La Justicia Penal Militar y Policial solicitó a la Interpol publicar una Notificación Roja para localizar y detener en el exterior al subintendente en retiro Jhon Jarly González Espitia con el fin de avanzar en su proceso de extradición hacia Colombia, luego de que fuera capturado en España, por hechos relacionados con falsedad documental

La petición fue realizada por el Grupo de Investigaciones para la Justicia Penal Militar y Policial en coordinación con Interpol Colombia, que remitió la solicitud el 22 de noviembre de 2025. La medida permitirá que las autoridades internacionales mantengan vigente la detención del exuniformado mientras continúan los trámites para su regreso al país.

El exsubintendente fue capturado previamente en España, donde las autoridades activaron mecanismos de cooperación internacional tras identificar que tenía requerimientos judiciales pendientes en Colombia. Con la publicación de la Notificación Roja, las autoridades buscan asegurar que González continúe privado de la libertad mientras avanza su extradición.

González Espitia fue condenado el 1 de julio de 2025 por un juez de la Justicia Penal Militar y Policial, que lo declaró responsable de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con acceso abusivo a sistema informático, prevaricato por omisión y daño informático.

La sentencia concluyó que el exuniformado, aprovechando su cargo como tesorero del Departamento de Policía Cundinamarca, desvió a su cuenta personal $850 millones que estaban bajo su administración.

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El fallo señaló que “resulta más que probado en el proceso que el subintendente (r) González Espitia, aprovechando su condición de tesorero, así como el manejo de las claves y cuentas requeridas para el movimiento de los dineros que ingresaban al departamento por diferentes conceptos, estando autorizado para tal actividad, se apropió en provecho suyo de la suma de $850.000.000”.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2019, cuando el dinero —destinado a un convenio entre la Policía de Cundinamarca y la Policía de Soacha para actividades de seguridad vial y controles de tránsito— fue transferido sin autorización a la cuenta bancaria del entonces tesorero.

El juez impuso a González una condena de 140 meses de prisión y una multa equivalente a 885 salarios mínimos legales vigentes. Además, ordenó su inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 11 años y medio. En la misma decisión, el despacho emitió orden de captura en su contra y pidió la activación de una Notificación Roja, debido a que el condenado no se encontraba en el país.

Tras la captura en España y el avance de la solicitud de Interpol, la Justicia Penal Militar y Policial explicó que la publicación de esta alerta internacional permitirá continuar con el proceso de extradición para que González responda ante las autoridades colombianas por los delitos mencionados.

El Grupo de Investigaciones para la Justicia Penal Militar y Policial explicó que mantiene coordinación permanente con Interpol Colombia, para ubicar a personas buscadas por hechos relacionados con corrupción y otros delitos cometidos dentro de la Fuerza Pública.

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