Catorce años son suficientes para que un niño crezca y empiece a forjar su carrera como profesional. En catorce años se puede consolidar una empresa, asegurar un camino laboral y proyectar una jubilación. En catorce años es posible materializar sueños, proyectos personales y construir una familia.

Pero en catorce años, un error judicial también puede poner en pausa el plan de vida de una persona y frustrar esa realización personal, esos sueños, esas aspiraciones profesionales y el tiempo en familia.

Este es el caso de Edward Alfirio Nieto Coronel, un cucuteño que pasó esos mismos catorce años tras las rejas por un crimen que no cometió, por una masacre en la que nunca estuvo y por la que fue condenado a 56 años de prisión. Su pecado: estar en el lugar equivocado.

En el momento en que la tragedia se cruzó en su camino, Nieto Coronel tenía 21 años y muchas aspiraciones. A los 17 había terminado su bachillerato en Cúcuta, Norte de Santander, y como suele suceder en una ciudad con vocación comercial, él encontró en este oficio una oportunidad de salir adelante: vendía calzado en almacenes.

Sin embargo, su verdadera vocación llegó en 2009, cuando a los 19 años decidió prestar su servicio militar como auxiliar bachiller en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Pero la ironía del destino es cruel: aquel joven soñador que custodiaba a los presos y que se proyectaba como un profesional en esta institución, terminó del otro lado de esas mismas celdas que él vigilaba.

Tras cuatro meses de servicio en el Inpec, Edward presentó las pruebas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y fue contratado en 2010 como dragoneante en Florencia, Caquetá. Un contrato provisional que le prometía estabilidad laboral, pero el 27 de enero de 2011, su contrato terminó. Regresó a Cúcuta a esperar una nueva llamada para la continuidad en el cargo. Mientras tanto, trabajó durante cuatro meses en una fábrica de bolsos de cuero, jugó fútbol, visitó a su novia y esperó.

Con lo que no contaba este hombre, era que la ilusión de volver a portar el uniforme de dragoneante se iba desvanecer y que, en cambio, una pesadilla que se prolongó por más de una década estaba a punto de darle un giro inesperado a su vida. El 1 de junio de 2011 comenzó su odisea.

La masacre de Juan Frío

Para entender la tragedia de Edward, es necesario regresar a la noche del 30 de mayo de 2011, en el corregimiento de Juan Frío, Villa del Rosario donde Colombia se difumina en la frontera con Venezuela.

En ese lugar, cinco hombres fueron asesinados. Según las autoridades, no se trató de un crimen cualquiera, fue una masacre calculada, una de esas sentencias de muerte que las bandas criminales firman a sangre y fuego para marcar su territorio.

Las víctimas, dicen los reportes policiales de la época, pertenecerían a Los Rastrojos, una organización criminal que controlaba el tráfico de droga en la línea limítrofe.

Sus verdugos: Los Urabeños, otro grupo armado ilegal  que en ese momento era liderado por Ciprian Manuel Palencia González, alias Visaje, un sanguinario exparamilitar que hizo mucho daño en la región y que, al parecer, quiso enviar uno de esos tantos mensajes contundentes con los que imponían el terror en la zona: cinco cuerpos masacrados, una sola advertencia.

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La Policía, alertada por información anónima, actuó rápido. El mismo día del levantamiento de los cadáveres, allanaron un inmueble en el barrio Antonia Santos de Cúcuta. Allí capturaron a tres hombres con armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Dos de ellos aceptaron cargos, confesaron y el caso parecía resuelto. Pero lo cierto es que la historia apenas comenzaba, especialmente para Edward Alfirio Nieto Coronel.

“Su delito fue estar en el lugar equivocado"

El primero de junio de 2011, un día después de la masacre, a las autoridades les llegó otra información anónima, dando cuenta de que los demás autores del crimen se escondían en una casa del barrio Aguas Calientes, en La Libertad. La Policía montó el operativo, preparó el allanamiento y los acorraló.

Dentro de esa casa, efectivamente, había armas. También varios hombres, entre ellos, Edward Alfirio Nieto Coronel, a quien el destino parecía estarle jugando una mala pasada.

Estaba allí porque su novia residía con su familia en este mismo lugar. Ese día, el padre de Nieto Coronel cumplía años, razón por la cual su pareja le había comprado un regalo y lo llamó para que pasara a recogerlo a mediodía. Edward llegó, entró, recibió el presente y decidió quedarse para almorzar, sin imaginar que hora y media después, la Policía irrumpiría en el inmueble, llevándose consigo su libertad.

José María Peláez, el abogado que años después hizo posible que se hiciera justicia en este caso, le contó a La Opinión que los dueños de aquella casa habían arrendado una habitación a desconocidos que resultaron ser los dueños de las armas que encontraron en el lugar y quienes posteriormente aceptaron estar involucrados en la masacre de Juan Frío.

Edward no los conocía. Jamás había hablado con ellos. Pero cuando la autoridad entró, el análisis fue simple y reducido a un “indicio de presencia”. La razón: había siete hombres en la casa y armas, en consecuencia, todos eran culpables.

El criterio policial no distinguió entre visitas e implicados. Todos terminaron capturados, salvo la novia de Edward, que era menor de edad.

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Una dura condena de 56 años

Ocho meses bastaron para que la suerte y la vida de Edward Alfirio Nieto Coronel diera un giro radical y todo por cuenta  de una falla en el sistema judicial que debió esperar 14 años para ser detectada.

El 23 de febrero de 2012, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cúcuta dictó sentencia contra. La condena fue fijada en 56 años de prisión y el pago de una multa equivalente a 2.800 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cinco homicidios agravados, porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, porte de armas de fuego de defensa personal y concierto para delinquir con fines de homicidio. Todo, a título de coautoría.

El 10 de mayo de 2012, menos de tres meses después, llegó un nuevo golpe para Nieto: el Tribunal Superior de Cúcuta confirmó en su integridad la condena. Su suerte parecía estar echada.

Según expertos en el ámbito jurídico, la defensa con la que conto Nieto Coronel inicialmente fue deficiente, casi negligente, aseguran. El abogado contratado por su familia, aprovechándose de su ignorancia jurídica resultó ser civil y no penalista. Por eso, a las audiencias enviaba a otro abogado para que lo representara. Eso llevó a que no lograra demostrar la inocencia de su cliente. Pero la Fiscalía no demostró su culpabilidad con pruebas contundentes: simplemente lo ubicó en el lugar y lo condenó por proximidad geográfica al delito.

"Fue un juicio pobre", afirma Edward 14 años después, con la voz de quien, a la fuerza, tuvo que aprender de derecho en la celda. "Nunca demostraron cómo yo era culpable y nunca demostraron cómo era inocente. Fue algo ilógico", dice.

La cruzada de un abogado contra el sistema

Ahí es donde llega José María Peláez a su vida, el hombre que convertiría este caso en una cruzada personal. Edward no tuvo que pagar ni un peso: José María asumió la defensa pro bono, luchando durante los siguientes 13 años sin descanso, sin aceptar el "no" como respuesta final.

Desde 2012, Peláez desplegó una odisea procesal incesante: recurso de apelación (confirmado en mayo), demanda de casación (inadmitida en diciembre), mecanismo de insistencia (rechazado en 2013), múltiples acciones de tutela entre 2013 y 2015 (todas negadas), solicitud de revisión ante la Corte Constitucional (ignorada en 2015). Dos acciones de revisión en 2017 y 2018 fueron inadmitidas con sus recursos de reposición y tutelas subsiguientes. Elevó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: solo hubo silencio.

Más de veinte acciones legales. Veinte puertas cerradas que sonaban como sentencias definitivas.

"Vislumbré lejana y casi imposible la realización de la justicia", confesó Peláez en un seminario, citando a Plinio El Viejo: "¡Cuántas cosas se juzgan imposibles, hasta que efectivamente se realizan!" Y agregó: "He podido sentir el peso inconmensurable de esta frase luego de 13 años de lucha".

Pero Peláez no estaba solo. Lo acompañaron juristas como Andrys Barreto, el investigador privado Carlos Marcucci, su esposa Angélica Quintero, entonces litigante; y su madre Gloria Mejía, abogada y editora de memoriales.  Este equipo contó con el respaldo institucional de la Universidad Libre de Cúcuta y de quien es el actual rector Diego Armando Yáñez Meza. Juntos ejecutaron el "Proyecto Dreyfus" ahora llamado inocencia, inspirado en el célebre caso francés del capitán judío injustamente condenado.

El 5 de diciembre de 2019, Peláez radicó una tercera acción de revisión. Esta vez, algo cambió.

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La verdad llegó desde las cárceles

El 23 de octubre de 2020, una renovada Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió la tercera acción de revisión. Era la primera vez que una puerta se abría. La primera chispa de esperanza para Edward Alfirio en más de una década de oscuridad.

Y entonces, la verdad comenzó a emerger desde donde menos se esperaba: desde las cárceles, gracias a los testimonios de los verdaderos implicados.

En audiencias celebradas entre 2023 y 2024, tres testigos clave declararon ante el alto tribunal: alias Águila 7, excomandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá; Visaje, líder de la banda criminal Los Urabeños, que operaba en la zona; y More. Todos ellos, protagonistas directos de la guerra que se libraba para la epoca de los hechos entre las bandas criminales en la zona de frontera y conocedores, como ningún otro, de cada nombre, cada rostro, cada sicario que participó en la masacre de Juan Frío.

Así fue como empezó a escribirse la boleta de libertad para este cucuteño, quien para ese entonces ya había tenido que ver cómo los años más prometedores de su juventud se esfumaban entre los barrotes de una cárcel.

Juntos coincidieron en que ese hombre jamás perteneció a Los Urabeños, no participó en la masacre y tampoco estuvo en Juan Frío esa fatídica noche. “El día que ocurrió esa masacre yo estaba jugando un partido de fútbol”, recordó Edward Alfirio.

Los testimonios fueron contundentes. Los verdaderos criminales, aquellos que sí planearon la masacre y que fueron los responsables de cobrar la vida de cinco hombres desmintieron la participación de Edward en dicho crimen. No lo conocían. No lo habían visto. Él era un desconocido para ellos. Apenas lo estaban viendo por primera vez en las audiencias.

De acuerdo con el abogado Peláez, el artífice de que este hombre inocente recobrara su libertad, en este caso “lamentablemente algo se valoró mal” y la decisión que lo mantuvo en prisión tanto tiempo se sustentó simplemente en un “indicio de presencia”.

“El juzgado de primera instancia y luego el Tribunal Superior de Cúcuta argumentaron que el solo hecho de estar en una casa donde alguien señala que hay personas que pudieron cometer un delito era un elemento probatorio suficiente como para condenar a una persona a 56 años de prisión", explicó el abogado a La Opinión.

Para José María Peláez, la Corte Suprema de Justicia también falló en 2012, al no admitir la demanda de casación, llevando a su defendido a cumplir 14 años en prisión.

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El grito de libertad

Un largo, extenuante, desconcertante y hasta desalentador camino fue el que tuvo que recorrer este cucuteño para que la justicia finalmente ratificara que no tuvo nada que ver con aquella masacre del 2011.

El 13 de febrero de 2025 se presentaron los alegatos finales y el abogado Peláez expuso ante la Corte Suprema de Justicia una montaña de pruebas, testimonios y argumentos que demostraban la inocencia de Edward.

Seis meses después, el 20 de agosto pasado, el alto tribunal declaró fundada la demanda de revisión que se había instaurado y reconoció lo que por años intentó demostrar la defensa de Nieto Coronel: que nunca hubo material probatorio suficiente para incriminar a Edward Alfirio.

A los dos días llegó el momento con el que él tanto había soñado. El grito de libertad fue posible. Atrás quedaban por fin los días de oscuridad e incertidumbre que tuvo que afrontar en prisión por un crimen que no cometió.

Pero esa libertad no borra el tiempo perdido. Edward salió con 36 años, pero en su mirada pareciera cargar el peso de medio siglo. Salió con diabetes, una enfermedad que nunca existió en su familia, pero que aparció quizás por el agobiante encierro y con heridas emocionales que apenas comienza a reconocer.

"No sé si es alegría o tristeza", confiesa. "Tengo ese sentimiento en la mitad. Me siento bien en libertad, pero todavía no me he despegado de esos años", admite con cierta desazón.

Y, cómo no, si es que perdió a un hermano mientras estaba preso. Nunca pudo hacer el duelo. Su relación con su novia terminó a los tres años. "Es muy difícil mantener una relación amorosa en prisión", dice.

Su familia también se fue desintegrando por cuenta del dolor. Durante 14 años sus padres lloraron amargamente la injusticia de verlo tras las rejas. Su abuela envejeció preguntando por él. Sus hermanos crecieron con la sombra de un sistema que les falló.

"Lo más duro fue ver a mis padres llorar, ver a mis hermanos, a mi abuela. Uno trata de hacerse el fuerte, de no demostrar los sentimientos, pero el daño se lo causa uno mismo", cuenta.

Edward pasó siete años en la cárcel de Cúcuta, donde su familia lo visitaba regularmente. Luego fue trasladado a Girón, a la cárcel de Palo Gordo, y allí el vacío se hizo más grande. "Evité que pasaran por eso", expresa.

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“Nunca piensan en el daño que hacen”

Sobre el error de la justicia por el que tuvo que estar preso tanto tiempo, opina que obedece a un “sistema que está equivocado".

"No piensan que lo que está ahí es un ser humano. Y aparte de ese ser humano que está frente a un estrado, también hay una familia, abuelos, padres, hijos. Ellos nunca piensan en el daño que hacen", señala.

En el desgarrador relato que compartió con La Opinión, describe lo irreparable que resulta la situación a la que se tuvo que enfrentar siendo tan joven. “Catorce años no se devuelven. La juventud no se recupera. Los abrazos perdidos, los cumpleaños en soledad, las navidades tras las rejas, las lágrimas de una madre. Nada de eso tiene precio ni compensación”, lamenta.

Pero Edward Alfirio podría no ser la única víctima en este caso. Según cuenta, en la misma casa donde él fue capturado, había otras personas que se presumen inocentes. Hoy siguen presas, , esperando que alguien las vea como seres humanos y no como números en un expediente. "Son personas con un gran corazón esperando que alguien las defienda", dice Edward. "

Mañana vuelve a salir el Sol

Hoy, un mes después de recobrar su libertad, Edward está aprendiendo a vivir de nuevo. Se está acoplando a un mundo que cambió sin él, a una familia que envejeció esperándolo, a un cuerpo y una mente que llevan cicatrices invisibles.

No tiene resentimiento contra nadie. “Estoy tranquilo. Quiero empezar a crecer, a ser mejor persona cada día", dice.

Quiere estudiar. Quiere ser feliz. Quiere compartir con su familia. A quienes aún esperan justicia tras las rejas, les dice: "No se rindan. Todo pasa. Yo sabía que en algún momento eso tenía que pasar y lo soporté. Mañana vuelve a salir el Sol. Sigan intentando. Alguien querrá ayudarlos como me ayudaron a mí. La justicia va a llegar".

Catorce años son suficientes para que un hombre inocente envejezca en vida. Pero también son suficientes para demostrar que la verdad, aunque tarde, puede llegar. Edward Alfirio Nieto Coronel es hoy un hombre libre. No porque el sistema haya funcionado, sino porque un abogado no dejó de luchar, porque los verdaderos criminales dijeron la verdad, porque finalmente se hizo justicia.

Su historia no es solo la de un error judicial. Es la de un país que debe mirarse al espejo y preguntarse cuántos Edward Alfirio hay aun esperando, cuántas familias siguen llorando, cuántos inocentes siguen pagando por estar en el lugar  equivocado.

Un sistema que falla

La historia de Edward Alfirio Nieto Coronel no es un caso aislado, es la radiografía de un sistema judicial que falla, que condena sin pruebas y absuelve con lentitud. Las cifras así lo confirman. Según la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), entre el 38 y el 46% de las decisiones de primera instancia en Colombia son modificadas o revocadas en segunda instancia. De cada 100 sentencias, entre 30 y 40 están equivocadas.

La Opinión consultó a juristas y expertos en derecho como Carlos Andrés Muñoz López, abogado y docente que acompañó el trabajo de defensa de José María Peláez en este caso.

"Esto es muestra de una falla absoluta del Estado a todos los niveles. Teóricamente, a nivel de derecho, no hay justificación. No solo falla el sistema judicial, sino que también fallamos nosotros dentro de las universidades. ¿Qué estamos haciendo en la construcción del profesional ético para que esto no suceda?", se cuestionó.

Muñoz reconoce que Edward Alfirio tuvo “fortuna en su desgracia”: encontrarse con Peláez. "Hay muchas personas que no se han topado con un grupo de juristas que los pueda defender. Hay mucha gente esperando este tipo de defensa judicial", admite.

La clave del caso, según el abogado, es que no había pruebas. "No había nada. No es un gran debate en el derecho. En realidad, todos se hicieron de la vista gorda con este caso". Y lanza una denuncia demoledora: "El sistema judicial colombiano está hecho para la gente que tiene recursos. El que tiene plata busca un buen abogado, pero la gente humilde, sin recursos, no tiene cómo defenderse".

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Edwin Leonardo Guerrero, especialista en derecho disciplinario, es aún más categórico: "En este caso se hizo todo lo que no se debe hacer en un proceso judicial". Guerrero ratifica lo dicho por Muñoz, al desnudar una realidad incómoda y es que la justicia en Colombia tiene precio. "Un recurso de casación como el que tuvo lugar en este caso, puede costar entre 80 y 500 millones de pesos. La persona del común no va a tener ese dinero. Edward contó con la suerte de que el caso fue pro bono. Pero no todos los abogados podemos hacer eso".

Guerrero identifica un error fundamental en este caso: el sofisma de postulación, es decir, creer probado lo que se tenía que probar. "Aquí no hay hechos jurídicamente relevantes. Aquí nadie le conectó al señor los elementos estructurales del delito. Esos elementos que tenían que habérselos comunicado desde la imputación nunca le fueron comunicados".

Para el experto, la historia de este cucuteño víctima de la misma justicia, es apenas la punta del iceberg. "Vamos a ir conociendo muchos casos más de errores judiciales. Vamos a tener muchísimas personas sentenciadas que no contaron con una adecuada defensa técnica", vaticina.

Y advierte que, al respecto, las cifras no son nada alentadoras. "Las demandas que tiene el Estado por errores judiciales no alcanzarían a pagarse ni con dos o tres reformas tributarias ".

Sobre la reparación a la que tendría derecho Edward Alfirio por los 14 años que estuvo tras las rejas de manera injusta, el especialista Edwin Leonardo Guerrero admite que cualquier tipo de reparación no podría suplir el daño que se le hizo a esta persona. “El daño está hecho; el daño social, el daño familiar. Son 14 años detrás de las rejas en un sistema penitenciario tan desalentador. Ninguna reparación económica podría suplir todo el daño que ya sufrió", lamenta.

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