Trece años después de haberse proferido el Decreto ley 4635 de 2011, por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, la Comisión Sexta  del Espacio Nacional de Consulta Previa inició en Cúcuta el proceso de decisión, con miras a su implementación. 

La instalación de la sesión estuvo a cargo del  presidente de dicha comisión Martín Carabalí, quien encabezó un acto cargado de simbolismo e historia, el cual contó con la presencia de líderes de las comunidades negras de todo el país. 

“Debemos  saber que aquí nació todo, aquí comenzó la República y a la madre que da vida no se le olvida”, dijo Carabalí, en referencia a la razón por la cual se eligió Cúcuta como la ciudad para comenzar la construcción del marco regulatorio de esta norma. 

El ejercicio del órgano colegiado cuenta con el acompañamiento de la Unidad de Víctimas, y en este sentido, Higinio González, director nacional  de  asuntos étnicos de la entidad, destacó la importancia de este proceso, ya que “se trata no solamente de generar la reglamentación, sino de crear otras posibilidades y oportunidades a favor de nuestra comunidad, que ha sido víctima durante 60 años”, dijo.

Explicó que una de las prioridades, no solo para el ente que representa sino para el gobierno en general, es llenar los vacíos que existen en el decreto, por ejemplo, lo que tiene que ver con la asignación de recursos para su implementación. 
 

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“Tiene que quedar con un gancho presupuestal para que se pueda aplicar, porque no tendría sentido que una norma o un decreto con fuerza de ley esté allí, pero a la postre no se ejecute”, dijo González. 

La tierra, un eje central

El Decreto ley 4635 establece medidas para la asistencia y atención a las víctimas, incluyendo aspectos como acceso a salud y educación; acceso a justicia y reparación, protección y seguridad; y apoyo psicosocial. 

En el componente de reparación integral establece cuatro pilares: la indemnización por pérdidas y daños, la satisfacción y el reconocimiento de la verdad, la garantía de no repetición y la restitución de tierras y bienes, siendo este último uno de los más importantes. 

Al respecto, el representante de la Unidad de Víctimas señaló que en el marco regulatorio de la norma, uno de los propósitos es que se recuperen los espacios que han sido desterritorializados en las comunidades, pero también que se puedan recuperar los territorios sagrados y estratégicos. 

Destacó que uno de los derechos fundamentales de los grupos étnicos son sus tierras, justamente porque son los lugares donde se ha procreado la identidad cultural, de modo que buscan generar el marco con las condiciones propicias para que estas personas puedan volver a esos lugares que la guerra y la violencia les ha arrebatado. 
 

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¿Qué sigue? 

Luego de permanecer 13 años engavetado, el Decreto ley 4635 todavía debe cumplir una serie de trámites para poder materializar los beneficios que prometió a las víctimas. 

En este sentido, Martín Carabalí explicó que además de la sesión de capacitación en Cúcuta -que concluye hoy- están previstas dos actividades más, una del 2 al 6 de diciembre en Cali, donde continuará el ejercicio de consulta previa, pero con la participación masiva de 237 delegados del país; luego comenzarán un periplo por las diferentes regiones, para hacer foros con la participación de víctimas del conflicto armado y cerrarán con asambleas por algunos departamentos. 

Después de esto seguirán los preacuerdos con la Comisión, la protocolización en el espacio nacional, para posteriormente comenzar por la vía jurídica “a ponerle cuerpo y corazón al decreto para que todo lo que dice se pueda cumplir”, dijo el presidente de la Comisión Sexta. 

En este punto, señaló que será clave la voluntad de los mandatarios para hacer cumplir la norma, pero eso se conocerá cuando llegue el momento de asignar los recursos para tales fines. 

“Vamos a poner el dinero para que la gente pueda retornar, reubicarse, pueda ser indemnizada justa y dignamente, y pueda, de una u otra manera, mitigar ese dolor que dejó el ser víctima en este país”, manifestó el vocero del proceso. 
 

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Panorama en Norte de Santander

En Norte de Santander las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras se encuentran principalmente en los municipios del área metropolitana de Cúcuta, también hay organizaciones de base en el municipio de Chinácota y en el Catatumbo, específicamente en La Gabarra y Tibú. 

Sobre el trabajo que se viene haciendo en estas comunidades en materia de reparación, Jennifer García, directora territorial de la Unidad para las Víctimas Norte de Santander y Arauca, explicó que ya existe un trabajo de base en materia de garantía y goce de derechos humanos, adelantado por su antecesora, y que ahora la línea estratégica se ha trazado en dirección a lograr la mayor reparación posible. 

“Buscamos que se garantice el enfoque diferencial en la implementación de las medidas de la política pública, pero sobre todo que el trato sea humanizado, con respeto, en virtud de poder dignificar y reconocer a la población que ha sido afectada por tantos años en este país”, explicó la funcionaria.

Destacó que en materia de tierras en Norte de Santander aún no se cuenta con sujetos de reparación colectiva, que sean de comunidades negras afrocolombianas y palenqueras, pero sí se ha logrado avanzar en lo que tiene que ver con la indemnización, pues en el primer año del gobierno Petro se indemnizaron cerca del 80 por ciento de las víctimas,  lo que no  se hizo en 10 años. 

Sobre ese número se estima la meta de indemnización para 2025, dijo la directora territorial de la Unidad de Víctimas, quien además indicó que el objetivo es que ese reconocimiento pueda llegar a municipios a donde históricamente no ha llegado y que no solo sea un aporte económico, sino un aporte al proyecto de vida de la población víctima, que permita la reconstrucción de su escenario familiar, colectivo e individual. 
 

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