Luego una travesía de cuatro días, representantes de 23 comunidades indígenas de la etnia Motilón Barí llegaron a Cúcuta para reclamar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional T-880 de 2006, T-052 de 2017 y T-498 de 2023, con las que se garantiza su existencia en territorio ancestral.   

El contingente, un grupo de cerca de 800 personas, 200 de ellas menores de edad aproximadamente, se apostó a las afueras de la gobernación de Norte de Santander, donde aspiraban a quedarse hasta obtener respuestas efectivas a sus peticiones. 

Alexander Dora, coordinador de derechos humanos y colectivos de la  Organización Ñatubaiyibarí, explicó que el principal malestar tiene que ver con el incumplimiento del numeral tres del fallo T-052, relacionado con la delimitación de sus territorios, y la implementación de planes de saneamiento básico, acciones que debían ser adelantadas por el Gobierno nacional.

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Al respecto indicó que, salvo algunas visitas a territorio por parte de algunas entidades nacionales, no se ha avanzado prácticamente en nada.

Por su parte, Juan Titira, representante legal de la comunidad Motilón Barí, señaló directamente a la Agencia Nacional de Tierras como la entidad que ha venido incumpliendo en la orden relacionada con la ampliación territorial del resguardo, “pero también nos ha incumplido en no comprar, en oferta voluntaria, las mejoras de unos predios que ya fueron avalados”, dijo. 

William Villamizar, jefe del departamento, se acercó a los manifestantes y se ofreció como mediador para adelantar gestiones ante el Gobierno nacional que permitan acordar soluciones para que estas personas puedan volver con noticias positivas a sus comunidades. 

Consecuencias de los incumplimientos 

Tititra indicó que el “exterminio físico y cultural” de la comunidad es uno de los principales riesgos que enfrentan por el incumplimiento de estas sentencias, pues “el índigena sin territorio no tiene vida, la vida para nosotros es el agua, los bosques, los recursos naturales que nos ha dado la Madre Tierra”, dijo. 

El líder indígena señaló que otras afectaciones, relacionadas con la ausencia de territorio, se presentan en el desarrollo de las actividades básicas de subsistencia, como la caza y la pesca. 

La falta de garantías de seguridad alimentaria es otro inconveniente, debido a los pocos programas de ayuda humanitaria y de desarrollo sostenible que han llegado al territorio.

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Tirira también se refirió a la necesidad de implementar el decreto 0481 de 2025, a través del cual se reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para que desarrollen su propia educación basada en sus cosmovisiones, leyes y saberes ancestrales, transitando de la etnoeducación a la educación propia, conocido como Sistema Educativo Indígena Propio (Seipi). 

El desacato de las sentencias han condenado a las comunidades ancestrales del Catatumbo a vivir en condiciones deplorables en materia de saneamiento básico. 

En este sentido, el líder de la comunidad Motilón Barí se refirió a las afectaciones de salud que se presentan de manera continua ante la falta de agua potable, como enfermedades gastrointestinales, además de brotes de enfermedades como el paludismo, la tuberculosis y el dengue. 

Las reclamaciones indígenas también tienen que ver con la necesidad de constituirse como entidad territorial, lo cual les permitiría tener una mayor autonomía y el manejo directo de recursos para ser invertidos directamente en  las comunidades.  

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Estas afectaciones recaen en alrededor de 980 familias, es decir, cerca de 4.000 personas, integrantes de 23 comunidades, asentadas en los municipios de Tibú, El Carmen, Convención, El Tarra y Teorama. 

Desatendidos como víctimas 

Otro de los problemas que enfrentan las comunidades indígenas en el Catatumbo tiene que ver con el conflicto armado, que los ha tocado de cerca sobre todo por el flagelo del reclutamiento forzado, pero hasta en eso se han sentido defraudados por el Estado. 

Juan Titira refirió que desde el inicio de la escalada violenta el pasado  16 de enero se encuentran en condición de confinamiento, y aunque ya hicieron su respectiva declaración colectiva ante la Defensoría del Pueblo, no han recibido respuesta de parte de la Unidad de Víctimas.  

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