

El gremio de los taxistas y del transporte público son de los sectores más esperanzados con la entrada en vigor del convenio de tránsito, pues aspiran a que se pueda ejercer un control riguroso contra los prestadores informales de este servicio.

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“Hay una afectación importante en el tema movilidad y es el tema del transporte informal e ilegal. El transporte ilegal es aquel particular que hace el transporte público individual; y el transporte informal son los taxis que hacen de transporte colectivo. Son dos cosas que hay que atacar y ya vamos a empezar con esos procedimientos”, dijo Botello.

Indicó que desde la Secretaría de Tránsito ya se han reunido con los gerentes de las empresas de transporte, “tenemos claro el plan de acción y vamos a atacar este flagelo”, advirtió.

Señaló que si bien todos tienen el derecho al trabajo, en referencia a quienes prestan el servicio desde vehículos particulares, “tienen que organizarse y hacerlo de una manera formal”, dijo Botello, al tiempo que extendió la invitación a todas esas personas a cumplir con la normativa, porque están lesionando el derecho colectivo y de los gremios.

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Juan Carlos Bastos, presidente del Sindicato de Taxistas de Norte de Santander, justamente es uno de los que espera que esta lucha contra la ilegalidad del servicio de transporte sea efectiva y contundente.

“Como gremio creemos que esa es la principal tarea de la Policía de Tránsito, inmovilizar esos vehículos, tanto carros como motos, que están prestando el servicio de manera ilegal e informal”, expresó Bastos.

Igualmente, espera que estos agentes puedan también ejercer un ordenamiento importante del tráfico en la ciudad, para poder mejorar la movilidad y reducir la accidentalidad.

El convenio de tránsito se firmó por cinco meses, sin embargo, Johan Botello aseguró que ya se adelantan las adiciones presupuestales, para evitar que la ciudad se quede sin vigilancia vial en la recta final del año, toda vez que el acuerdo contempla una vigencia hasta mediados de octubre.

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