El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio colombiano mediante el decreto 1390 de 2025, con una vigencia inicial de 30 días.
Desde el Gobierno se ha señalado que la declaratoria de emergencia busca garantizar el pago de obligaciones del Estado y reducir riesgos financieros, en un contexto marcado por la falta de aprobación de una ley de financiamiento y por presiones sobre la deuda pública.
El presidente Petro ha defendido la decisión argumentando que no se trata de un endeudamiento para nuevos gastos, sino de una estrategia para cubrir deudas heredadas de administraciones anteriores y evitar impactos negativos en la calificación crediticia del país.
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Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que los impuestos que se tramitarían bajo esta figura no afectarían a la clase media, sino a los grandes patrimonios y sectores de mayores ingresos.
