Las reformas sociales que ha impulsado la administración de Gustavo Petro están en cuidados intensivos y, ante el fantasma del hundimiento, el mandatario le ha advertido varias veces al Congreso de la República que de no aprobarlas, su gobierno actuaría.

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El último aviso generó controversia en todos los sectores de la sociedad, pues más allá de pretender un consenso con quienes no están de acuerdo con lo que se propone, el jefe de Estado respondió al eventual archivo de la reforma a la salud con una propuesta que genera alerta: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

“Si esta posibilidad de tener un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución, porque lo rodean para no aplicarla y se lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar”, señaló el presidente de Colombia en medio de un discurso en el sur de Cali.

Con estas declaraciones, Petro violó una de las promesas que en las elecciones de 2018 les hizo a los colombianos y que hasta esculpió en piedra como parte de esos “12 mandamientos”, que no eran otra cosa que una lista de acciones que respetaría de llegar a la Casa de Nariño. En el segundo lugar estaba la no convocatoria a una Asamblea Constituyente.

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Para algunos analistas, este tipo de propuestas, además de inviables, buscan cambiar las discusiones nacionales y que el debate no esté puesto sobre lo que ha logrado, o no, el Gobierno Nacional en estos casi dos años de mandato, sino que gire en torno a si “el Congreso deja gobernar a Petro”.

Para el doctor en ciencia política y profesor de la Universidad del Rosario, Yann Basset, la reacción de Petro obedece al inminente hecho de no lograr un consenso con los diferentes actores de la política nacional.

“Es una  patada al tablero, una forma de cambiar el tema de conversación nacional. Creo que el presidente está muy consciente de que no está logrando el consenso necesario para pasar su reforma de la salud y, como siempre hace cuando se encuentra en una situación difícil, pateó el tablero y entonces convoca una marcha o pelea con alguien en X”, criticó Basset.

Otro que también coincidió en que las declaraciones del presidente hacen parte de las respuestas predeterminadas que tiene cuando se enfrenta a escenarios complejos, fue el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry. 

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“Creo que es una repuesta a la coyuntura política y la falta de mayorías en el Congreso de la República para aprobar estas reformas; y a la noticia que recibimos de cuando su hijo (Nicolás Petro) fue detenido por temas relacionados con la financiación de su propia campaña presidencial”, opinó Charry, haciendo referencia al video que muestra el momento exacto cuando la Fiscalía General detuvo a Nicolás Petro.

‘No es amenaza, es llamado de atención’

Así como le llovieron críticas al anuncio hecho por Gustavo Petro, hay quienes justifican su propuesta y refuerza la idea promovida desde los sectores afines al Gobierno Nacional, de que los poderes del país le ponen zancadilla a la administración petrista.

El abogado e investigador de la Universidad Libre, David Murillo, tildó de “revolucionaria” estas declaraciones del presidente e insistió en que llegaron tras un actuar irresponsable del Congreso. 

“Es una suerte de manifestación frente al comportamiento que ha tenido el Congreso, como planes tortuga al momento de aprobar reformas o salirse para romper los cuórum como lo ha hecho varias veces el Centro Democrático”, criticó el abogado.

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Murillo, quien aclaró que su posición no es la de apoyar una Asamblea Constituyente, consideró que las declaraciones del mandatario no pueden ser vistas como una amenaza, sino como un llamado de atención para aprobar las reformas “sin sabotajes”.

Constituyente: un camino espinoso 

El simple deseo del presidente de la República no es suficiente para que se hable, si quiera, de unas elecciones populares para convocar a una Asamblea Constituyente. Para lograrlo, es necesario que antes se cumpla con una serie de pasos o requisitos que están establecidos en la Constitución Política de Colombia de 1991.

Antes de llegar a las urnas, el Gobierno debe presentar al Congreso una ley y esta tiene que ser aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara. En esa instancia, Petro necesitaría el aval de 55 senadores y 95 representantes, como mínimo.

Hay que recordar que las reformas sociales que está impulsando el Gobierno Nacional no se han aprobado, justamente, porque el Pacto Histórico, que es la coalición oficial, no tiene el suficiente respaldo ni en la Cámara de Representantes, ni en el Senado.

“Después de que la propuesta sea aprobada por la mayoría de las dos cámaras, esa ley debe ir a control por la Corte Constitucional. Si pasa ese filtro exitosamente, se comienza a hablar de la organización electoral”, explicó el constitucionalista Juan Manuel Charry.

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En otras palabras, Petro tendría que conseguir el apoyo que no obtuvo con sus reformas sociales, pero esta vez sería para una reforma constitucional.

“En este momento pareciera, por la constitución actual del Congreso, que (Petro) no tiene la mayoría. Podría tenerla si es que varían las opiniones de los congresistas”, expresó el abogado constitucionalista Alfredo Beltrán Sierra.

El exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, también ve muy lejanas las posibilidades de llegar a una Constituyente en las condiciones actuales.

“Para convocar una constituyente se requiere ley del Congreso, con mayorías calificadas, revisión previa de la Corte Constitucional, votación popular, elección de delegatarios. Un proceso largo y complejo. Si el Gobierno no tiene las mayorías para sus proyectos, menos para este fin”, dijo.

¿El pueblo apoya a Petro?

Bajo el supuesto de que la propuesta de una Asamblea Constituyente pase todos los filtros y llegue al paso de la elección popular, el apoyo de los electores no debe ser inferior a la tercera parte de los integrantes del censo electoral.

El último registro de colombianos aptos para votar fue de 38.965.515, en las elecciones de autoridades locales y regionales que se celebraron en octubre de 2023. Esto quiere decir que, al menos, 12.988.505 colombianos tendrían que salir a ejercer su derecho, en favor de una reforma constitucional.

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Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales de 2022 con 11.281.013, es decir, 1.707.492 menos de los que necesitaría hoy para que el pueblo avale la convocatoria de una Constituyente.

Esto sin mencionar que el más reciente sondeo sobre la popularidad del presidente, a cargo de la firma Datexco, arrojó que la desaprobación del mandatario había subido a un 63%. 

“No tiene el apoyo suficiente. Además, en el censo de los colombianos inscritos hay un 50% que no vota nunca. Entonces, tendría que tener un apoyo superior al que obtuvo cuando ganó las elecciones presidenciales. Realmente no hay manera”, agregó Yann Basset, quien también es experto en temas electorales. 

Una hoja en blanco

Una Asamblea Nacional Constituyente busca redactar una nueva Constitución política. En este sentido, las discusiones no pasarían únicamente por la aplicación de unas reformas sociales, que es lo que, por el momento, estaría motivando en primer lugar al jefe de Estado, a convocarla.

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En su discurso, Petro no deja claro si la intención de esta Constituyente es la de aprobar sus reformas, o si es más una idea con la que busca cambiar el modelo político.

“Si la instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa. Son las transformaciones de esas instituciones que se tienen que presentar”, aseveró el presidente.

En ese sentido, para el abogado David Murillo, una Constituyente trae riesgos muy altos, porque es entregarle una “hoja en blanco” a los constituyentes.

“Una Asamblea Nacional Constituyente implica riesgos, e insisto en que los riesgos es que no hay límites para el constituyente. Quedarían con las facultades y puede que esta asamblea termine generando mayores transformaciones de las previstas”, agregó el jurista.

Redacción: Brayan Silva/Periodista La Opinión

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