La Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte) está envuelta en una nueva polémica legal, luego de que mediante Resolución 1535 del 12 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Subsidio Familiar adoptara una medida cautelar en su contra, tras el hallazgo de una serie de irregularidades relacionadas con el proyecto habitacional Torres del Norte.
La decisión, ordenada por la superintendente Sandra Viviana Cadena Martínez, contempla, nuevamente, la intervención administrativa total e inmediata de Comfanorte por 12 meses, lo que implica la separación de sus cargos del director administrativo, Oscar Guillermo Gerardino Astier, del revisor fiscal y del Consejo Directivo.
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En reemplazo de Gerardino fue designada María Teresa Carvajal Aguirre como nueva directora administrativa de Comfanorte.
En el mismo documento, la Superintendencia nombró a Miguel Atalo Salomón Fuentes como Agente Especial de Intervención, quien asumirá las funciones propias del Consejo Directivo durante el periodo de intervención.
Justificación de la medida
Entre las razones expuestas por la Supersubsidio para volver a tomar el control de la Caja de Compensación de manera provisional, la entidad señala que estas obedecen a los hallazgos detectados durante una visita especial practicada a Comfanorte, entre el 1 y 5 de diciembre.
Allí, dice la Resolución de intervención, que los encargados evidenciaron, “serias debilidades financieras, contables y de gobierno corporativo”, derivadas de fallas en la supervisión, la transparencia del manejo de recursos y el cumplimiento del marco legal y estatutario.
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En el documento también se indica que fue identificada una “deficiencia significativa en la transparencia financiera, debido a la falta de información confiable, completa y oportuna sobre la ejecución del proyecto”, lo que limita la capacidad de la entidad para evaluar los avances, tomar decisiones y anticipar riesgos que puedan afectar tanto a la institución como al proyecto.
La ausencia de control efectivo sobre la Unión Temporal encargada de la ejecución del proyecto, producto de la delegación de funciones sin mecanismos sólidos de supervisión fue otro de los hallazgos graves encontrados en la diligencia hecha por la Supersubsidio.
Este hecho, según explica la entidad en la resolución, implica un “vacío de responsabilidad que expone a la Corporación a pérdidas patrimoniales y reduce la capacidad de garantizar el uso adecuado de los recursos comprometidos”.
Asimismo, la Supersubsidio también advirtió un riesgo considerable de detrimento de los recursos parafiscales, ante ausencia del seguimiento adecuado de los préstamos otorgados, lo cual “compromete la sostenibilidad financiera y la correcta administración de fondos que deben beneficiar a los trabajadores y sus familias”.
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El informe resalta el incumplimiento explícito de las obligaciones del Gobierno Corporativo, integrado por la Dirección Administrativa y el Consejo Directivo, hecho que se constituye en la vulneración de lo dispuesto en la Ley 21 de 1982 y en los estatutos internos, afectando la legitimidad de las decisiones adoptadas y la responsabilidad que les compete como órganos rectores de la entidad.
Entre los aspectos que para la Supersubsidio revistieron mayor relevancia para tomar la decisión de intervenir otra vez la Caja se encuentran:
-Desequilibrio en los aportes, por cuanto Comfanorte terminó asumiendo la mayor carga financiera del proyecto, con el 89% de la financiación, sin garantías adecuadas para la devolución de los recursos.
-Alta probabilidad de pérdida de recursos por más de $10.000 millones.
-Dependencia exclusiva de las ventas de apartamentos para recuperar los recursos invertidos.
-Déficit presupuestal proyectado de $3.090 millones, lo que compromete la sostenibilidad financiera de la entidad.
-Uso de recursos del 4% para financiar el proyecto sin garantizar su retorno.
La Superintencia señaló que las conductas identificadas representan infracciones al régimen de transparencia y rendición de cuentas, lo que podría generar sanciones administrativas y afectar negativamente la destinación correcta de los recursos del subsidio familiar.
La Opinión intentó establecer comunicación con Oscar Gerardino para conocer las acciones que se adoptarán tras la medida, pero hasta el cierre de esta edición no se había conocido su respuesta, así como tampoco se había hecho un pronunciamiento de parte de Comfanorte.
Antecedentes
Esta viene siendo la segunda intervención de Comfanorte en poco más de un año, y es que a finales de abril de 2024 la Superintendencia ordenó una intervención por 15 meses, debido a los riesgos financieros advertidos por la entidad nacional, consecuencia de las fallas relacionadas con la ejecución del proyecto de Torres del Norte.
En ese momento, la Supersubsidio explicó que en este proyecto habitacional, que data de 2015, se habían presentado varias modificaciones y adiciones, “elevando significativamente la inversión que inicialmente era de $2.600 millones y que a la fecha se encuentra en una suma de alrededor de $9.000 millones”.
Por esta razón, Gerardino fue apartado del cargo como director administrativo, sin embargo, tras varios trámites jurídicos, retomó el control de la entidad a finales del mes de mayo.
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