Seria afectación
Aunque la medida adoptada por estas clínicas ya no sorprende, tampoco deja de ser preocupante, sobre todo por la seria afectación que representa para los cerca de 800.000 usuarios que se estima tiene la Nueva EPS en todo el departamento.
Así lo indicó Jorge Muñoz, vocero de una de las asociaciones de usuarios de Nueva EPS, quien manifestó que “es inaudito que estemos pasando por esta situación”, y agregó que “en este momento a uno ya le da miedo enfermarse, uno lo piensa dos veces antes de comerse algo, por temor a que pueda caerle mal y tenga que ir a una urgencia y no lo atiendan porque la empresa prestadora no les paga”.
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Señaló que la gente ya está molesta y cansada de llegar a las diferentes IPS y les digan que no hay posibilidad de atenderlos porque no hay contrato o porque hay deudas.
“El problema de la salud en Colombia se reduce a lo económico, no sabemos quién se llevó la plata o dónde la tiene”, dijo y manifestó que es además absurdo e injusto que estén sucediendo estas cosas, sobre todo cuando los afiliados pagan religiosamente.
Muñoz de alguna manera justificó la decisión tomada por las clínicas San José y Medical Duarte, ya que “las deudas son demasiado grandes”, dijo, señalando que solo Vihonco le debe a la San José casi 70.000 millones de pesos.
“Clínica San José es otra de las víctimas de Nueva EPS”, complementó otro veedor -que pidió reserva de su identidad- indicando que esto se debe a que históricamente esa institución es la que ha atendido a sus afiliados.
El veedor indicó además que el problema ha alcanzado esta dimensión por la omisión de la autoridad de salud del departamento que, según explicó, tiene la misión vigilar, inspeccionar y controlar las EPS e IPS, sobre todo en lo que tiene que ver con su solvencia y capacidad económica.
“El Instituto Departamental de Salud nunca lo hizo y ahí están las consecuencias, más de 20 billones de pesos perdidos y la gente sufriendo, porque obviamente el Gobierno no va a pagar lo que otros se robaron”, sostuvo.
¿Qué dijo el IDS?
Sin embargo, Juan Bitar, director del IDS, dijo a La Opinión que el veedor estaba equivocado porque esa función corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, según la Ley 1122 de 2007. “Si no cumplen, la Superintendencia debe hacer requerimientos, sancionar o intervenir la EPS, como en efecto está la Nueva EPS”, dijo.
Señaló que existen otras normas que regulan las EPS, como el Decreto 1492, que establece las reglas para las reservas técnicas que cada EPS debe tener y calcular para funcionar. También está la Ley 445 de 1998, que regula los aspectos de mora de las EPS y el no pago a las IPS, pudiendo reconocerse intereses de mora si las IPS presentan demandas.
Indicó que “el Instituto ha recopilado información de las deudas de las EPS con las IPS a través de la circular 030, y esta información se reporta trimestralmente al ministerio. Adicionalmente, el IDS ha solicitado al superintendente, al interventor de la Nueva EPS y al ministro de Salud que se pongan al día con las deudas en el departamento. El Instituto no tiene la capacidad de obligar a las EPS a pagar a las IPS”.