Cuando todo estaba listo para iniciar una mesa de diálogo con delegados del Gobierno nacional, representantes de la minga motilón barí anunciaron que no habría tal ejercicio hasta que viniera el propio presidente Gustavo Petro.
“Nuestra solicitud es clara, requerimos al señor presidente”, expresó Juan Titira, líder del pueblo indígena ante los enviados del orden nacional, representantes del Departamento Nacional de Planeación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Agencia para la Renovación del Territorio y Viceministerio de Desarrollo Rural.
Titira indicó que la exigencia de establecer un diálogo gobierno a gobierno parte del mal antecedente de conversaciones con interlocutores, pues “consideramos que los funcionarios de segundo y tercer nivel no le llevan los mensajes al presidente”, añadió.
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En relación con esas experiencias previas, el líder indígena señaló que “la minga tomó la decisión de no ir a diálogo porque conocemos cómo son esas negociaciones, entramos a diálogo, el gobierno firma, se va y los compromisos no se asumen”.
En este contexto, la minga planteó que este primer encuentro serviría solo para escuchar las propuestas que traían los enviados del Gobierno, pero de ninguna manera habría acuerdos, “porque nuestras solicitudes son claras: o presidente, o ministro, o consejo de ministros”, advirtió Titira.
Entre los funcionarios asistentes al primer intento de instalación de mesa de diálogo estaban Cristian Muñoz, asesor del viceministro para el Diálogo Social, Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; David Flórez, director de Gobierno y Derechos de Paz del Departamento de Planeación Nacional (DNP) y María Fernanda Rueda, delegada de Pactos Territoriales del DNP.
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Con esta firme proclama de la comunidad indígena barí habrá que esperar por la nueva estrategia de diálogo que implementará el Gobierno nacional, para tratar de avanzar y llegar a un acuerdo que satisfaga las expectativas de la minga.
Hay que recordar que el descontento viene del incumplimientos de las sentencias de la Corte Constitucional T-880 de 2006, T-052 de 2017 y T-498 de 2023, que plantean, entre otras cosas, la delimitación del territorio, como garantía para la supervivencia de las comunidades ancestrales y el reconocimiento del pueblo indígena como entidad territorial.