Ejercer la docencia en una región como Norte de Santander, especialmente en la zona del Catatumbo es realmente admirable, a diario, cerca de 3 mil profesores se exponen permanentemente a perder su vida por enseñar a niños y jóvenes, pues la situación del conflicto armado es una cruda realidad que pareciera no tener fin.
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Y es que, aunque desde hace varios años, los maestros de esta zona han venido denunciando las constantes amenazas y extorsiones de las que son víctimas, la situación más reciente y que encendió nuevamente las alarmas fue el secuestro de una maestra del municipio de Convención.
La profesora fue raptada por desconocidos cuando se encontraba dándoles clases a sus alumnos. Los delincuentes llegaron al aula, la sacaron a la fuerza y la subieron en una moto con rumbo desconocido.
Aunque la profesora fue liberada al día siguiente, el hecho fue rechazado por los entes de control municipales, departamentales y nacionales, y generó que, muchos docentes del Catatumbo comenzaran a pedir traslados hacia otros municipios, pues temen por sus vidas.
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La Opinión consultó al alcalde de Convención, Dimar Barbosa, quién indicó que, esta acción fue una clara violación a los Derechos Humanos, pues es inaceptable que este grupo ilegal entrara hasta la sede educativa a llevarse a la maestra, mientras los menores presenciaban todo.
Sin embargo, quiso dejar en claro que, esta situación no va en contra de todos los docentes de Convención, sino que está relacionada con una banda organizada que viene operando en el municipio desde hace tiempo y “van secuestrando a todo el mundo. Ahí han caído comerciantes, profesores, campesinos, hasta un exalcalde”.
El mandatario municipal manifestó que, en el 2020 tuvieron 6 secuestros y el año pasado 1, detallando que los delincuentes “van escogiendo de manera selectiva a la gente, pero no necesariamente todos son docentes”.
Asimismo, Barbosa comentó que, estos secuestros no suelen durar más de dos o tres días, precisando que, la mayoría de las víctimas han sido sacadas del municipio por cinco veredas en las que se requiere mayor presencia de la Fuerza Pública.
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“Esto es un tema meramente económico, extorsivo. La solicitud que hemos hecho es más presencia en puntos como las veredas Trópico, Capellanía, Puente Búrbura, Las Mercedes y Culebritas, para poder desarticular esa banda delincuencial”, agregó el alcalde.
Falta más presencia del Estado
Hugo Cárdenas, fiscal de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort), señaló que, ser docente en el Catatumbo es “una exposición permanente a perder la vida”.
El líder sindical aseguró que llevan años pidiéndole al Estado que proteja a la planta de docentes de esta zona, porque ellos de alguna u otra forma, ya viven en un medio que es hostil para la vida, y no pueden seguir siendo víctimas de la guerra.
“Hemos tenido docentes que llegan allá y se regresan inmediatamente, porque no saben lo que es escuchar la violencia en sus alrededores y eso es algo complicado, es una inestabilidad que se crea y todo eso genera muchas preocupaciones”, mencionó Cárdenas.
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El fiscal de Asinort indicó que, lo que sucedió con la docente es preocupante, ya que ocurrió en su lugar de trabajo, por lo que, desde la asociación y Fecode (Federación Colombia de Trabajadores de la Educación) rechazan este tipo de conductas de organizaciones criminales que ponen en riesgo no solo la vida de los docentes, sino también de los estudiantes y la comunidad en general.
Cárdenas sostuvo que, Asinort tiene conformados unos comités de amenazados, donde fluctúan diferentes tipos de intimidaciones, por lo que un número importante de docentes ha pedido apoyo de la Unidad Nacional de Protección y el traslado a otras zonas, para preservar su integridad física.
“Los hechos vienen intensificándose especialmente con temas de extorsión que si no se pagan, pues ya sabemos en qué pueden terminar, entonces esto genera una angustia para todos los trabajadores. Claro está que no todas las amenazas representan el mismo tratamiento, porque hay cosas personales, pero si se han recibido panfletos del control de actividades, control de horarios y pues nosotros debemos entender que es el Estado el que nos debe proteger”, precisó Cárdenas.
Asinort afirmó que, para la zona del Catatumbo, los docentes deben estar siempre identificados con carnet o uniformes, para que puedan transitar por algunas zonas donde hacen presencia los grupos al margen de la ley, situación que según indica, también se repite en la zona rural de Cúcuta, donde incluso, los carros y motos deben tener una marca especial para saber que son de maestros.
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“Queremos que la escuela siga siendo un territorio de paz, que se respete la vida de los docentes y los niños, pues la situación es más complicada si le llega a pasar algo a un menor. Pedimos que estos grupos entren en un proceso de reflexión nacional, en un diálogo para salir de esto”, puntualizó Cárdenas.
Asinort lo que solicita es que la autoridad llegue a todos los rincones del departamento, reconociendo que, cuando han solicitado la ayuda, estas han actuado de manera diligente.
“Queremos que se establezcan criterios de políticas públicas de diálogos y de prevención, porque no podemos estar viviendo con incertidumbre e inseguridad. Queremos también que las autoridades nos garanticen el derecho a la movilidad y a la vida, que se busquen soluciones”, finalizó Cárdenas.
Riesgo de deserción escolar
Jaime Marthey, defensor regional del pueblo, informó que, desde la Defensoría ya se han emitido varias alertas tempranas, “advirtiendo y haciéndole las recomendaciones a las autoridades y a las alcaldías, para que se tomen medidas que les permitan a los docentes no correr ningún tipo de riesgo”.
El funcionario señaló que, la problemática que viven los docentes en la zona del Catatumbo motiva muchas veces a que aumente la deserción escolar, ya que las sedes educativas quedan solas o desatendidas.
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“Cuando se incrementan las cifras de deserción escolar, lo que nosotros empezamos a ver y que obviamente se ha evidenciado, es que aumenta el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, porque los padres no tienen a dónde llevar a sus hijos y los dejan en la casa, y allí es donde los grupos armados aprovechan para hacer estas acciones”, afirmó Marthey.
El defensor regional del pueblo informó que, a nivel departamental, el año pasado reportaron 16 maestros amenazados y este año ya van 18.
“Lo que tenemos claro es que la mayoría de los docentes, sobre todo en los municipios del Catatumbo y en la zona rural de Cúcuta se sienten amenazados, pero una cosa es lo que ellos puedan denunciar y lo que podamos conocer como cifras oficiales en los subregistros, porque sabemos el temor que existe para poner en conocimiento de las autoridades las denuncias y las amenazas”, dijo Marthey.
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Por esta razón, precisó que lo que hay que hacer es redoblar los esfuerzos para garantizarles a los docentes el ejercicio libre de sus funciones y proteger a los niños, niñas y adolescentes.
“La mayoría de los docentes que se encuentran amenazados tienen el temor de denunciar y es lógico, es normal, porque ellos están en los territorios prácticamente a merced de los grupos armados, y es imposible también poderles garantizar a uno por uno la seguridad de manera personal. De lo que se trata es de hacer un abordaje integral por parte de todas las instituciones para que esta situación se pueda superar”, finalizó el funcionario.
Al cierre de esta edición, La Opinión conoció que en la Secretaría de Educación Departamental aumentó el número de solicitudes de traslado de docentes de la zona del Catatumbo.
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