Unos 116 mil niños, estudiantes de las escuelas oficiales en 39 municipios del Departamento Norte de Santander, podrían finalizar el año escolar sin la asistencia del Programa de Alimentación Escolar (PAE), debido a la falta de financiamiento. El pasado viernes 28 de octubre finalizó el contrato con el operador y, desde entonces, el servicio fue suspendido.
Esta fue una de las mayores preocupaciones planteadas ayer, durante la Segunda Mesa Pública del Programa de Alimentación (PAE) 2022, en la que la Gobernación de Norte de Santander dio a conocer los alcances generales del plan alimenticio.
En lo que corresponde al destino de los alimentos para las cuatro semanas de clases del mes de noviembre, hasta el día 25, no hay un escenario claro.
Existe un déficit de unos $5 mil millones de pesos que deben ser financiados de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y el Departamento (Gobernación y alcaldías), pero no se tienen los recursos.
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Milena Velázquez, directora del PAE en Norte de Santander, explicó que el costo del programa para el año 2022 fue de $75 mil millones de pesos.
De esta inversión, 61% corrió por cuenta de la Gobernación ($38 mil millones), y las alcaldías ($10 mil millones). El 39% restante lo aportó la Unidad Administrativa Especial De Alimentación Escolar, entidad descentralizada que depende del Ministerio de Educación.
Velázquez, señaló que el último contratro finalizó el viernes 28 de octubre, pero para el momento no hay garantías acerca de lo que ocurra el resto de días que quedan para completar el año escolar, debido precisamente a la situación financiera.
Desde el mes de marzo pasado, la gerencia del PAE departamental comenzó a detectar las dificultades que vendrían producto del incremento del salario mínimo y la galopante inflación que infló los costos operativos que se habían planteado para la vigencia 2022.
Además de suponer un aumento de costos en los suministros para proveer las raciones en sus distintas modalidades (preparada en sitio, comida caliente transportada y la ración industrializada), se elevaron las sumas por concepto de remuneraciones salariales de 2000 manipuladores de alimentos que contrata el programa para Norte de Santander.
La directora explicó que en el acuerdo hay un compromiso en el cual el financiamiento debe ser compartido y ante ese panorama, hicieron las notificaciones a la unidad nacional con el fin de que las debilidades fueran resueltas a tiempo.
El pago fraccionado de las asignaciones que se hicieron en toda la vigencia permitió continuar el servicio, pero este fue fraccionado en tres contratos que tuvieron sus propios procesos licitatorios.
En el desarrollo abundaron los inconvenientes, algunos contemplados en la matriz del riesgo, pero otros no, como por ejemplo los embates que han sufrido las comunidades de la región, donde un 70% de las instituciones educativas que reciben el PAE están en espacios de ruralidad dispersa.
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“Fue complejo pero esas situaciones se superaron sobre todo gracias al apoyo de las comunidades. Ahora estamos a la espera de que nos digan qué va a pasar con nosotros, sobre todo cuando hay un decreto de emergencia nacional por lluvias en el país que incluye el PAE”, declaró.
Se refiere el artículo 3, numeral 2 del decreto, donde en la parte destinada a la Transferencia de Recursos por la emergencia, dice el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres podrá transferir recursos a “las entidades o autoridades competentes para brindar en el marco de la situación de desastre nacional, la ampliación de cobertura en el Programa de Alimentación Escolar”.
“Hoy estamos esperando que a través de la Unidad Administrativa Especial de alimentación nos digan el camino a seguir porque no se puede dejar de lado que es el ente rector en Colombia. Hasta tal fecha que nosotros no tenemos esa autonomía”, aclaró la gerente.
Entes de control
La Procuraduría General abrió una medida preventiva y solicitó a la Gobernación de Norte de Santander y a la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) que realicen las actuaciones necesarias para que los alimentos no falten en las escuelas.
El 31 de octubre pasado sostuvieron una reunión con los involucrados y se hizo un acta que fue estructurada y mecanizada, para su notificación a la Unidad Administrativa.
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